El conflicto del Sáhara cobra nueva urgencia por la inestabilidad en el Sahel

Christopher Ross, el enviado especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, efectúa una nueva gira por el Magreb, pero esta vez parece tener más prisa por aunar posturas. “La situación en la región del Sahel y su entorno hace que alcanzar una solución sea más urgente que nunca”, declaró Ross en Rabat. Aludía al conflicto del norte de Malí y al riesgo de propagación del terrorismo.

Ross, que empezó el martes pasado su periplo en Madrid, viajó después a Rabat, el viernes estuvo en El Aaiún, la capital del territorio que fue colonia española hasta 1975, y el fin de semana en Dajla, la segunda ciudad en importancia del Sáhara que nunca había visitado el enviado especial de Naciones Unidas. Su gira está rodeada de un gran secreto porque ni siquiera su agenda de entrevistas ha sido revelada de antemano.

Tras entrevistarse en Rabat con las autoridades marroquíes –no pudo hacerlo con el rey Mohamed VI que está de viaje en África Occidental- y saharauis partidarios de la unión con Marruecos, Ross se reunió en El Aaiún con las dos principales asociaciones saharauis ilegales de defensores de los derechos humanos (ASDVH y CODESA). También lo hizo con CSPRON, un grupo que propugna que la explotación de recursos del Sáhara beneficie a sus habitantes.

El veterano diplomático norteamericano inicia este recorrido tras recabar un contundente apoyo del Grupo de Amigos del Sahara Occidental en la ONU y, especialmente, de EE UU que promovió una declaración conjunta publicada el 19 de marzo cuando iniciaba su viaje. En él “animan a las partes implicadas a ser flexibles en sus relaciones con el enviado personal” de Ban Ki-moon.

El mensaje está especialmente dirigido a Rabat que, en mayo pasado, rechazó la mediación de Ross por ser “desequilibrada” y “parcial” aunque una llamada, en agosto, de Ban Ki-moon al rey Mohamed VI les incitó a rectificar. A su paso por Marruecos en mayo el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, respaldó con matices la decisión marroquí de repudiar a Ross. Diez meses después la diplomacia española se sumó, sin reparos, a la iniciativa estadounidense aunque no la recogió en la web del Ministerio de Exteriores ni en la Misión ante la ONU.

Si el nuevo secretario de Estado, John Kerry, se muestra más determinado es, según fuentes diplomáticas, porque teme que la prolongación de un conflicto sahariano, que dura desde hace 38 años, acreciente la inestabilidad regional y abone el terreno a los movimientos terroristas. Siguiendo los pasos de algunos jóvenes argelinos, un puñado de saharauis frustrados por la falta de perspectivas se han apuntado a la rama magrebí de Al Qaeda.

A lo largo de estos años este corresponsal ha entrevistado a tres exrehenes de Al Qaeda, la francesa Françoise Larribe, y el matrimonio austriaco compuesto por Wolfgang Ebner y Andrea Kloiber, que aseguraron que entre sus cancerberos había saharauis además de sus jefes argelinos y de una tropa compuesta un sinfín de nacionalidades.

En un anterior viaje, en enero y febrero, Ross estuvo en Alemania y Suiza. Hizo sospechar que quería inspirarse en un modelo federal o confederal para el Sáhara y Marruecos sin celebrar un referéndum de autodeterminación, pero él lo desmintió. Su intención es más bien convocar a mitad de año una negociación formal entre Rabat y el Frente Polisario que lucha por la independencia. Hasta ahora los contactos solo han sido informales.

La visita de Ross a Marruecos fue precedida de una protesta unánime de los 14 diputados saharauis del Parlamento marroquí. En un comunicado conjunto, publicado el miércoles, pidieron la revisión del juicio de 24 independentistas saharauis condenados todos ellos, excepto dos, por un tribunal militar a entre 20 años y cadena perpetua por el asesinato de once agentes de las fuerzas de seguridad durante el asalto, en 2010, al campamento saharaui de Gdaim Izik erigido en las afueras de El Aaiún.

Los diputados consideran que un tribunal militar no es la instancia “adecuada” para juzgar a civiles y denuncian la ausencia de “pruebas contundentes” para pronunciar condenas. Esas pruebas consistieron en confesiones efectuadas ante la Policía Judicial que luego fueron desmentidas ante el tribunal. Los condenados aseguraron que las habían sido arrancadas bajo tortura.