Argentina aprueba un acuerdo con Irán sobre el ataque a AMIA

Fue una noche histórica para Argentina. Pero provocó una gran fractura en un tema muy sensible para el país. Tras 14 horas de debate, el Gobierno de Cristina Fernández consiguió en la madrugada del jueves que el Parlamento ratificase con 131 votos a favor y 113 en contra, un acuerdo con Irán para investigar el atentado en la sede porteña de la mutualista judía AMIA, donde murieron 85 personas en 1994. La mayor parte de los diputados opositores se opusieron a la firma. El Gobierno necesitaba 129 votos para conseguir el quórum. Y como no las tenía todas consigo, provocó la dimisión en sendos ministerios provinciales de dos diputados oficialistas que habían renunciado en diciembre a sus escaños para asumir sus cargos en las provincias de Chubut y Tucumán.

El Gobierno finalmente impuso su mayoría la semana pasada en el Senado y anoche en el Parlamento. Pero se topó con el rechazo frontal de la mayor parte de la colectividad judía argentina. Cientos de judíos se concentraron ante el Congreso para protestar por el acuerdo que firmó el 27 de enero el ministro de Exteriores —también judío—, Héctor Timerman. “Hasta el contrato más simple requiere un mínimo de confianza entre las partes. Es lo que ocurre cuando se compra un coche usado. Pero, ¿cómo creer a un régimen que niega el holocausto?”, se preguntaba anoche uno de los judíos que protestaban delante del Congreso, rodeado de carteles que decían “Timerman traidor”.

El Memorándum de Entendimiento con Irán prevé la creación de una comisión formada por cinco juristas —dos propuestos por cada país y uno elegido de forma conjunta— que revisará las actuaciones judiciales sobre la voladura de la sede de la Asociación Mutualista Israelí Argentina de Buenos Aires. La presidenta de Argentina lo anunció ese domingo con un tuit: “Canciller argentino en Addis Abeba, como observador en cumbre países africanos. Y un hecho histórico: Firma de acuerdo entre Argentina/Irán”. A ese tuit le siguieron otros 18 en los que Fernández explicaba por qué se trataba de algo histórico: “Después de casi 19 años del atentado AMIA se logra, x 1º vez instrumento legal de DERECHO INTERNACIONAL entre Argentina/Irán”[sic]. “Porque Irán no estaba obligado por ninguna resolución o instrumento del derecho internacional”, “Pq el acuerdo entre Argentina deberá ser tratado y ratificado por parlamentarios de ambos países. Alto standar institucional”… Y así hasta 19 tuits.

A la semana siguiente el ministro informó a los familiares. Y a los pocos días, las principales organizaciones judías y casi toda la oposición parlamentaria en pleno se pronunciaron en contra. “Este acuerdo es vago, ambiguo, impreciso”, comentaba anoche frente al Congreso Julio Schloser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina. “¿De qué nos sirve que un juez argentino vaya a Irán a interrogar a cinco sospechosos del atentado si no va a poder ordenarles prisión preventiva? Para hacerse una idea de lo impreciso que es, tenga en cuenta que sólo ocupa tres hojas. Si usted va a meter su propia plata en un banco le piden firmar muchos más papeles”

Durante la protesta, un ciudadano judío se le acercó al dirigente Schloser para decirle que durante los primeros días en que el ministro de Exteriores argentino, Héctor Timerman, informó en Argentina del acuerdo, su organización no se mostró todo lo opuesta y tajante que muchos hubieran deseado. “Es que el ministro pidió informar a los familiares y nosotros decidimos respetar ese periodo”, señaló Schloser.

El acuerdo permitirá interrogar —ahora veremos el calado de esta palabra— a cinco de los ocho iraníes requeridos por la Justicia argentina. Son los cinco sobre los que pesa la orden de captura con alerta roja —o sea, de búsqueda internacional—, por parte de Interpol: el ministro iraní de Defensa, Ahmad Vahidi; el exministro de Información Alí Fallahijan; el exasesor gubernamental Mohsen Rezai; el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani y el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari.

La palabra clave del acuerdo para la mayoría de los congresistas se encuentra en el punto quinto de los nueve que contempla el Memorándum: “interrogar”, “questioning”, en su versión inglesa. La frase dice: “La Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja”. Para los críticos con el acuerdo, una cosa es “interrogar” y otra ajustarse a un proceso indagatorio según la justicia penal argentina, que podría conducir a la cárcel si el juez lo estima oportuno.

"Este lamentable y pobre artículo habla de un encuentro simpático en Teherán. De una indagatoria se suele salir en silencio o en cana [en la cárcel]. ¿Qué tiene que ver una indagatoria con esta estupidez que nos quieren hacer votar?", preguntó el diputado opositor de Unión Peronista Felipe Solá.