Los británicos acusan de los disturbios de agosto a los padres de los participantes

Los disturbios que se sucedieron durante varios días de agosto en Londres y se extendieron a varias ciudades británicas tuvieron sus orígenes en factores muy diversos, según los expertos que se han dedicado durante meses a estudiar el trasfondo de lo que ocurrió aquellos días. Para gran parte de las comunidades afectadas por el pillaje y la violencia gratuita, la responsabilidad recae sobre todo en los padres de los revoltosos, por su incapacidad de velar por ellos. Para los expertos, sin embargo, la clave está en el hecho de que hay medio millón de familias “a las que se ha dejado caer al fondo de la sociedad”.

El informe, elaborado por el Panel de los Disturbios, Comunidades y Víctimas, será publicado este miércoles pero parte de sus conclusiones han sido reveladas de antemano por la cadena Sky, provocando la indignación del presidente del panel, Darra Singh. “Nuestro mandato era dar voz a las comunidades y a las víctimas de los disturbios de agosto. Esta filtración ha afectado a nuestra capacidad de asegurarnos de que llegue a la mayor audiencia posible”, se ha quejado.

“Hemos oído en muchas de las comunidades afectadas que los disturbios hay que atribuirlos en última instancia a la mala crianza de los hijos”, revela el texto. Pero el informe subraya que ese no es el único factor a tener en cuenta y enfatiza la importancia de otros aspectos, como la incapacidad de evitar que los delincuentes reincidan, el excesivo énfasis en el materialismo o la falta de confianza en la policía.

15.000 personas en los disturbios

Y recomienda que las escuelas sean penalizadas si sus alumnos dejan los estudios sin ser capaces de leer y escribir; exigen más apoyo a los jóvenes cuando salen de prisión; estiman que se debería garantizar un empleo a los jóvenes que lleven mucho tiempo sin encontrar trabajo; o mejorar los servicios para “las 500.000 familias que están olvidadas” por el resto de la sociedad.

El informe estima que en los disturbios participaron unas 15.000 personas, la inmensa mayoría menores de 24 años. Y cuestiona la decisión tomada meses atrás por el Gobierno de concentrar sus esfuerzos en las 120.000 familias más desestructuradas del país al subrayar que sólo un 5% de los ayuntamientos consultados creen que hay una superposición entre los revoltosos y esas familias con dificultades. Aunque apoyan los trabajos que se están haciendo con esas 120.000 familias, subrayan que “no se ha establecido una conexión entre esas familias y los disturbios de agosto”.