Camino de La Haya

Esta es la novedad mayor de un informe encargado el pasado marzo por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, antes incluso de que el gobierno de Netanyahu decidiera ampliar la ocupación del territorio palestino a la llamada zona E1, en el oeste de Jerusalén, como represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado no miembro de Naciones Unidas por la Asamblea General el 29 de noviembre. Los representantes de Israel abandonaron el Consejo y sus autoridades se negaron a colaborar con la misión de investigación, a la que no dieron acceso a los territorios palestinos ni suministraron información alguna. Las conclusiones del informe y el propio organismo han sido descalificados por el Gobierno israelí: "El Consejo de Derechos Humanos se ha distinguido siempre por su aproximación unilateral y sesgada hacia Israel".

El dictamen jurídico da la razón a los palestinos y recomienda que cese la construcción en los asentamientos, que se abra un proceso de retirada y desalojo, se atienda a las víctimas de la ocupación, cesen las violaciones de derechos humanos y se establezcan las responsabilidades por todos los actos de violencia de los colonos, así como se terminen con las detenciones arbitrarias de ciudadanos palestinos, además de imponer las sanciones económicas y políticas ya mencionadas.

Respecto a los asentamientos, hay algo muy próximo a la unanimidad en la comunidad internacional, incluyendo EE UU, donde solo la derecha más neoconservadora apoya la política expansiva. La idea de que se trata de una tierra disputada, que hay que dividir entre dos partes que la reclaman, ha quedado descalificada a la luz del derecho internacional: es una tierra ocupada, que el ocupante no debía ni debe colonizar, pues es un acto considerado como crimen de guerra según las convenciones que Israel ha firmado y ratificado.