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CASO MENSALÃO

La primera condena por el caso mensalão alcanza los 40 años de cárcel

Marcos Valerio Fernandes era el publicista que repartía el dinero ilegal para campañas electorales

La condena todavía puede ser revisada al alza

Algunos de los jueces del Tribunal Supremo de brasil, durante la sesión del juicio de este miércoles. Ampliar foto
Algunos de los jueces del Tribunal Supremo de brasil, durante la sesión del juicio de este miércoles. EFE

El Tribunal Supremo de Brasil dictó este miércoles una pena de 39 años y cinco meses de cárcel para el publicista Marcos Valerio Fernandes, uno de los implicados en las corruptelas denunciadas en 2005, aunque la condena final será revisada este jueves y puede aumentar a 40 años y un mes. La pena definitiva será dictada después de un último análisis de los miembros de la corte, pero no será menor a los 39 años y cinco meses ya aprobados por la mayoría del colegiado.

Fernandes, de 51 años, fue condenado por los cargos de asociación ilícita, malversación, corrupción activa, lavado de dinero y evasión de divisas y deberá cumplir la condena en régimen cerrado, aunque la defensa aún podrá presentar algún recurso para intentar reducirla. Asimismo, los magistrados establecieron para Fernandes el pago de una multa que supera los 2,3 millones de reales (870.000 euros), que como la propia condena puede ser revisada al alza en la sesión del jueves.

El publicista fue considerado como el "operador" de toda la red de corrupción tejida por el Partido de los Trabajadores (PT) una vez que llegó al poder Luiz Inácio Lula da Silva, que estuvo volcada a la financiación ilegal de campañas y al soborno de dirigentes de cuatro partidos, a cambio de su apoyo al Gobierno en el Congreso.

Según consideró probado la corte, sus empresas se pusieron al servicio de la trama, obtuvieron en forma ilegal unos millonarios contratos con la Cámara de Diputados y otros organismos públicos y el dinero acabó en el PT, que entre otros usos se valió de ello para "comprar" la mayoría parlamentaria que Lula no obtuvo en las urnas.

Fernandes era un desconocido hasta que un diputado denunció que había un "calvito" que "andaba por Brasilia repartiendo dinero"

El publicista era un perfecto desconocido para la enorme mayoría de los brasileños hasta junio de 2005, cuando el entonces diputado Roberto Jefferson, el denunciante de toda la trama y otro de los reos en este proceso, dijo que había un "calvito" que "andaba por Brasilia repartiendo dinero".

Tras esa revelación, las autoridades y la prensa fueron tras Fernandes. Comenzaron a aparecer sus relaciones estrechas con el PT y surgió también el hilo conductor de todas las corruptelas, que a mediados de 2005 tuvieron a Lula al punto de ser objeto de un juicio parlamentario para destituirlo.

En los primeros dos días de sesiones dedicadas exclusivamente al dictado de las sentencias, prevalecieron las diferencias y polémicas entre los diez jueces del Tribunal Supremo por las penas que se le debían aplicar a Fernandes por cada uno de los delitos cometidos.

El Supremo había calculado que dos días bastarían para condenar a los 25 de los 37 reos declarados culpables, pero ya está claro que ese tiempo será superado y que serán necesarias más audiencias para concluir el proceso.

La corte tiene prevista una nueva sesión este jueves, pero luego el juicio será suspendido al menos hasta el 5 de noviembre próximo, pues el juez relator, Joaquim Barbosa, deberá viajar a Alemania para someterse a un tratamiento en la columna cervical que le llevará toda la semana próxima.

De ese modo, es previsible que las sentencias para los reos del llamado "núcleo político" del caso, que encabeza el exministro de la presidencia José Dirceu y forman el expresidente del PT José Genoino y el antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares, quedarán pendientes hasta la reanudación del proceso.

Dirceu fue durante décadas uno de los hombres de más confianza de Lula y como ministro de la Presidencia controló todos los resortes políticos del poder. Según la acusación, fue quien dirigió todos los hilos de una red de corrupción que manejó al menos 153 millones de reales (58 millones de euros).

Si el proceso no concluye antes de mediados de noviembre próximo, la corte quedará con un juez menos, pues el presidente del tribunal, Carlos Ayres Britto, deberá jubilarse al llegar a 70 años de edad.