Cien días de plomo para Peña Nieto

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cambiado radicalmente de estrategia en la lucha contra el crimen organizado respecto a su antecesor, Felipe Calderón, pero sus primeros cien días de gobierno igualmente se han llenado de plomo. Desde que el candidato que simboliza el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió el cargo, en el país han muerto 3.157 personas, más de 30 al día, en enfrentamientos relacionados con el narcotráfico, un ritmo muy similar al conflicto que ha dejado 70.000 muertos en los últimos seis años, según el último dato facilitado por el gobierno. La lluvia de balas no cesa.

Lograr un México en paz fue el objetivo que se marcó Peña Nieto el pasado domingo en el primer balance que hizo de su mandato. Pero a la luz de las cifras, la meta del presidente aún parece estar lejos. Su discurso es menos beligerante que el de Calderón, que hizo de la guerra contra el narco su leitmotiv, y nada más llegar impulsó reformas como la Ley de víctimas o la creación de una gendarmería. Está por ver si tienen los resultados esperados.

El conteo está en marcha. El Gobierno presentó la semana pasada como un éxito la cifra de homicidios cometidos en febrero: 914. El número más bajo reportado en los últimos 40 meses.Los analistas dan por bueno el descenso pero lo llenan de matices.

Alejandro Hope, experto en seguridad que colabora en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que el dato es imposible de verificar porque los números de octubre de 2011 a noviembre de 2012 nunca se hicieron públicos. Los de años anteriores incluso se retiraron de la web de presidencia. No obstante cree que la violencia desciende mínimamente desde hace 18 meses. “Y no tiene nada qué ver con lo hace o deja de hacer Peña. Esto está cayendo desde hace un buen rato”, incide Hope. ¿Los motivos? “Hay un incremento de la capacidad del Estado, que además pega más a mandos medios y no a jefes (de los grupos criminales), lo que siempre creaba descontrol y más guerras internas. También se dieron algunos arreglos colaborativos en el submundo criminal y bajó la venta de cocaína”, explica.

Hay quien duda de la metodología que se utiliza para hacer el recuento de víctimas. Sandra Ley, estudiosa de la universidad de Duke (Estados Unidos) sobre el impacto de la violencia en la política mexicana, hace sus propios recuentos, revisa estadísticas y a la conclusión que llega es que todo sigue más o menos igual. “No se percibe ningún cambio”, sostiene. Los recuentos, para Ley, no son todo lo fiable que deberían, ya que los datos nacionales dependen de la información poco contrastada que entregan las 32 procuradurías –fiscalías- locales.

La falta de información rigurosa sobre el tema crea monstruos. Se ha llegado a un punto en el que morir en este país te convierte automáticamente en sospechoso. Existe la creencia generalizada de que los delincuentes se matan entre ellos y que si alguien aparece con un tiro en la cabeza, poco más o menos, es que se lo merecía. Pa qué se mete, si lo levantaron es que algo hizo. “Se criminaliza a la víctima”, ahonda Hope. El 93% de los muertos, según las autoridades, están relacionados de una forma u otra con el crimen organizado. “¿Las autoridades ya revisaron los antecedentes de los 914 asesinados de febrero? Me río de eso. ‘De este decían que andaba en el narcomenudeo, de aquel que andaba con malas compañías… ‘. Así de científico es el procedimiento para elaborar la estadística”, remacha Hope.

La violencia, que azota notablemente a Acapulco y a la Comarca Lagunera, en el norte del país, se ha adentrado en las últimas fechas en terrenos que parecían vedados. En octubre del año pasado fue asesinado en Coahuila Eduardo Moreira Rodríguez, de 25 años, hijo de Humberto Moreira, gobernador de ese estado entre 2005 y 2010. “Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra, de los miles de muertos de esta guerra, que es muy triste. Lo vivo ahora en carne propia”, dijo en un alegato que por su crudeza resume una época. El sábado, sin ir más lejos, fue ultimado el secretario de Turismo de Jalisco. Cada vez hay menos intocables.

Para el priista Omar Fayad, presidente de la comisión de seguridad pública del Senado, los cien días de Peña Nieto dejan noticias relevantes, sobre todo en cuanto a las reformas que ha llevado a cabo. El Gobierno promulgó una ley de víctimas que el PAN no supo o no pudo sacar adelante y regionalizó la lucha contra el crimen con el objetivo de reducir los tres delitos que más han castigado a los mexicanos: asesinatos, secuestros y extorsiones. Además, nombró una cabeza visible, Manuel Mondragón, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, algo que Calderón nunca hizo y que Fayad considera uno de sus errores más graves. Hay más: “El presidente no le echa la culpa a nadie por lo que está sufriendo como hacia su antecesor. No culpa a los municipios. Simplemente actúa. Es un hombre de acción”, considera.

Otra asignatura pendiente del Gobierno es acabar con la impunidad. “Si usted mató a alguien en los últimos seis años, la probabilidad de que esté en la cárcel sentenciado por ese homicidio es menor a 1 por ciento”, escribió Carlos Puig en su columna del periódico Milenio. El autor citaba un documento elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) para el equipo de transición de Peña Nieto que revelaba que de los 92.048 registrados entre 2006 y 2001, solo 679 personas habían sido declaradas culpables. El 0.73%.

En el otro extremo, es prioritario acabar con los abusos y la forma de actuar pendenciera de algunos policías y militares. En los dos últimos años las autoridades abusaron del arraigo, que consiste retener a una persona mientras se realiza la investigación. De los últimos 4.000 detenidos solo el 3% fue a juicio. El resto quedó en libertad por falta de pruebas, no sin antes pasar un buen rato en los poco confortables “centros de arraigo”, una cárcel que ni nombre alcanza a tener. Primero se detiene y después se averigua.

En su afán por romper con el sexenio anterior, Peña Nieto se ha propuesto buscar a los miles de desaparecidos, un innombrable para la administración pasada. La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Sedena, Lía Limón, reveló en estos primeros cien días la existencia de una base de datos con los nombres de 27.523 desaparecidos en el sexenio pasado, un tema turbio en el que están implicadas hasta las instituciones. En al menos 149 desapariciones participaron las fuerzas de seguridad, según un informe de Human Rights Watch. No existe ningún indicador para evaluar este rubro a Peña Nieto, pero las cifras de secuestros dan para hacerse una idea. Poco más de 100 casos han sido denunciados en estos tres últimos meses, una cifra idéntica a la de Calderón. Una minucia si se atiende a los informes de varias organizaciones, que creen que hay 72 levantamientos al día, la inmensa mayoría sin que se den a conocer.

El asesinato de periodistas fue también una constante durante el sexenio anterior. Fueron asesinados 44 y 8 desparecieron de la faz de la tierra. Por ahora, que se sepa, hay una única víctima mortal, el director de un portal de noticias del norte que fue acribillado a balazos pero podrían haber sido muchas más: El Siglo de Torreón ha sido atacado por comandos hasta en tres ocasiones. El periódico El Zócalo de Saltillo anunció que dejará de informar sobre la delincuencia para proteger la vida de sus trabajadores. Los problemas persisten. La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó esta misma semana que no ha disminuido ni la impunidad ni la vulnerabilidad de los informadores en el país y abrió una comisión que se reúna con el presidente para abordar este asunto.

La jugada corresponde ahora a Peña Nieto, que se enfrenta a un reto extraordinario, acabar con el clima bélico que impera en determinados lugares del país. Lograrlo o no le colocará a un lado u otro de la historia.