El linchamiento de dos brasileños en Bolivia tensa las relaciones bilaterales

El linchamiento de dos brasileños en un pueblo boliviano situado en la frontera con Brasil, ocurrido el pasado martes, ha tensado un poco más las relaciones entre ambos países, tirantes por la negativa boliviana a otorgar un salvoconducto a un senador opositor refugiado en la Embajada brasileña en La Paz y al que el Gobierno de Dilma Rousseff otorgó el asilo el pasado mes de junio.

Agentes del Grupo Especial de Fronteras de Brasil han retornado este jueves a su país sin los cuerpos de los dos ciudadanos quemados vivos en la localidad fronteriza de San Matías, a 800 kilómetros al este de Santa Cruz, ante la ausencia de delegados del Ministerio Público de Bolivia, que tenían previsto llegar al lugar en las próximas horas.

El periodista Berty Vaca informó a EL PAÍS desde San Matías de que las autoridades locales denegaron el permiso para recuperar los restos de los dos brasileños, enterrados en fosas comunes. Los agentes han regresado a la ciudad brasileña de Cáceres hasta que el fiscal de distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, les convoque tras su llegada a la localidad de San Matías, de unos 12.000 pobladores.

Los brasileños Rafael Max Díaz, de 27 años, y Jefferson Castro Lima, de 22, fueron linchados por una turba que los arrebató de las celdas policiales, donde estaban detenidos acusados de matar a tres bolivianos en un local nocturno de San Matías la madrugada del martes.

Cerca de 300 personas rebasaron a 15 policías y sacaron a los brasileños para castigarlos, rociarlos de gasolina y quemarlos vivos. Los vecinos explicaron que están cansados de tanta impunidad: los delincuentes eran detenidos e inmediatamente volvían a las calles. Los dos brasileños tenían antecedentes policiales y estaban considerados como delincuentes peligrosos.

El ministro del Interior, Carlos Romero, que estuvo unas horas en San Matías, se mostró sorprendido por la violenta reacción ciudadana y por la entrada en el país de forma irregular de brasileños con antecedentes delictivos, según relató el periodista Vaca. Romero hizo notar que la frontera de esa localidad con Brasil se extiende a lo largo 350 kilómetros, con 10 puestos fronterizos a cargo de dos funcionarios de migración y un cuartel policial con 10 agentes.

La Cancillería brasileña ha expresado su repudio por el linchamiento de dos compatriotas y ha pedido al Gobierno boliviano celeridad y rigurosidad en las investigaciones.

Las relaciones entre Brasil y Bolivia ya atravesaban una crisis diplomática por la negativa del Gobierno de Evo Morales a otorgar un salvoconducto al senador de Convergencia Nacional Roger Pinto, al que Brasil concedió en junio el asilo político y que se encuentra aún en la sede de la Embajada de Brasilia en La Paz.

La decisión brasileña de conceder asilo a Pinto fue calificada de “desatinada” por el vicepresidente Álvaro García Linera. Varios ministros lamentaron que el embajador Marcel Biato se haya convertido en “vocero” de Pinto y parlamentarios oficialistas han mencionado que la legación diplomática corre el riesgo de convertirse en “refugio de delincuentes”, ya que que Pinto tenía pendiente una decena de juicios por delitos comunes.