Brasil emprende una purga histórica

El Tribunal Supremo de Brasil ha comenzado este jueves a juzgar a las 38 personalidades de la política, la banca y el mundo empresarial acusadas por un escándalo de corrupción que en 2005 hizo tambalearse al entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva y descabezó al gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Los procesados formaban parte, en palabras del Procurador General de la República, Roberto Gurgel, del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”. Gurgel remitió al Supremo 44.265 páginas repletas de lo que considera como “pruebas documentales” para solicitar la apertura del juicio. El interés despertado es máximo, tanto que las audiencias serán retransmitidas por televisión.

Lo que se juzga es el escándalo político-financiero bautizado como mensalão (mensualidad).El caso fue destapado por el exdiputado Roberto Jefferson, otro de los acusados y actual presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 hizo público que el PT le había pagado cuatro millones de reales (1,6 millones de euros) por el apoyo de esa formación al Gobierno de Lula.

La policía sostiene que mediante esa trama fueron desviados unos 35 millones de euros y que el dinero era público, procedente del Banco de Brasil, y no de empresas privadas que habían financiado ilegalmente al partido, como alegan los abogados de los acusados.

Según varios analistas, del resultado de la sentencia puede depender el futuro de Brasil, o, como ha escrito el sociólogo y expresidente Fernando Henrique Cardoso, puede suponer un cambio “en la cultura del país”. El exmandatario apunta que una condena contra los acusados, o por lo menos contra los más importantes y representativos —entre ellos toda la antigua cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores—, pondrá un punto final a la cultura de la corrupción y de la impunidad política que aflige al paísPor el contrario, la absolución enviaría a la sociedad el mensaje de que en política vale todo, incluso adueñarse de millones de euros procedentes de las arcas públicas para comprar votos en el Congreso y el Senado. El caso se refiere a denuncias sobre una supuesta trama ilegal para financiar la campaña que llevó a la presidencia a Lula da Silva, que luego se habría mantenido para sobornar a decenas de diputados y comprar sus votos a favor del Gobierno, que tomó posesión el 1 de enero de 2003 sin mayoría parlamentaria. El acta acusatoria recoge todos los pecados típicos de la corrupción: formación de banda para delinquir, corrupción activa y corrupción pasiva, peculado, blanqueo de dinero, evasión de divisas y fraude.

Lula llegó a pedir perdón al país por el escándalo. Se declaró “engañado” por los suyos, desarticuló a la cúpula de su partido y sacó de su Gobierno a su brazo derecho, el exguerrillero José Dirceu, señalado por el fiscal general como el responsable de montar la trama. Más tarde, sin embargo, se echó atrás y llegó a negar que tal escándalo hubiera existido. Y calificó las acusaciones de un intento de derribar al primer presidente de la república “surgido del pueblo”.

Aparte de Dirceu, en el banquillo también estarán el expresidente del PT y actual asesor del Ministerio de Defensa José Genoino, y el entonces tesorero de esa formación, Delubio Soares. Asimismo, deberá responder ante el Supremo el expresidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, del PT, que por ese caso se vio obligado a renovar a toda su dirección nacional en 2005.

Otro procesado es el publicista Eduardo Duda Mendonca, quien dirigió todo lo relativo a la imagen de Lula en la campaña de 2002 y confesó que parte del pago por sus servicios le fue depositado por el PT en cuentas que debió abrir para ese fin en paraísos fiscales. Fuera del ámbito político, el más importante de los acusados es el publicista Marcos Valerio Fernandes, calificado por el Ministerio Público como “un verdadero profesional del crimen”.

Fernandes es señalado como “director financiero” de la trama y también como el “hombre de las maletas” de dinero, que supuestamente entregaba en persona a los parlamentarios sobornados. Sus dos agencias de publicidad llevaban las cuentas de diversos organismos públicos, de los que se sospecha que salió el dinero que permitió comprar los votos en el Congreso y en 2002 financió parte de la campaña de Lula y muchos candidatos del PT y otros partidos a los más diversos cargos. Según comprobó el Ministerio Público, el patrimonio de Fernandes se multiplicó por 60 entre 2003 y 2004, los dos primeros años de Lula y el PT en el Gobierno.

La sentencia revelará si Brasil seguirá sumergido en un mar de corrupción que baña todas las instancias. Muchos jueces advierten de que “los brasileños ya no aguantan más”. El célebre novelista João Ubaldo Ribeiro ha llegado a decir irónicamente que los políticos han logrado que el sueño de toda familia brasileña sea contar entre sus miembros con un político corrupto que les resuelva todos sus problemas.