Los testimonios en el juicio a Ríos Montt muestran que la represión fue sistemática

En la quinta jornada del juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad que se sigue en Guatemala contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, los relatos de los testigos repiten, como la gota de agua que termina por romper la roca, los horrores perpetrados por el Ejército contra la población civil durante la guerra librada entre 1960 y 1996, y cuya violencia alcanzó sus más altas cotas entre 1980 y 1986. La coincidencia en la mayoría de denuncias evidencia que los hechos, lejos de ser excesos aislados difícilmente evitables en una guerra, responden a una estrategia diseñada en los cuarteles.

“Agradezco la posibilidad de hablar al mundo bajo la luz del sol, para que se conozcan todas estas atrocidades”, declaró el viernes Gabriel de Paz Guerra. En su testimonio, uno de los pocos en español, este superviviente relató cómo los militares ocupaban las aldeas y consumían las cosechas y aves de corral de los pobladores, mientras estos se veían obligados a buscar refugio en la selva, donde tenían que comer hierbas, “como las vacas”. Añadió que su abuela Catarina, de 78 años, “murió de hambre y frío”. Y cerró su relato con una frase lapidaria: “Nunca supimos por qué éramos víctimas de las persecuciones. Nunca se nos dijo nada”.

Este lunes el juicio se reanudó con similares relatos de horror. “Los soldados amarraron a los vecinos. Los torturaron por horas. A muchos los mataron después a cuchilladas”, contó Juan Raymundo, primer testigo de la jornada. La presentación de testimonios por parte de la Fiscalía continuará hasta escuchar a los 205 supervivientes propuestos y luego llegará el turno de la defensa.

Una de las “virtudes” de este juicio radica en que se ha superado el miedo que silenció a las víctimas durante décadas. Ya el informe Nunca Más, del obispo Juan Gerardi, asesinado en 1998, apuntó a ese terror como uno de los cimientos de la impunidad que durante décadas ha protegido a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. “El miedo y la valoración de los riesgos fue un problema importante en los lugares donde se había dado un gran nivel de violencia contra la población civil; pero lo fue aún más (…) en los lugares que, a pesar de no haber vivido la guerra en una forma tan abierta, la gente había sufrido una mayor presión de la militarización en la vida cotidiana”, se lee en la presentación de la obra.

La desclasificación por parte del Departamento de Estado de EE UU de los planes de campaña Sofía y Victoria 82, cuya existencia fue sistemáticamente negada por los gobiernos militares, confirma la apreciación. “El plan Victoria 82 es una colección de comunicaciones entre el Estado Mayor General del Ejército y los comandantes que realizaron operaciones de guerra (…) Sofía es considerado como uno de los elementos operativos para cumplir con el Plan de Campaña Victoria 82, que establecía aumentar las unidades militares en las áreas de conflicto, destruyendo la base de apoyo social de la insurgencia”, declaró Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional con sede en la Universidad George Washington, en la capital estadounidense.

Mientras tanto, asociaciones como la ultraconservadora Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) insisten en desviar la atención buscando recovecos legales, como el alcance del término “genocidio”, o presionando para que se aplique la amnistía a los militares implicados. Sin embargo, Guatemala ha firmado convenios internacionales según los cuales los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca.