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Rusia busca vías para la reinserción de los exterroristas del Cáucaso

Un debate plantea la creación de una comisión federal para ayudar a reintegrar a los exactivistas

¿Cómo hacer para que quienes se han echado al monte en el Cáucaso ruso abandonen las armas y se reintegren a la sociedad? ¿Cómo evitar que las filas de los guerrilleros sigan nutriéndose de jóvenes dispuestos a matar y a morir? ¿Cómo garantizar a quienes renuncian a la violencia que no van a ser víctimas de los abusos de los órganos de orden público o de una venganza de sus antiguos camaradas? Estas fueron algunas de las cuestiones que se plantearon el martes 10 de julio en el debate celebrado por el Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil y Derechos Humanos del Presidente de Rusia (CDSCDH), que dirige Mijaíl Fedótov.

El objeto del debate, arbitrado por Svetlana Gánnushkina, la presidenta de la organización Ayuda Cívica, era la propuesta de crear una “Comisión Federal para ayudar a la adaptación a la vida pacífica de las personas que decidieron abandonar las actividades terroristas y extremistas”. La iniciativa supondría formalizar a nivel estatal las experiencias de varias regiones del Cáucaso que desde 2010 han creado sus comisiones locales para reintegrar o “adaptar” a la sociedad a quienes deciden abandonar las armas. Las comisiones en cuestión, en sus distintas variaciones, parten del reconocimiento de que la represión y la violencia no solucionan el problema del terrorismo y ofrecen un cauce de reinserción mediante garantías de una aplicación justa de la ley, por decirlo de otra manera, garantías dadas por personas socialmente respetadas contra la tortura y la arbitrariedad de los llamados “silovikí” (cuerpos de seguridad e interior) y el aparato de Justicia.

Pese a que en 2011 se logró un “significativo descenso de la actividad de los guerrilleros y menguaron las bajas entre los funcionarios de las fuerzas del orden público y la población civil”, la clandestinidad armada conserva una “gran capacidad de combate” gracias a la “actividad de reclutamiento”, señala una nota preparada por los organizadores del debate.”Las ideas del islamismo radical cada vez tienen más partidarios entre los jóvenes”, “las mujeres son a menudo parte activa de los conflictos armados” y en la “sociedad aumenta la tensión provocada por las actividades de los guerrilleros y las burdas violaciones de los derechos humanos de las fuerzas del orden público”, sentenciaba.

Comisiones de "adaptación" se formaron en Daguestán en noviembre de 2010, en Ingushetia en 2011, y este año, en Kabardino-Balkaria y Karacháevo-Cherkessia. Los resultados, modestos, se cuentan por decenas de rescatados, pero según el CDSCDH entre ellos hay “guerrilleros reales” que están dispuestos a arrepentirse y a indicar el emplazamiento de escondrijos de armas y a denunciar delitos en preparación.

En Daguestán, donde según fuentes policiales hay 300 personas que luchan en la clandestinidad, 37 personas recurrieron a la “comisión de adaptación” en un año y medio y 32 peticiones fueron satisfechas. Los órganos del orden público parecen dispuestos a considerar las fórmulas de “soft power” sin renunciar a sus prerrogativas. En una reciente sesión del Comité Nacional Antiterrorista (CNA) en Majachkalá, el director del Servicio Federal de Seguridad, Aleksandr Bórtnikov, dijo que “no es posible parar los procesos destructivos en el Cáucaso sólo con las instituciones de fuerza”. Esta constatación no significa que los “silovikí" se vayan a convertir en unas damas de la caridad dispuestas a guiar por el buen camino a los antiguos guerrilleros.

Para empezar, los “silovikí” se niegan a reconocer que ellos mismos violan la ley en su forma de combatir el extremismo y el terrorismo en el Cáucaso y es más, que incluso generan esos fenómenos, como manifestó una representante del comité de madres de Kabardino-Balkaria. “¿Por qué las madres deben dirigirse a sus hijos, a quienes los órganos de orden público forzaron a marcharse (a la guerrilla), y que ahora les disparan? ¿Por qué deben creerles, si saben y ven cómo discurre el proceso de los que están encarcelados por los acontecimientos del 13 de octubre de 2005 en una cárcel peor que Guantánamo?”, manifestó Hazifat Kansáeva, refiriéndose a los procesados y encarcelados por la violenta incursión armada en la ciudad de Nálchik. En Kabardino-Balkaria, dijo, “no hay ninguna lucha contra el terrorismo”. “Lo que hay es una verdadera guerra civil. Por un lado los musulmanes y por otro, los órganos del orden público”. La radicalización de posiciones en Kabardino-Balkaria es una de las causas por la cual los órganos de orden público se resisten a formar parte de la comisión de adaptación en aquel territorio, lo que no ocurre en las otras regiones.

Rizván Kurbánov, presidente de la comisión de Daguestán, citó varios casos de reintegración, entre ellos un jóven refugiado en Bélgica, el hijo de un dignatario islámico de Rostov, y cuatro chicos llegados de Kazajistán para hacer la Guerra Santa en el Cáucaso. Según Kurbánov, los casos de mujeres utilizadas para el terrorismo se han hecho más frecuentes, y no sólo en las comunidades del Cáucaso, sino entre mujeres de otras zonas. “Tenemos que acabar con esos “torpedos” que vienen a matarse para ir al paraíso”, señaló. El representante de la comisión de Ingushetia, Ajmed Kotíev, calculó en 500 las personas sobre las que pesa la orden de búsqueda y captura. Las cifras de los clandestinos se mantienen estables gracias al relevo de quienes son apresados, muertos o abandonan la violencia. El periodista y experto en Cáucaso, Maksim Shevchenko, adivirtió que los que bajan del monte no son sólo jóvenes engañados y se refirió a las desigualdades que alimentan el terrorismo, como el contraste entre las clínicas desvencijadas y sin medicamentos de Daguestán y los coches y villas de lujo que pueden verse en la ruta entre Majashkalá, la capital de aquel territorio, y la vetusta ciudad de Derbent.

Entre los datos mencionados por los asistentes: el 30% de los jóvenes menores de 30 años de Daguestán no ha acabado estudios secundarios y la universidad petrolera de Chechenia licencia cada año a 3500 jóvenes que no pueden aspirar a encontrar trabajo. Entre los modelos de integración aludidos: Irlanda del Norte y Colombia.

No encontró eco positivo el ejemplo de Chechenia, donde según Shevchenko, Ramzán Kadírov habría “salvado miles de vidas” al conseguir que los guerrilleros abandonaran el monte. Sin embargo, Kadírov rescató a los que estaban en el bosque para integrarlos en sus propias filas y ponerlos a su servicio, lo que “no fue una reconciliación”, argumentó Alexandr Cherkásov de Memorial.

Abás Kebédov, de Daguestán, compartió su temor a no poder responder del destino de quienes confíen en él para salir de la clandestinidad, contó que el policía de su barrio se había jactado de “poder encontrar un carro blindado en mi huerto, si quiere”, e insistió en que la “adaptación” es necesaria también por parte de los “silovikí”. Gadzhi Majáchev, vicepresidente del Gobierno de Daguestán, se refirió a los abusos de los “siloviki” , tales como la costumbre de no capturar a gente viva en sus operaciones antiterroristas, criticó al ministerio de Defensa por minimizar el número de reclutas del Cáucaso y denunció la penalización del “wahabismo” en Daguestán, pese a no existir ese concepto en el Código Penal de Rusia.

En nombre del Comité Nacional Antiterrorista (CNA), Andréi Przhedomski consideró “improcedente” la creación la “comisión federal”. El funcionario subrayó que la mayoría de los que se quieren acoger hoy a la adaptación o bien fueron capturados o bien están en la cárcel e invitó a los defensores de derechos humanos a concentrarse en la prevención del terrorismo, cuyas filas, según dijo, continúan incrementándose.

Por su parte, Alekséi Istomin, del Comité de Investigación (CI), defendió el carácter prioritario del castigo y se opuso a que se forme una comisión que quiera “ir por las cárceles y dictar sus reglas”. Pese a la resistencia del CNA y el CI, Gánnushkina se mostró convencida de que la integración es el único camino para la paz y anunció que crea un grupo de trabajo para analizar la legislación rusa con el fin de ver cómo puede organizarse el proceso.

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