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El Gobierno rumano lanza una ofensiva para controlar las instituciones

La coalición gubernamental destituye al presidente del Senado, a la presidenta de la Cámara baja y al Defensor del Pueblo en un solo día

A los dos meses de alcanzar el poder, la coalición gubernamental Unión Social-Liberal (USL), formada por el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PDL), ha lanzado este martes una ofensiva para controlar las instituciones democráticas. La mayoría parlamentaria del Ejecutivo ha revocado de un plumazo al presidente del Senado, Vasile Blaga, del Partido Democrático Liberal (PDL); a la presidenta de la Cámara de los Diputados, Roberta Nastase, también del PDL; y al Defensor del Pueblo, Gheorghe Iancu.

La intensidad de las diatribas en los últimos días están provocando una crisis política, iniciada desde hace dos semanas cuando el primer ministro, Victor Ponta, retó al jefe del Estado, Traian Basescu, a acudir a Bruselas para la cumbre europea de la pasada semana, lo que se unió el presunto plagio del jefe del Gabinete. Blaga ha acusado al premier con un tono duro, horas antes de su destitución, que se dirige hacia una “dictadura” y que no respeta ley. Esta réplica se ha producido después de que Ponta hubiese declarado que Blaga seguía las órdenes de su dueño, refiriéndose a Basescu.

Con este movimiento, calificado como “golpe de Estado” por Blaga, el líder del PNL, Crin Antonescu, se ha convertido en el nuevo presidente del Senado, por lo que podría ser presidente interino de Rumania si se procediera a la suspensión de Basescu. “El principal objetivo de la mayoría parlamentaria encabezada por Ponta y Antonescu pasa por controlar la justicia. Suspender al presidente constituye una etapa intermedia, que se iniciará en los próximos días según su planificación”, ha manifestado Basescu tras convocar una conferencia de prensa de manera urgente antes de que comenzara la destitución de Nastase.

Con un tono imperativo, el mandatario ha precisado que “los políticos tienen que entender que ha llegado el momento en el que son iguales a los demás ciudadanos frente a la justicia”, por lo que ha pedido que cesara “cualquier acción contra el Estado”. Precisamente, esta misma mañana, el Tribunal Constitucional había denunciado que Ponta y su Ejecutivo está intentando modificar la institución para cambiar a los jueces y que había informado a la Unión Europa de las amenazas contra su independencia. “Basescu se apoya en el TC y yo tengo el Parlamento”, había indicado Ponta la semana pasada para arremeter contra la parcialidad de la institución.

“Exijo que las amenazas contra el Gobierno se frenen. No tenemos miedo de sus intimidaciones. El Ejecutivo fue investido constitucionalmente por el Parlamento, que se confirmó con el voto el 10 de junio –elecciones locales-, y cumplirá con su deber frente a los rumanos, no ante Basescu”, ha señalado Ponta tras las declaraciones del presidente.

Los medios de comunicación ya están intuyendo las grandes líneas de un plan político para cesar al presidente: sustituir al Defensor del Pueblo, presidente del Senado y Cámara de los Diputados; modificar la ley del Tribunal Constitucional por una orden de urgencia y reemplazar a los jueces; iniciar el proceso de suspensión y cambiar la ley de referéndum para que el presidente pueda dimitir con más facilidad, con la mitad más uno de los votos y no con la mitad más uno del total de los electores inscritos en las listas, como prevé la actual ley.

La comisaria europea responsable de Justicia, Viviane Reding, ha expresado en su Twitter su inquietud por la actual situación de la justicia rumana: “Realmente estoy preocupada por los recientes ataques hacia la independencia del Tribunal Constitucional de Rumania. Para mí, un sistema judicial funcional e independiente es una precondición para el respeto recíproco en el espacio europeo de la justicia.”

Alrededor de unas cien personas se han acercado esta noche al Palatul Victoriei, sede del Gobierno, donde corean consignas contra Ponta. La inestabilidad política puede provocar un bloqueo institucional y de las reformas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.