Los argumentos de la primera jornada en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado esta mañana la primera de las tres sesiones en las que escuchará los argumentos a favor y en contra de la reforma sanitaria. Durante estos primeros 90 minutos, los abogados han explicado su postura sobre la competencia de la propia corte para dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la reforma.

Se trata de una cuestión que ninguno de los protagonistas personados en la causa -ni el abogado del Estado y los representantes de quienes reclaman la inconstitucionalidad de parte de la ley-, ha entendido que deba ser considerada. Cuando el alto tribunal entiende que hay cuestiones jurídicas relevantes que las partes no han incluido en sus alegatos, está facultado para designar a un abogado que argumente sobre ese particular. Los magistrados de la Corte Suprema, a propuesta del juez Clarence Thomas, han elegido a Robert Long, un abogado con experiencia en ese tribunal, para enfrentarse a Donald Verrilli, abogado del Gobierno de Obama.

Los jueces debían valorar hoy si la penalización que impone la nueva ley para aquellos ciudadanos que no contraten un seguro médico equivale al pago de impuestos. Si la multa es considerada como una tasa impositiva, la ley de 1867 conocida como Anti Injuction Act (AIA), impediría a los ciudadanos denunciar al Gobierno por el cobro de impuestos antes de que éstos hayan sido recaudados. La ley obstaculizaría también que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma antes de 2014, fecha en la que entra en vigor el apartado que exige a los ciudadanos contratar un seguro. Sin embargo, ni los dos abogados ni ocho de los nueve jueces -el juez Thomas no hizo ninguna pregunta durante la sesión- dejaron ver que la corte incumpla sus competencias al dictar sentencia sobre la reforma.

La juez Sonia Sotomayor explicó en una de sus intervenciones que había encontrado al menos cuatro casos a lo largo de la historia del Tribunal Supremo en los que se había aceptado una denuncia contra leyes de recaudación de impuestos antes de que fueran vigentes. El Juez Antonin Scalia, por su parte, declaró que la ley no establece que la recaudación de estas penalizaciones se haga del mismo modo que la cuestación de impuestos.

"El texto legal no dice en ningún momento que el Secretario del Tesoro deba recaudar las penalizaciones del mismo modo que recauda impuestos", reconoció el abogado Robert Long. El juez Stephen Breyer añadiría después, de acuerdo con Long, que el Congreso no redactó en ningún momento la palabras "impuesto" en el texto de la reforma. "Lo que dice es 'penalización'", dijo Breyer.

"No necesitamos determinar si se trata de un impuesto para saber si se aplica el AIA, porque el Congreso dijo específicamente que la penalización debería ser presentada y recolectada de la misma manera que los impuestos, incluso si se trata de una penalización y no un impuesto", argumentó Long. El abogado reconoció después que si el Congreso hubiera incluido en algún momento el término "impuesto" no habría duda de que el Tribunal Supremo no podría dictar sentencia hasta la entrada en vigor del mandato en 2014.

La juez Ruth Bader Ginsburg añadió en una de sus intervenciones esta mañana que la conversación sobre las penalizaciones "no tiene sentido" porque la denuncia contra la reforma no se centra en las multas y sí en la obligación a contratar una póliza de seguros. "Si llegamos a la conclusión de que el mandato individual es constitucional, entonces todas estas quejas carecerán de fundamento", explicó.

El juez conservador Samuel Alito, el primero en preguntar al abogado del Estado, Donald Verrilli, le reprobó sus argumentos. "Usted defiende que la penalización no es un impuesto y mañana va a volver aquí a defender que sí es un impuesto", dijo Alito. El Gobierno de Obama, al que defiende Verrilli, deberá demostrar que la multa equivale a un impuesto para que quede dentro de las competencias del Congreso y así mantener la constitucionalidad de la ley.

“Se admite que [la sanción] ayudará a incrementar los ingresos, señoría. Pero aunque ese sea el caso, como creo que sucede con todas las sanciones económicas, todavía falta una disposición textual en el articulado de la ley que establezca que esa sanción deba ser considerada como un impuesto, un requisito necesario para que pueda aplicarse la AIA, algo que en este caso no se da”, declaró Verrilli. El abogado comparecía para defender la competencia del tribunal para decidir sobre la constitucionalidad de la reforma alegando que aunque la sanción económica tiene un efecto recaudatorio, no puede considerarse un impuesto como tal ya que ninguna disposición de la ley lo establece así textualmente.

La diferencia entre sanción e impuesto, no ha impedido a Verrilli empelar en varias ocasiones este último término para referirse precisamente a la penalización económica que impone la ley. El juez  Breyer también se lo recriminó en uno de sus intercambios:

VERRILLLI: Quien paga el impuesto se sitúa de nuevo en la legalidad.

BREYER: ¿Por qué no para de decir impuesto?

VERRILLI: Quien paga la sanción impuesta, se sitúa de nuevo en la legalidad.

BREYER: Gracias.

VERRILLI: Gracias a usted, juez Breyer.

BREYER: La sanción.

VERRILLI: Sí. Eso es.”

El abogado Long dispondría posteriormente de los últimos cinco minutos finales para reafirmarse en sus argumentos, justo antes de que el presidente del tribunal, el juez John Roberts, diera por concluida la sesión.

Si el Supremo considera que no es competente para entrar a juzgar sobre la reforma, dará a conocer su decisión el próximo viernes. Este fallo dilataría el veredicto sobre la constitucionalidad de la ley dos o tres años. Hasta que no comiencen a aplicarse las sanciones y, sobre todo, hasta que alguien no interponga una denuncia contra éstas, algo que nunca ocurriría antes de 2014 o 2015, el Tribunal Supremo no estaría capacitado para juzgar sobre la ley.

Este martes los jueces escucharán los argumentos de los abogados en relación con la constitucionalidad del mandato individual, la norma que obligará a los ciudadanos a contratar un seguro a partir de 2014, considerado el corazón de la reforma.