Las malas compañías de un exjuez venezolano

Las denuncias del exmagistrado venezolano Eladio Aponte, acusado en Caracas de colaborar con el narcotráfico y desde la semana pasada testigo clave en las investigaciones de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), coinciden con las versiones que indican que desde hace casi una década opera en Venezuela un grupo de traficantes manejado por militares. Las acusaciones públicas de Aponte señalan, hasta ahora, a media docena de oficiales que ocupan o han ocupado altos cargos en la administración de Hugo Chávez, incluyendo al actual ministro de Defensa.

Aponte es abogado y coronel retirado de la Guardia Nacional. Fue presidente de Guerra Permanente del Estado de Aragua, director de la Coordinación Estadal Antidrogas y Fiscal Militar, antes de ser juramentado como magistrado del Supremo venezolano y presidente de la Sala de Casación Penal, el 15 de diciembre de 2004. En esa época, asegura hoy la Fiscalía de Venezuela, Aponte ya hacía negocios con el narcotraficante Walid Makled: uno de los tres hombres más buscados por la DEA, detenido en Colombia en 2010 y deportado después a Venezuela. De acuerdo con un informe aprobado el 25 de enero pasado por el Consejo Moral Republicano de Venezuela, Aponte entregó a Makled en 2004 un carnet que le acreditaba como “asistente del Despacho del Fiscal General Militar” y que fue incautado en el momento de su detención.

Hasta el momento, el juez Aponte ha acusado de tener vínculos con el narco al ministro de Defensa y exdirector de Inteligencia Militar, Henry Rangel Silva; al general Clíver Alcalá Cordones, comandante de la IV División Blindada del Ejército; al general Hugo Carvajal Barrios, excomandante de la Dirección de Inteligencia Militar; al general Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); al general Isaías Baduel, exministro de Defensa, actualmente detenido en una cárcel militar por supuesta corrupción; y al contraalmirante Luis Enrique Cabrera Aguirre, uno de los cinco miembros del Estado Mayor Presidencial. Tres de ellos —los generales Rangel, Alcalá y Carvajal— fueron sancionados en 2008 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE UU por colaborar con las actividades de narcotráfico de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Makled declaró que conservaba al menos seis videos y un legajo de documentos que demostraban los vínculos de 40 generales venezolanos, de cinco diputados y del hermano del actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela con sus negocios ilícitos. Tales documentos, sin embargo, no se han hecho públicos. Entre otros cargos, Makled esta siendo juzgado por enviar a México 5,5 toneladas de cocaína a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, y de estar involucrado en el asesinato del periodista Orel Sambrano, ocurrido en enero de 2009.

Otro periodista, Mauro Marcano, fue también asesinado en septiembre de 2004 por una pareja de sicarios. Marcano había denunciado la existencia del denominado cartel del Sol o de los Soles: una banda integrada por oficiales de las Fuerzas Armadas que manejaba el transporte ilegal de drogas desde el Oriente de Venezuela hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con investigaciones publicadas en medios colombianos, entre ellos la revista Semana, en los años que siguieron, este cartel desplazó presuntamente a dos de las bandas criminales colombianas más importantes que operaban en Venezuela: Los Rastrojos y el grupo de El Loco Barrera.

El Gobierno de Venezuela ha desestimado estas informaciones, atribuyéndolas a una campaña sucia para desprestigiar a la revolución. Como prueba de su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, repasa continuamente la amplia lista de narcotraficantes de peso que han sido detenidos en el país en los últimos tres años. Entre ellos: Maximiliano Bonilla, El Valenciano, jefe de la denominada Oficina del Envigado; Carlos Rentería, Beto, jefe del cartel del Norte del Valle; Luis Frank Tello, Loco Frank, vinculado a Los Zetas mexicanos y a la banda criminal colombiana del Loco Barrera y Hermágoras González, jefe del cartel de la Guajira, quien portaba credenciales militares de Venezuela. Sin embargo, quienes insisten en vincular al Gobierno de Chávez con el narcotráfico creen que este tipo de acciones forma parte de la lucha interna de altos cargos venezolanos, supuestamente corrompidos, por ganarle terreno a sus competidores más cercanos.