La Paz queda bloqueada por la huelga de conductores de autobús

Los conductores del transporte público de Bolivia castigaron con dureza a los visitantes y a los habitantes de La Paz, una ciudad que ha quedado virtualmente sitiada ayer y hoy por el cierre de calles y avenidas con autobuses y minibuses. Los chóferes han convocado esta huelga de 48 horas para protestar contra la nueva Ley Municipal del Transporte Urbano, que regula el sector.

El paro ha obligado a miles de ciudadanos a caminar kilómetros para cumplir con sus actividades diarias. Los más afectados han sido los habitantes de El Alto, una ciudad dormitorio a 14 kilómetros del centro de La Paz. Se calcula que más de medio millón de comerciantes, funcionarios públicos y estudiantes “baja” diariamente al centro de la sede de gobierno, situada en una hondonada y rodeada por laderas empinadas.

Una de estas personas es la periodista Wilma Pérez del matutino La Razón. Su casa y el periódico están a unos 20 a 25 kilómetros de distancia en línea recta: en la ciudad de El Alto y en el extremo sureste de La Paz. “Estoy yendo a pie. Debo de haber caminado hasta ahora doce kilómetros y después de hacer unas entrevistas me bajaré a la redacción”, dice en conversación telefónica.

Con más lentitud, los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de La Paz -situado en el centro de la ciudad de El Alto- enfrentaron el desafío de bajar arrastrando maletas por los muchos y empinados atajos hasta el centro de La Paz y, de tanto en tanto, hacer un alto para recuperar el oxígeno que pareciera faltar entre los 4.000 y los 3.600 metros de altura.

Hay pequeños tramos en los que puede conseguirse un taxi o una motocicleta para aliviar los calambres en las piernas, pero dejan acalambrados los bolsillos de los ciudadanos. El pasaje de autobús desde El Alto a la ciudad de La Paz suele ser de 15 centavos de euro, pero ahora la tarifa por recorrer cinco o seis calles cuesta de uno a dos euros y, si es tarde en la noche, hasta cuatro euros, casi medio jornal para un obrero.

La protesta de los conductores de las 460 líneas de transporte público busca derogar una ley municipal que regula el servicio, hasta ahora sujeto a las normas de los propios conductores, e impone elementales obligaciones en favor de los usuarios frente a los abusos, como la intempestiva decisión del conductor de concluir su servicio muy lejos de la parada final o la de hacer cobros adicionales para llegar a su destino.

Los ciudadanos se han quejado por la aparentemente deliberada pasividad tanto de la Policía como de las autoridades gubernamentales. Han hecho notar a los medios de comunicación que algunas unidades de la Policía han resguardado sitios no conflictivos y no han intervenido en puntos estratégicos cerrados a la circulación por vehículos del transporte público.

El ministro del Interior, Carlos Romero, ha negado la pasividad policial y ha convocado a los dirigentes sindicales de los conductores y al alcalde de La Paz, Luis Revilla, del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), a una reunión de acercamiento a fin de solucionar el conflicto. El ministro ha ofrecido a los pobladores de El Alto un servicio gratuito de transporte mientras se resuelve el conflicto. También ha negado que haya un tratamiento discriminatorio en los conflictos. Al Gobierno se le acusa de reprimir con dureza las protestas contra él, como ha ocurrido con las manifestaciones de médicos, maestros o universitarios, mientras permite las que, como en el caso de los conductores, tienen en la mira a alcaldes o prefectos de la oposición.