El presidente portugués envía los presupuestos al Tribunal Constitucional

El jefe del Estado luso, Aníbal Cavaco Silva, anunció hoy su decisión de enviar el presupuesto para 2013 al Tribunal Constitucional, que deberá concluir si las medidas de austeridad que recoge el documento se ajustan a la legalidad.

En su tradicional mensaje del día de Año Nuevo, Cavaco Silva explicó que existen "dudas fundadas sobre la justicia en el reparto de los sacrificios" que introduce el documento, aprobado por el Parlamento a finales de noviembre con el apoyo de los dos partidos conservadores en el Gobierno, socialdemócratas y democristianos.

La decisión del jefe del Estado se produce después de que el pasado viernes promulgara estos mismos presupuestos, ya que pese a las sospechas sobre la legalidad del texto, prefirió no retrasar su entrada en vigor, algo que habría ocurrido si hubiera enviado el texto al Constitucional antes de sancionarlo.

"Sin los presupuestos, el país quedaría privado del más importante instrumento económico del que dispone, lo que supondría unas consecuencias extremadamente negativas", justificó.

Cavaco Silva insistió en que a instancia suya, serán los jueces los que analicen si el documento guarda "conformidad con la Constitución portuguesa".

El presupuesto para 2013 es considerado como el más duro de su historia reciente y recoge un fuerte incremento de la carga fiscal, además de cortes en las pagas a los funcionarios y ajustes en algunos servicios sociales, entre otras medidas de austeridad.

Precisamente, la aprobación de nuevos recortes se debe en parte a un dictamen del Constitucional luso, que analizó los presupuestos de 2012 —a instancias en aquella ocasión de un grupo de diputados socialistas y marxistas— y consideró ilegales la suspensión de las pagas extras de verano y navidad para los funcionarios públicos y los pensionistas, que debían prolongarse hasta 2015.

El Tribunal optó entonces por permitir su aplicación durante un año para que el país pudiera cumplir sus objetivos de reducción del déficit público, pero obligó al Ejecutivo a optar por otras medidas para conseguir una disminución de su gasto público equivalente.

Portugal debe concluir 2013 con un déficit público del 4,5 % para cumplir con las exigencias de las entidades prestatarias del rescate.

El propio Cavaco Silva reconoció durante su discurso que este presupuesto "se traducirá en una disminución de la renta de los ciudadanos, tanto a través del aumento de impuestos como de la reducción de las prestaciones sociales".

"Todos se verán afectados, aunque unos más que otros, lo que suscita dudas sobre la justicia del reparto de los sacrificios", incidió.

La postura adoptada por el jefe del Estado refleja diferencias de opinión con el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, pese a que ambos pertenecen al mismo partido (el PSD, de centro derecha).

Cavaco Silva instó durante su intervención al Gobierno a trabajar en 2013 "pensando en los portugueses'" y romper con el "círculo vicioso" que producen las medidas de austeridad en un contexto de recesión como el actual.

También admitió que el país atraviesa "una crisis social" que se suma a sus problemas económicos, aunque se mostró confiado en que el 2013 sea el año en el que se empiece a recuperar la senda del crecimiento.

El texto aprobado por el Parlamento suscitó fuertes críticas entre los partidos de izquierda y diversas entidades sociales, y provocó además un recrudecimiento de las protestas ciudadanas en la calle, que solicitaron al presidente luso que no promulgara este presupuesto.

La opción elegida por el presidente luso —sancionar y posteriormente pedir el dictamen del Constitucional— tan solo tiene un precedente, en 2003, cuando el socialista Jorge Sampaio hizo lo propio con el presupuesto elaborado por el Ejecutivo del conservador José Manuel Durao Barroso.

Para el ejercicio 2013, las previsiones del Gobierno luso estiman una recesión superior al 1 % y un aumento del paro hasta situarse por encima del 16 %, niveles de desempleo nunca vistos antes en el país.

Portugal se encuentra bajo la asistencia financiera de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011, con los que acordó la concesión de un préstamo de 78.000 millones de euros a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Ejecutivo luso.