Ideología y corporativismo se mezclan en la rebelión judicial contra Morsi

Una de las primeras grietas profundas en el autocrático edificio construido por Hosni Mubarak la escarbó un grupo de jueces reformistas liderados por Ahmed Mekki en 2005. Los magistrados denunciaron públicamente el fraude masivo que se produjo en las elecciones presidenciales de aquel año, inspirando las protestas del movimiento Kifaya. Egipto ha cambiado mucho desde entonces, y la posición de Mekki también, pues hoy está al otro lado de la trinchera. Nombrado ministro de Justicia por el presidente Mohamed Morsi, está desempeñando el papel de mediador entre la judicatura y la presidencia.

Otros jueces también han experimentado un drástico cambio de papeles, como Abdel Maguid Mahmud, el fiscal general cesado por Morsi el pasado jueves, y antiguo hombre de confianza de Mubarak. Mahmud es uno de los personajes que está liderando la insurrección de los jueces contra el decreto de Morsi que le sitúa por encima de la ley. De ahí que los islamistas acusen a los jueces rebeldes de ser "fulul”, la palabra con la que se designa a los vestigios del antiguo régimen que pretenden abortar el triunfo de la revolución.

El Tribunal de Casación y Apelaciones anunció este miércoles que inicia una huelga indefinida, informa Reuters, a la espera del fallo sobre la constitucionalidad del decreto aprobado por Morsi la semana pasada. Este tribunal se suma así al paro convocado antes por los jueces de primera instancia.

Sin embargo, la realidad es más compleja, pues también hay magistrados que se oponen a Morsi que son favorables a la revolución, pero de tendencia laica. Y es que la judicatura no escapa a la profunda polarización de la sociedad egipcia entorno al eje que configura el rol del islam en la vida pública.

Uno de los pilares de la dictadura de Mubarak era su esencia corporativista. A cambio de secuestrar cualquier tipo de debate político, su contrato social incluía la concesión de privilegios y una amplia autonomía a la burocracia, y a las principales instituciones del Estado. Ahora bien, ello no significa que no intentara “domesticarlos” colocando en sus más altas instancias a personas de su confianza.

Los militantes islamistas estaban totalmente vetados para esos puestos. Los servicios de inteligencia interna, los temidos mujabarat, nunca habrían permitido que medrara un miembro de los Hermanos Musulmanes. No obstante, sí tenían cabida personas religiosas y de una moral social conservadora. Muchos de ellos abandonaron tras la revolución su apatía política para simpatizar o incluso ingresar en algún partido islamista, como Mahmud Khodeiri, prominente juez y diputado de la Hermandad. Si a ello añadimos el compromiso social de otros magistrados, la judicatura dista de ser un grupo monolítico a nivel ideológico.

En la última rebelión de las togas, se solapan la ideología, el interés corporativo e incluso las rencillas personales. Según Nathan Brown, un catedrático especializado en el sistema judicial egipcio, “los jueces, como otras instituciones del Estado, aspiran a mantener su autonomía” en el Egipto post-revolucionario, y recelan de los intentos del Ejecutivo y del Legislativo de interferir en sus asuntos. Este objetivo, compartido por una mayoría de jueces independientemente de su ideología, se ve directamente amenazada por el decreto de Morsi.

Por su estatus, el Consejo Judicial Supremo, órgano máximo de la judicatura y encargado de los nombramiento y ascensos de los jueces, ha desempeñado un papel central en el conflicto. En su seno hay una mayor pluralidad de sensibilidades que en otros órganos, como el Tribunal Constitucional, abiertamente hostil a la Hermandad. Aunque su rechazo al decretazo ha sido claro, ha abierto la puerta al diálogo con el presidente islamista, intentando disuadir a los magistrados de hacer huelga.

El Club de los Jueces, el colegio profesional mayoritario, ha sido hasta ahora el más contundente en sus críticas hacia Morsi. En una reunión de urgencia, decidió urgir a sus miembros a declararse en huelga indefinida hasta que el jefe del Estado retire su decreto. El presidente del Club, Ahmed al Zend, es conocido por ser un azote de los islamistas y un simpatizante de Mubarak. El pasado mes de julio, después de que Morsi ordenara la restitución del Parlamento revocando una sentencia del Constitucional, Al Zend llegó a amenazar con no supervisar las próximas elecciones.

En el otro extremo se sitúa la asociación Jueces por Egipto, de tendencia reformista, que sí ha apoyado de forma expresa el decreto de Morsi debido a la necesidad de “purgar” el estamento judicial de elementos corruptos y afines al antiguo régimen. Situado entre ambos, encontramos el Movimiento Judicial, un grupo también de jueces reformistas, pero que ha criticado a Morsi por atentar contra el Estado de Derecho. Precisamente esta tarde, el Tribunal Constitucional se ha defendido de las acusaciones vertidas por Morsi, que ha asegurado que el tribunal filtra a la prensa sus veredictos antes de hacerlos públicos. El Constitucional acusó al presidente de lanzar una "campaña de ataques incesantes" contra la institución. En un comunicado, el Constitucional ha negado estar politizado o formado por fieles al antiguo régimen.   

Consciente del papel clave de los tribunales en el proceso de transición, la Hermandad intentó cooptar a algunos de los magistrados más prominentes, conocidos por su activismo a favor de la independencia judicial. El hermano de Mekki, el también juez Mahmud Mekki, ocupa el cargo de vicepresidente del Gobierno, y el prestigioso Hossam al Geriany, es el presidente de la Asamblea Constituyente.