El chavismo busca una gran movilización para lograr un triunfo holgado

Todo parece augurar que en las elecciones del próximo domingo en Venezuela, convocadas para escoger al sucesor de Hugo Chávez en la presidencia, se registrará el menor margen de victoria en los años que van de Revolución Bolivariana. Los estudios de seguimiento con entrevistas telefónicas coinciden en detectar una disminución constante, del orden de 1 por ciento al día, de la amplia ventaja que al iniciar la campaña llevaba el oficialista Nicolás Maduro frente al opositor Henrique Capriles Radonski. Aún así, hay que otorgarle la primera opción a Maduro, por, entre otras razones, el endoso emocional del presidente fallecido y la maquinaria electoral chavista.

“Teniendo un candidato como Maduro, que claramente no es Chávez, hay elementos para pensar que el oficialismo se preparó para exigirle más a su maquinaria en esta ocasión de lo que ya ha dado en otras”, deduce Edgard Gutiérrez, un reputado politólogo y consultor electoral venezolano. Esa maquinaria va más allá del ventajismo en la utilización de los recursos del Estado para apoyo de la campaña, reseñado con frecuencia por los medios internacionales. Se trata, en cambio, de un crisol de datos personales y de tendencias electorales que permite movilizar, casi a conveniencia y oportunamente, a electores durante el día de los comicios.

Movilizar a electores es una actividad legítima de los factores en pugna de cualquier democracia. Pero el Estado venezolano ha desarrollado a partir de esa necesidad logística una sofisticada tecnología que combina, sin pudor, las capacidades de control e intimidación del Estado con el activismo más partidista.

En el corazón de esa maquinaria están las denominadas misiones, los programas de asistencia social implementados por Chávez con asesoría cubana y que, además de llevar servicios a sectores tradicionalmente desatendidos, suelen entregar subsidios de dinero. Ya son más de 30 en el portafolio gubernamental. Y cada una de ellas exige el registro individual, aún si reiterado, de sus beneficiario. Por ejemplo, la Gran Misión Vivienda Venezuela, se jacta de tener los datos de más de tres millones de familias. Esas bases de datos, en manos del Estado, se consolidan en una misma que permite conocer qué ha recibido quién y a qué aspira también ese quién.

El día de las elecciones el oficialismo cuenta con una panoplia de instrumentos –exit polls, estudios de observación, entre otros- que le permite conocer al dedillo, alrededor de las dos de la tarde, cómo marchan las tendencias en los resultados. Así, a dos horas del cierre oficial de las mesas de votación, establecido a las cuatro de la tarde, puede activar la llamada “Operación Remolque”, donde la legítima movilización de partidarios deja de ser kosher.

Gracias a la información que se cruza, los encargados de controlar a los electores en cada barrio –que suelen ser, además, funcionarios adscritos a la gestión de las misiones gubernamentales-, pueden saber en tiempo real quiénes fueron a votar, para exhortar a quienes hasta el momento se abstengan, a acudir a las urnas. “En este sistema es muy importante el tema de la territorialidad”, dice la economista y asesora Claudia Curiel Leidenz, quien lleva años estudiando la articulación política y social de las misiones,“que quien me vaya a chequear es el mismo vecino que voy a ver a la cara al día siguiente”. De acuerdo a Curiel, el llamado a votar no conlleva una amenaza explícita de que, de lo contrario, el abstencionista pudiera perder su beneficio social, sino que “se trata de una coacción mucho más elaborada, donde se mantiene a la gente dentro de determinadas expectativas en el marco de un Estado asistencialista”.

Luego se echa mano a los recursos del Estado para transportar a los electores que se consiga activar en esas horas calientes. Para aprovechar la coyuntura no se escatiman ni siquiera las posibilidades que hasta las mismas Fuerzas Armadas –columna vertebral del proyecto chavista- puedan aportar. La semana pasada, el diputado opositor Alfonso Marquina denunció la existencia de un plan por el cual la Milicia Bolivariana –quinto componente de las Fuerzas Armadas venezolanas- estaría a cargo del transporte de esos electores de última hora el domingo. Aunque la veracidad del documento donde se revela el plan, supuestamente filtrado desde los cuarteles por militares institucionalistas, no se ha establecido, ya en las elecciones presidenciales del 7 de octubre pasado surgieron denuncias que hablaban de transporte de electores en zonas populares por parte de efectivos castrenses.

“Imagínate el efecto de que llegue a tu casa una especie de comisario político de la cuadra, encargado de gestionar las misiones, y que para colmo le acompañe un miembro de las Fuerzas Armadas”, resume Gutiérrez, por su parte, el efecto persuasivo de la operación.

Obviamente, no hay operación de este tipo que funcione sin que cuente con una base natural de militantes convencidos. El bolivarianismo, con Chávez, incorporó a la política electoral a amplios segmentos de la población que, desaparecido el líder, conservan su lealtad y pasión iniciales. Pero el chavismo sin Chávez no se confía y, visto el pobre desempeño del candidato durante la campaña, se apresta a poner en acción una maquinaria que puede resultar decisiva si las distancias en la intención de voto entre Maduro y Capriles se acortan en las 48 horas que restan para las elecciones.