La Junta Militar egipcia levanta el estado de emergencia vigente desde 1981

Después de más de 30 años en vigor, Egipto levantará hoy la ley de emergencia, uno de los principales instrumentos legales utilizados por el régimen de Hosni Mubarak para reprimir cualquier tipo de oposición a su Gobierno. Sin embargo, ello no significará la puesta en libertad de las 188 personas que permanecen encarceladas en aplicación de dicha normativa.

La ley de emergencia otorga al Ministerio del Interior la potestad de arrestar a cualquier persona de forma indefinida sin necesidad de presentar cargos ante la justicia. Según las organizaciones de derechos humanos, los detenidos son a menudo víctimas de torturas, sin que los Tribunales de Seguridad del Estado de Emergencia, encargados de supervisar su situación legal, investiguen las denuncias de malos tratos.

Desde 1981, la ley de emergencia ha sido renovada de forma ininterrumpida. La última extensión de la normativa caduca el 31 de mayo. El Parlamento, dominado por el Partido de la Libertad y la Justicia, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, ya ha anunciado que no aprobará una renovación de la norma. De acuerdo con la declaración constitucional que gobierna el país, la Junta Militar también tiene la potestad de extender su aplicación.

"El Parlamento egipcio debería asegurarse que este estado de emergencia, un sello del estado policial abusivo de Hosni Mubarak no tiene futuro", declaró Joe Stork, responsable de la ONG Human Rights Watch en Oriente Medio. "El Parlamento también debería iniciar una investigación integral sobre las violaciones de derechos humanos que florecieron bajo la ley de emergencia, y el fiscal general debería asegurarse que las personas responsables de la aplicación de la tortura sistemática y las desapariciones forzadas son perseguidas".

Otra de las demandas de las organizaciones de derechos humanos al Parlamento es la aprobación de una nueva legislación que ponga fin a todas las medidas excepcionales que no caducarán con la ley. Asimismo, solicitan la puesta en libertad de todos aquellos arrestados en aplicación de la norma, o su puesta a disposición judicial en la justicia ordinaria, y no en los Tribunales de Seguridad del Estado de Emergencia, una corte creada por la ley de emergencia.

El pasado 17 de mayo, el comité de Derechos Humanos de la Asamblea Popular aprobó una resolución en la que instaba a no renovar el estado de emergencia, una de las principales peticiones de las organizaciones revolucionarias que organizaron la rebelión que destronó a Mubarak. "No hay vuelta atrás al estado de emergencia, no necesitamos el estado de emergencia ... las leyes en vigor son suficientes", declaró el pasado martes en una rueda de prensa Mohamed Morsi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, la histórica organización islamista egipcia, a la segunda vuelta de las presidenciales egipcias.

El levantamiento de la ley de emergencia llega dos días antes del veredicto del juicio a Mubarak, y mientras el país se encuentra en plena campaña electoral de la segunda vuelta de las presidenciales, lo que ha provocado no pocas suspicacias.

El candidato que se enfrentará a Morsi a mediados de junio, Ahmed Shafiq, fue el último primer ministro de Mubarak, y está considerado el aspirante preferido de la Junta Militar. Así pues, la decisión de no renovar la controvertida normativa podría favorecer su estrategia electoral de atraer el apoyo de las fuerzas laicas asegurándoles que su victoria en las urnas no comportará una restauración del antiguo régimen.