Amnistía denuncia los horrores de las expropiaciones masivas en China

El rápido desarrollo que ha experimentado China en las tres últimas décadas ha provocado una marea de desalojos forzosos de ciudadanos de sus casas y tierras por todo el país, en muchos casos de forma ilegal. Esta práctica —que a menudo va unida a abusos de poder y corrupción— ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento y es una de las principales causas de descontento entre la población y fuente de protestas, según denuncia en un informe publicado este jueves la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.

AI afirma que los casos de expulsiones obligadas han aumentado de forma significativa en China, debido a que los funcionarios locales se confabulan con los promotores inmobiliarios para confiscar y luego venderles las propiedades requisadas, con objeto de pagar las deudas gubernamentales. La organización, que cita a activistas, abogados y académicos chinos, dice que los desalojos se han multiplicado durante el auge de construcción que ha vivido el país desde que puso en marcha un plan de estímulo de la economía a finales de 2008 para hacer frente a la crisis global. Los funcionarios locales recurren a menudo a la venta de suelo para obtener capital con el que cumplir los objetivos de construcción de infraestructuras fijados por Pekín.

El informe, que abarca el periodo comprendido entre febrero de 2010 y enero de 2012, asegura que las presiones y la violencia que es ejercida a menudo, incluso con matones, sobre los afectados para que entreguen sus tierras han conducido a muertes, encarcelamientos y autoinmolaciones.

De los 40 casos de desalojos forzosos que Amnistía analiza en detalle, en nueve se produjo la muerte de personas que se resistieron. En un caso, una mujer de 70 años fue enterrada viva por una excavadora cuando intentaba evitar que los trabajadores derribaran su casa en la ciudad de Wuhan (capital de la provincia de Hubei). En otro caso, la policía de la ciudad de Wenchang (provincia de Sichuan) se llevó a un bebé y se negó a devolvérselo a su madre hasta que firmara la orden de desalojo. Algunas de las personas que se negaron a aceptar las expulsiones acabaron en la cárcel o en campos de trabajo, un sistema de detención que aún es utilizado ampliamente en China.

El documento cita también a una mujer en Hexia (provincia de Jiangxi), que, tras protestar ante las autoridades por su expulsión, fue apaleada y sometida a una esterilización impuesta. Desesperados, algunos afectados se han prendido fuego. Amnistía Internacional ha documentado 41 casos entre enero de 2009 y enero de 2012.

“El problema de los desalojos forzosos supone la mayor fuente de descontento popular en China y es una grave amenaza para la estabilidad social y política”, señala el informe, que pide a las autoridades que detengan de inmediato todas las expulsiones obligadas, garantice que nadie se queda sin hogar y castigue y persiga a quienes emplean la violencia en los procesos de expropiación. AI asegura que no hay estimaciones fiables del número de personas que han sido obligadas a dejar sus granjas y casas, “pero no hay duda de que la cifra ha aumentado de forma significativa”.

En China, el suelo pertenece al Gobierno y a las colectividades locales, que lo pueden requisar para proyectos que consideran de interés público. A cambio, deben pagar de forma adecuada a los afectados, pero no siempre ocurre y a menudo las compensaciones son injustas o acaban en buena parte en los bolsillos de funcionarios corruptos. Aunque no hay propiedad privada del suelo, los ciudadanos pueden comprar y vender los derechos de uso por un periodo hasta de 70 años.

Amnistía afirma que uno de los problemas es que el Partido Comunista Chino continúa animando a los funcionarios locales a que hagan crecer sus economías como sea, y el desarrollo del suelo para carreteras, fábricas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios es una vía rápida para lograr resultados.

La fuerte actividad y la especulación desencadenaron una burbuja inmobiliaria, que condujo a un endeudamiento de los gobiernos locales cifrado en 10,7 billones de yuanes (1,32 billones de euros) a finales de 2010. Las autoridades tuvieron que vender cada vez más suelo para devolver los créditos que habían pedido para los proyectos de construcción.

Consciente de la situación, Pekín puso en marcha ese mismo año una campaña para frenar la especulación, y hay algunos indicios de que las medidas están funcionando. La superficie adquirida por los promotores cayó un 16,2% en los ocho primeros meses de 2012, frente al mismo periodo del año anterior. El Gobierno también aprobó en 2011 nuevas medidas para ilegalizar las expulsiones forzosas y dijo que las compensaciones deben igualar al menos el precio de mercado. AI ha dado la bienvenida a las nuevas reglamentaciones, pero dice que aún están muy lejos de lo que deberían ser, que solo afectan a los residentes de las zonas urbanas y que los tribunales las hacen cumplir de forma desigual.