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Cuba saca partido del ‘caso Payá’

El régimen acusa de homicidio involuntario al político del PP que conducía el coche en el que murió el disidente y fuerza al Gobierno español a negociar para repatriarlo

Yoani Sánchez

El español Ángel Carromero enfrentará un proceso judicial por homicidio. Así lo ha anunciado el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, en un extenso editorial. De 27 años y vicesecretario de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en Madrid, Carromero conducía el auto en el que fallecieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, y resultó herido leve el sueco Jens Aron Modig.

El accidente ocurrió cerca de Bayamo, en la provincia oriental de Granma. Según los peritos oficiales y tres testigos, el chofer perdió el control del vehículo a causa “de exceso de velocidad y falta de atención” mientras conducía por una vía en reparación, y se estrelló contra un árbol. El impacto se produjo justo en el lado izquierdo del asiento trasero, donde iba Payá, el líder del Movimiento Cristiano Liberación. Las autoridades cubanas reforzaron su versión con la difusión, el lunes, de un vídeo en el que Carromero asume la responsabilidad de lo ocurrido y pide que se le saque de Cuba. El sueco Modig fue presentado ante la prensa y afirmó que no recordaba que hubiera “algún otro auto involucrado en el accidente”. Horas después pudo abandonar la isla. “El suelo europeo está bajo mis pies. ¡Estoy tan aliviado!”, escribió en su cuenta de Twitter nada más aterrizar en Europa.

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Tanto familiares como colegas y amigos de Oswaldo Payá aguardan ahora a que el político sueco, de las juventudes democristianas, pueda contar su testimonio de manera más libre y sin temores. Los allegados al disidente han expresado sus dudas sobre lo ocurrido, e insisten en que los accidentados eran acosados por la seguridad cubana.

En su editorial de ayer, Granma tacha de “desproporcionada” la cobertura de la prensa internacional y, apelando a la “historia inmaculada” de la revolución, arremete contra “los calumniadores” que han pedido una “investigación transparente”. También contra el “monopolio financiero-mediático” que se “concentró en enaltecer a los supuestos ‘luchadores por la libertad”.

Carromero, señala Granma, es “cercano a los connotados anticubanos José María Aznar, expresidente del Gobierno, y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid”. Aunque él y Modig entraron como turistas, se involucraron en “actividades políticas contra el orden constitucional”. El propósito era traer financiamiento “al minúsculo y contrarrevolucionario Movimiento Cristiano Liberación” y asesorarles en la formación de un “grupúsculo juvenil”. El editorial explica con detalle los preparativos del viaje y los contactos, que parten del Partido Demócrata Cristiano Sueco. “La operación descrita es una más entre muchas organizadas desde Miami, fundamentalmente, y también desde Madrid y Estocolmo”. Granma da cuenta de otras misiones “subversivas”: desde proyectos en las redes sociales para promover la desobediencia civil, a sistemas para posibilitar el acceso a páginas web sobre la primavera árabe o programas para facilitar computadoras y conexiones a Internet. Entre las fundaciones y organizaciones que promueven la subversión en Cuba el editorial acusa al Instituto Nacional Demócrata de EE UU, al Grupo PRISA (editor de EL PAÍS) o la ONG checa People in Need.

Ángel Carromero se enfrenta ahora a un proceso legal que podría llevarlo a prisión hasta por una década. La Embajada española en Cuba ha ayudado a contratar un abogado para que lo represente, aunque todavía no se ha hecho pública la fecha del juicio. No obstante, la ley establece la posibilidad de que en circunstancias excepcionales se pueda realizar un proceso sumarísimo.

El trasfondo político de este caso no ayuda en nada a Carromero, quien podría convertirse en una pieza de canje para el Gobierno de La Habana con relación a Madrid. El tono del editorial de Granma apunta un aumento de la escalada verbal contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que afronta su primera crisis con Cuba.

En este sentido, varios opositores se mostraron alarmados por la suerte de Carromero. Elizardo Sánchez, quien dirige la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, declaró a EL PAÍS que “cuanto más trata el Gobierno de aclarar lo ocurrido, más confuso resulta todo en relación con el accidente donde murieron Payá y Cepero”. “El caso estará abierto”, añadió, “hasta que se sepa la verdad y eso incluye que ambos testigos puedan declarar sin estar bajo presión”.

Por otra parte, ayer fue detenido en Holguín el disidente José Daniel Ferrer, ex preso político de la primavera negra.

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