La condena a Thomas Lubanga; un aviso, ¿para quién?

La condena a Thomas Lubanga, señor de la guerra en la región de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), a 14 años de prisión, representa un hito histórico en el camino por conseguir la prevalencia de la justicia internacional, sin embargo, se queda corta con respecto a las muchas expectativas que había levantado.

Es significativo que la primera condena dictada por el Corte Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, tras diez años de funcionamiento, haya sido por el uso de niños y niñas menores de 15 años en conflictos armados. Esto pone un rayo de esperanza en la lucha con el uso de menores soldado, pero para nada más. No ayuda, realmente, a terminar con el fenómeno.

En marzo pasado, el CPI declaró a Thomas Lubanga culpable al demostrar, sin lugar a dudas, que el acusado era responsable del delito que se le atribuían.

A mediados de junio, la oficina del fiscal declaró que la pena máxima de 30 años de prisión debería ser aplicada en este caso dada la gravedad de las ofensas, ya que el reclutamiento de menores como soldados es uno de los crímenes contra la humanidad más serios, como bien recoge el Estatuto de Roma por el que se rige el CPI.

El presidente del Tribunal, el juez Adrian Fulford, ha declarado que a la hora de dictar la sentencia los jueces han considerado como atenuante la continua colaboración del acusado con la sala a pesar de la enorme presión a la que fue sometido por el ministerio fiscal. Personalmente, me parece inadmisible que los jueces hagan este tipo de afirmaciones y ponga en duda el papel de la fiscalía. Si realmente consideran que el anterior fiscal jefe del CPI, Luis Moreno-Ocampo, se extralimitó en sus funciones, tenían la potestad para hacérselo saber durante el juicio

Lubanga, que siempre se declaró inocente de los cargos imputados, se encuentra en prisión desde 2006, por lo que solo cumplirá ocho años de reclusión. Existe el miedo a que se le apliquen reducciones de condena por buena conducta y otros beneficios penitenciarios, por lo que en poco tiempo pueda quedar libre. Seis países se han ofrecido a acoger al condenado: Austria, Bélgica, Finlandia, Malí, Serbia y Reino Unido.

Desde que abrió sus puertas en 2003, el CPI, el único tribunal permanente que puede juzgar crímenes de genocidio, de guerra o contra la humanidad, ha producido cuatro órdenes de arresto contra señores de la guerra de la RDC. Después de Lubanga, dos líderes militares, que lucharon contra él, están siendo juzgados por crímenes similares. Se trata de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Sin embargo, todavía no se ha detenido al cuarto, Bosco Ntaganda. O ninguno de los que siguen reclutando menores soldado en otros países, como es el caso del ahora famoso, gracias a la campaña de la ONG norteamericana Invisible Child, Joseph Kony.

Hace unos meses, cuando el Tribunal Especial para Sierra Leona, condenó al ex presidente de Liberia Charles Taylor, entre otros cargos por el uso de menores soldado, escribimos que aquella sentencia era una advertencia para dictadores y señores de la guerra, los cuales se lo pensarían dos veces antes de cometer este tipo de crímenes o reclutar a niños y niñas como soldados y esclavas sexuales.

Nada más lejos de la realidad. Estos días estamos recibiendo noticias que hacen pensar que otra vez está aumentando el reclutamiento de menores para ser utilizados como soldados, mensajeros, espías, guardias, cocineros, servicios sexuales…

Normalmente, identificamos al menor soldado con un varón empuñando un arma, sin embargo, este concepto engloba todas las funciones a que son obligados los menores utilizados por grupos armados y que son necesarias para que este pueda operar. Además existen casi tantas niñas como niños, por eso no debemos olvidar a estas.

De lugares como Siria o Somalia llegan testimonio de reclutamiento de menores, en el noreste de la República Democrática del Congo las tropas rebeldes de Laurent Nkunda están avanzando y en sus filas llevan muchos menores…, por citar solo alguno de los últimos ejemplos.

Asumiendo que la condena de un señor de la guerra por el uso de menores soldados sea una buena noticia y que sirva de advertencia a otros individuos de su misma calaña, no podemos creer que el fenómeno del reclutamiento de niños y niñas por grupos armados no se va a resolver a base de juicios. Estos son largos, costosos y solo juzgan a los principales responsables, dejando impunes los crímenes cometidos por muchos mandos intermedios. Además, la Corte Penal Internacional, que no es reconocida por tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –Estados Unidos, Rusia y China-, ha sido acusada de ser un instrumento político a favor de los poderosos y de no tener el valor de llegar hasta los verdaderos responsables de los crímenes contra la humanidad.

Este tribunal lleva casi diez años funcionando y, curiosamente, los casos que tiene abiertos son, exclusivamente, relacionados con África. Hasta el día de hoy, han sido imputados 25 individuos, todos ellos, sospechosamente, nacionales de países africanos: Libia, Kenia, Sudán, Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana.

Por eso, esta sentencia no puede hacernos olvidar que siguen existiendo muchos niños y niñas, en muchas partes del mundo, que todavía son reclutados y forzados a convertirse en soldados y esclavas sexuales. En realidad no sabemos cuántos son (¿300.000?). En los últimos años su número ha disminuido, debido más al fin de algunos conflictos que a las acciones tomadas por la comunidad internacional. Y muchos de ellos no encuentran los medios que les ayuden a rehabilitarse e iniciar una vida nueva fuera de la violencia. Cada día son menos los fondos que los gobiernos y las organizaciones internacionales destinan a estos programas. Se castiga a alguno de los culpables, pero no se ayuda a sus víctimas, ni se les hace auténtica justicia.

El verdadero problema es que no hay voluntad política para poner fin a la utilización de niños y niñas como soldados y esclavas sexuales. Los instrumentos jurídicos internacionales existen y los pasos a seguir se conocen. Pero aquellos que pueden hacer algo, los países occidentales que se benefician de las guerras africanas aprovechándose de los recursos naturales del continente y vendiendo las armas que matan, no quieren terminar con esta realidad de la que se sirven para hacer negocios de sangre.