Un tribunal suspende las elecciones legislativas en Egipto

En la turbia transición egipcia, ya se divisa una nueva batalla jurídico-política. La Corte Administrativa ha ordenado este miércoles la suspensión cautelar de las elecciones legislativas, que se debían celebrar en cuatro fases entre el próximo 22 de abril y finales de junio. El tribunal, que se encarga de dirimir las disputas legales entre órganos del Estado, decidió remitir al Tribunal Constitucional una demanda que cuestiona la legalidad de la normativa electoral.

La aprobación de la legislación estuvo marcada por la polémica desde su inicio, pues la oposición censuró la distribución de escaños entre circunscripciones argumentando que favorecía a los Hermanos Musulmanes, el partido del presidente Morsi. De hecho, el principal recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Administrativa lo presentó un diputado opositor en el Senado, Mohamed Mohaieddin. La parcialidad de la ley electoral fue uno de los argumentos que ofreció el Frente Nacional de Salvación, la principal coalición opositora, para justificar su boicoteo a los comicios.

De acuerdo con la nueva Constitución, el Senado presentó su proyecto de ley ante el Constitucional para que éste emitiera su opinión sobre la legalidad del borrador. El tribunal detectó errores en cinco artículos diferentes del texto. Sin embargo, el Senado, dominado por las fuerzas islamistas, introdujo tan solo algunas de las recomendaciones del Constitucional en la normativa, abriendo la puerta a nuevos litigios legales, tal como advirtieron numerosos juristas.

En los dos años transcurridos desde la revolución que destronó a Hosni Mubarak, la transición egipcia se ha caracterizado por una falta absoluta de consenso entre las fuerzas políticas sobre las reglas del juego del nuevo tiempo político. Además de numerosos episodios de violencia en las calles, la falta de acuerdos ha provocado una judicialización de la vida política del país.

Por ejemplo, en una controvertida decisión, el Tribunal Constitucional disolvió la Cámara Baja el pasado mes de junio, lo que desató una guerra abierta entre la corte y las fuerzas islamistas. Fue a causa de los recelos hacia la institución que el presidente Morsi aprobó a finales de noviembre una declaración constitucional por la que se arrogaba poderes excepcionales. Entre ellos, figuraba la inmunidad de todas sus decisiones frente a los tribunales.

El momento de máxima tensión entre islamistas y jueces se produjo a finales del año pasado, cuando centenares de militantes de los partidos de base religiosa asediaron la institución durante varios días. Su intención era evitar un posible veredicto que disolviera la Asamblea Constituyente.

Precisamente, algunos analistas han interpretado la decisión judicial como un nuevo episodio en la batalla que libran islamistas y magistrados. “Los jueces ya anularon la Cámara Baja el año pasado y ahora suspenden las elecciones. La judicatura está politizada. Es un juego”, tuiteó el investigador Michael Hanna. La primera reacción de la Hermandad ha sido prudente. A través de su cuenta de twitter la cofradía ha reiterado su respeto a las decisiones judiciales.

El enésimo pulso de la transición llega cuando el país atraviesa un momento de angustia. Durante las últimas semanas se han producido de forma continuada disturbios entre las fuerzas de seguridad y detractores del presidente Morsi en varias regiones, la mayoría adyacentes al Canal de Suez o situadas en el Delta del Nilo. Sin duda, Port Said es el foco de mayor tensión en esta última ola de protestas que se inició a finales de enero.

Desde hace un par de semanas, la ciudad portuaria se encuentra en huelga general, y los enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes son frecuentes. Durante las últimas horas, han muerto cinco personas a causa de los altercados, incluidos dos agentes de policía. El próximo sábado, se conocerá la sentencia definitiva sobre la masacre del estadio de fútbol de Port Said, en la que fueron asesinados más de 70 hinchas, y se teme un nuevo estallido de violencia.