El Constitucional egipcio censura al presidente por restablecer el Parlamento

En su pulso con la Junta Militar, al presidente egipcio, Mohamed Morsi, le ha aparecido un adversario: el Tribunal Constitucional. Tras una reunión extraordinaria celebrada el lunes por la mañana, la corte suprema reiteró que sus veredictos “son vinculantes para todas las instituciones del país”, incluida la presidencia. El gesto representa un bofetón para Morsi, que el día anterior había decretado el restablecimiento del Parlamento, disuelto por la Junta Militar a mediados de junio en aplicación de un veredicto del Constitucional que declaraba ilegal la ley electoral bajo la que fue elegido.

En su comunicado, el Constitucional afirma que sus decisiones “son finales, y no están sujetas a apelación”, y recuerda que “es el único árbitro en todas las disputas relacionadas con las interpretaciones de sus veredictos”. Es decir, niega al presidente cualquier margen de maniobra para decidir cómo aplicar sus sentencias. Los abogados de Morsi han justificado su decreto argumentando que la sentencia de la Corte no implica la disolución inmediata de Asamblea Popular, sino que ésta puede funcionar de forma interina hasta la celebración de nuevas elecciones.

Desde Washington, la Casa Blanca ha hecho un llamamiento a que se respeten "los principios democráticos" en Egipto. Asegura que está con contacto con "los dirigentes egipcios", según ha explicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Tommy Vietor, a France Presse. Vietor recalca que "es a los egipcios a quien corresponde decidir, con respeto a los principios democráticos, la transparencia y la protección de los derechos de todos los egipcios".

La Junta Militar, por su parte, ha roto por fin esta noche su silencio a través de un comunicado en el que defendió su decisión de disolver el Parlamento, asegurando que se ajustaba a la ley, y al veredicto del Constitucional. "Desde que asumió sus responsabilidades, la Junta nunca ha recurrido a medidas excepcionales, enfatizando la importancia de la legitimidad de la ley y la Constitución para preservar el estatus del Estado", reza el comunicado, en el que insta a todas las instituciones a respetar el estado de derecho. En ausencia del Parlamento, la Junta Militar asumió los poderes legislativos hasta la celebración de unas nuevas elecciones.

La reacción mesurada de la Junta Militar al órdago del nuevo rais se puso de manifiesto por la mañana en una ceremonia de graduación de las Fuerzas Armadas. En el acontecimiento, retransmitido en directo por la televisión pública egipcia, no solo se pudo ver a Morsi sentado al lado de Husein Tantaui, el presidente de la Junta Militar, sino que ambos conversaron animadamente en algún momento de la ceremonia. La imagen sirvió para calmar los miedos de que la nueva confrontación entre militares e islamistas pudiera discurrir por violentos derroteros.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Popular, el islamista Saad Katatny, expresó su respaldo al decreto presidencial, que calificó de respetuoso con la ley del país. Además, en un comunicado, anunció que convocará una sesión de la Cámara el martes a mediodía. En un gesto de distensión, las fuerzas de seguridad que vigilan la sede del Parlamento permitieron la entrada este lunes de varios diputados al edificio, que había permanecido sellado durante las últimas tres semanas.

Probablemente, Egipto se encontrará durante las próximas horas con un conflicto de legitimidades al existir dos organismos que actúan en paralelo y proclaman ser los depositarios del poder legislativo. Dado que el Partido de la Libertad y la Justicia, el brazo electoral de los Hermanos Musulmanes, dispone de una amplia mayoría en esta institución, el decreto de Morsi pretende arrebatar la autoridad legislativa a la Junta Militar, y situarla de nuevo bajo control islamista. En su pulso con el ejército, la Hermandad recurrirá una vez más a las movilizaciones en la calle como palanca de presión, pues ya ha convocado una manifestación mañana en Tahrir de apoyo al presidente.

La jugada inesperada del nuevo rais ha cristalizado las fracturas de una sociedad agriamente polarizada. Mientras los partidos islamistas han aplaudido su decisión, la mayoría de fuerzas y personalidades laicas la han censurado enérgicamente. Hamdin Sabahi, el candidato nasserista que quedó en tercer lugar en las presidenciales, calificó el gesto de “un desperdicio de autoridad legal”, y otro presidenciable, el progresista Jaled Alí, lo describió como “un insulto a la ley”. Por su parte, Mohamed al Baradei, el expremio Nobel de la Paz, advirtió en su cuenta de twitter que la decisión convierte a Egipto “en un gobierno de las personas y no de las leyes”.

Con la Constitución de 1971 suspendida, el país se rige por una declaración constitucional aprobada en referéndum popular el mes de marzo del año pasado, si bien ha sido retocada en varias ocasiones de forma unilateral por parte de la Junta Militar. Puesto que la declaración constitucional posee importantes lagunas legales y no hay ningún precedente jurídico que pueda servir de guía, los expertos en Derecho Constitucional egipcios son incapaces de ponerse de acuerdo sobre la validez del decreto presidencial, y el camino a seguir a partir de ahora.

Así pues, la turbia transición egipcia, punteada por espasmos violentos, abre ahora una nueva fase de caos legal y político, sin que se divise una salida clara en el horizonte. La crisis actual es una consecuencia lógica de un proceso de 18 meses plagado de errores y de los recelos entre los principales actores políticos del país que han sido incapaces de pactar unas reglas del juego comunes.