La reforma de telecomunicaciones pone a prueba a Peña Nieto y al Pacto por México

Pocos días después de la detención por corrupción de Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del sindicato de maestros, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró ante la asamblea nacional del PRI: “En México no hay intereses intocables”. Sus palabras serán puestas a prueba a partir de ahora con un envite de mayor riesgo político que la reforma educativa. El proyecto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, presentado este lunes y consensuado con los partidos de la oposición en el marco del Pacto por México, pretende poner coto al monopolio en el sector de los tres empresarios más influyentes del país: Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, cuya compañía América Móvil controla el 70% de las líneas de telefonía fija (Telmex) y el 75% de los móviles (Telcel) y servicios de banda ancha; y Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, dueños, respectivamente, de las cadenas Televisa y TV Azteca, cuya cuota de pantalla combinada llega al 96%.

El pulso con los poderes fácticos está servido y tanto la credibilidad del nuevo Gobierno como la solidez del Pacto por México, en juego, pese a la unidad de propósito mostrada por todas las fuerzas políticas. Probablemente también lo esté el futuro del país. El informe de la OCDE de 2012 sobre el mercado de las telecomunicaciones en este país calcula que la falta de competencia en el sector cuesta a la economía mexicana el 1,8% del PIB anual y se traduce en mayores precios, un servicio deficiente y escasa penetración de la telefonía fija (19% frente al 35% de media de la OCDE), de los móviles (78% contra 121%) y del acceso a DSL o cable (8,7% y 22, 6%).

El mercado de móviles e Internet se estima en unos 40.000 millones de dólares (30.670 millones de euros) mientras que el de televisión factura unos 5.000 millones (3.830 millones de euros), pero su influencia política –es de largo el principal medio de información de los mexicanos-por su capacidad para fabricar reputaciones, empezando por la del propio presidente, es mucho mayor. Incluso cuenta con un grupo de congresistas, llamado la Telebancada, afines a sus intereses.

La reforma tiene por objetivo fomentar la competencia y contempla, entre otras medidas, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en telefonía fija (actualmente el tope es del 49%); la concesión de dos nuevos canales de televisión en abierto, la obligación de deshacerse de activos a las empresas que controlen más del 50% en la prestación de un servicio, el fortalecimiento de los organismos reguladores y la creación de tribunales especializados en telecomunicación y radiodifusión .

Asimismo, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones con mayores poderes que su antecesora, la Comisión Federal de las Telecomunicaciones (Cofetel), y se refuerza a la Comisión Federal de Competencia Económica. El futuro instituto será el encargado, y no el Gobierno como hasta ahora, de otorgar y revocar las concesiones. Contará con siete consejeros, con experiencia probada en sector y sin conflicto de intereses, pero no serán independientes de los partidos políticos. Serán elegidos por un mandato de nueve años a propuesta del Ejecutivo y deben ser ratificados por el Senado.

Crucial para que estas medidas puedan tener éxito ha sido la reciente aprobación de una reforma de la Ley de Amparo, que restringe el abuso de esta figura legal típicamente mexicana por parte de las empresas del sector, que durante años han logrado paralizar el cumplimiento de la resoluciones administrativas impugnando la normativa hasta “convertirse casi en una extorsión de una autoridad débil”, según un experto. A partir de ahora, el espectro radioeléctrico, como la minería o el transporte aéreo, es considerado “bien de dominio directo de la nación” y el recurso contra las normas no suspenderá su aplicación.

La aprobación de esta reforma constitucional, que ha sido elaborada en secreto por un equipo de expertos y negociada con sigilo por los líderes de los principales partidos políticos, dará lugar a una nueva ley de telecomunicaciones cuya tramitación parlamentaria llevará varios meses. Las compañías afectadas han mantenido una actitud discreta por el momento, si bien la Comisión de Coordinación Empresarial, la patronal de patronales, ha presionado a favor del actual status quo. Emilio Azcárraga reaccionó el lunes vía Twitter: “Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. Bienvenida la competencia”.

Irene Levy, presidenta de la asociación Observatel, considera que “el coste político de no hacer la reforma es mayor que el de hacerla” y cree que los empresarios “ya se han hecho a la idea de que tendrán que perder, aunque intentarán que sea poco”. Añade que el hecho de que sea una reforma constitucional la blinda ante los recursos.

Luis Miguel González, director del diario El Economista, distingue dos componentes en la reforma. “La referida a las infraestructuras de telefonía e Internet responde a la presión internacional al no ser México un país globalizado en este mercado. La de televisión obedece más a la agenda interna, es un ajuste de cuentas de la clase política con las cadenas, de saber quién manda. El Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó los últimos 12 años, no tuvo la capacidad ni tan siquiera la malicia de entender el poder el Estado, algo que el PRI lleva en su ADN”. González advierte que una reforma superficial de las telecomunicaciones haría que la energética y la fiscal, previstas para la segunda mitad del año, perdieran credibilidad.

¿Entrará por la ventana lo que sale por la puerta? El director de El Economista opina que Slim puede encontrar compensación introduciéndose en el mercado de la televisión y Televisa haciendo lo propio en las telecomunicaciones: “El agente más retrógrado en un campo, puede ser el más dinámico en otro”.

Peña Nieto afirmó el domingo, al cumplirse sus primeros 100 días como presidente: “No venimos solo a administrar, sino a transformar México”. Nuevas palabras que también serán puestas a prueba.