Rumanos y búlgaros no son bienvenidos en Reino Unido

Faltan 11 meses para que búlgaros y rumanos tengan pleno derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Sin embargo, el temor a una segunda oleada migratoria procedente del Este de Europa similar a la que acompañó la gran ampliación de 2004 ha puesto la inmigración en el centro del debate político británico.

El Gobierno ha reconocido que no tiene poder para prolongar de forma unilateral el periodo transitorio que aún hoy limita el acceso de trabajadores de Rumanía y Bulgaria al mercado laboral, pero está estudiando la implantación de medidas disuasorias: desde limitar sus derechos sociales y su acceso a ayudas públicas hasta explicarles que en las islas británicas no se vive tan bien como ellos creen.

La inmigración, mucho más que los debates filosóficos sobre la Unión Europea, están detrás de los esporádicos éxitos electorales del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP). Y el UKIP se está convirtiendo en potencialmente decisivo en las elecciones de 2015. No porque vaya a hacerse con muchos escaños –nunca ha conseguido ninguno, debido a la peculiaridad del sistema electoral británico– sino porque puede acabar robándole votos a los conservadores y facilitar así una victoria laborista.

Antes, en 2014, el UKIP será el centro de atención durante las elecciones europeas. Y el hecho de que las restricciones que limitan el derecho de búlgaros y rumanos a trabajar en Gran Bretaña acaben precisamente en 2014, han convertido esos comicios en un termómetro quizás decisivo sobre el futuro político del primer ministro, David Cameron.

Las restricciones fueron impuestas en 2005, de cara al ingreso Bulgaria y Rumanía en la UE el 1 de enero de 2007. Sus ciudadanos pueden visitar libremente Gran Bretaña, pero necesitan un permiso especial para poder trabajar. Restricciones similares o de otro tipo han sido aplicadas también por Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda. España, que en principio no puso ninguna, consiguió permiso de la Comisión Europea para limitar el acceso de trabajadores rumanos debido a los efectos de la crisis económica. Los rumanos, cuya lengua es relativamente cercana al castellano por su común origen latino, son la colonia de inmigrantes comunitarios más numerosa de España.

Algo similar le ocurrió a Gran Bretaña antes, cuando fue uno de los pocos países que no puso trabas a la entrada de trabajadores de Polonia y otros países de Europa del Este cuando ingresaron en la UE en 2005. El Gobierno laborista de entonces infravaloró de forma espectacular el impacto migratorio de esa ampliación y en lugar de 20.000 el año llegaron cientos de miles de inmigrantes. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos británica estima que llegaron hasta 1,7 millones de trabajadores de esos países entre 2004 y 2009, aunque muchos se volvieron enseguida y el saldo neto se estima en unos 700.000 trabajadores.

Las cifras ahora se aventuran mucho más modestas, ni que sea porque Rumanía y Bulgaria suman 29 millones de habitantes, frente a los 75 millones de los países de la ampliación de 2004. Pero ya una organización que defiende la imposición de límites a la inmigración. Migration Watch, estima que vendrán 250.000 búlgaros y rumanos en cinco años, a un ritmo de entre 30.000 y 70.000 al año.

El Gobierno prefiere no hacer estimaciones, por lo que sus críticos le acusan de no atreverse a decir la verdad. El debate político sobre la inmigración es mucho más sonoro ahora que hace 10 años, al menos en Gran Bretaña. Y eso parece haber puesto nervioso al Gobierno de Cameron, que ha llegado al extremo de plantearse una campaña de publicidad para explicar a búlgaros y rumanos las desventajas que supondría para ellos intentar instalarse en Reino Unido. Una campaña que muchos medios han calificado de “farsa”.

Algunos ministros, como el responsable de Gobierno Local, Eric Pickles, ha pronosticado que la llegada de búlgaros y rumanos va a provocar una crisis por falta de viviendas. Pero la ministra del Interior, Theresa May, advirtió en noviembre que no hay manera de que el Gobierno pueda restringir la llegada de trabajadores búlgaros y rumanos. Sin embargo, ya lanzó entonces la idea de intentar disuadirles limitando su acceso a los servicios públicos o las ayudas sociales. Eso significa recortar sus derechos en materia de Sanidad, de vivienda social, de subsidios para evitar “el efecto llamada”.

Ahora, Downing Street ha admitido que están estudiando cómo restringir el acceso a los servicios públicos o medidas como, por ejemplo, procurar el retorno a casa a los inmigrantes que no hayan encontrado trabajo en tres meses o que no tengan medios para subsistir durante seis meses. Pero todo eso no es tan fácil, porque hay un marco legal europeo que se ha de respetar. Y ahí es donde el UKIP empieza su discurso contra la inmigración: todo es culpa de la Unión Europea…