Las protestas de la población china se multiplicaron por diez entre 1993 y 2010

La insólita referencia realizada hoy por el primer ministro chino, Wen Jiabao, a la posibilidad de que se produzca una nueva Revolución Cultural si Pekín no acomete reformas políticas de forma "urgente" para poder profundizar en las reformas económicas ha sorprendido a analistas y observadores políticos.

No es que Wen Jiabao esté defendiendo la instauración de una democracia de tipo occidental, nada más alejado de las intenciones del Partido Comunista Chino, que desde hace más de seis décadas mantiene el monopolio del poder. Sin embargo, la dureza de la advertencia revela la preocupación que late en algunas esferas del partido por un modelo político y económico que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años y ha elevado a China a segunda potencia económica del mundo, pero al mismo tiempo ha generado tremendas desigualdades sociales, corrupción generalizada, abusos continuados de poder y graves problemas medioambientales. La renta per cápita anual disponible en las zonas urbanas fue de 21.810 yuanes (2.643 euros) el año pasado, frente a 6.977 yuanes (845 euros) en las zonas rurales. Subieron un 8,4% y un 11,4% en términos reales tras el ajuste de la inflación, respectivamente.

El número de "incidentes de masas" -eufemismo con el Pekín denomina las protestas sociales- pasó de 8.700 en 1993 a alrededor de 90.000 en 2010, según estudios respaldados por el Gobierno. Algunas estimaciones aseguran que la cifra real es mucho mayor. Las autoridades no han hecho públicos nuevos datos desde entonces. Los motivos de las movilizaciones van desde la expropiación ilegal de tierras a escándalos medioambientales -como envenenamientos por plomo-, enfrentamientos étnicos -especialmente, en Tíbet y la región musulmana de Xinjiang- o huelgas en fábricas.

La mayoría de los disturbios son breves y localizados, pero los dirigentes chinos temen que el crecimiento económico, la urbanización en alza y el uso extendido de Internet puedan alimentar mayores disensiones políticas, que en última instancia desafíen el poder del Partido Comunista Chino (PCCh).

El presidente Hu Jintao y otros líderes han instado a dirigentes de todo el país a que se preparen para hacer frente a las crecientes dificultades para mantener bajo control a unos ciudadanos cada vez más móviles, mejor conectados, con más medios económicos y más reivindicativos ante las desigualdades y la corrupción.

La preocupación de las autoridades ante potenciales estallidos de inestabilidad se intensificó el año pasado tras el inicio de las revueltas en los países del norte de África y árabes, especialmente en un momento en el que China se prepara para el relevo generacional de los máximos líderes a finales de este año. Ante el temor al contagio de estos alzamientos populares, las autoridades desencadenaron la peor ola de represión que ha sufrido China en una década, según las organizaciones de derechos humanos. Chinese Human Rights Defenders (CHRD), una organización con sede en Hong Kong, identificó más de 3.800 casos de detenciones arbitrarias y más de 100 casos de personas torturadas específicamente por su activismo, según su informe anual hecho público la semana pasada.

El pasado 5 de marzo, en el discurso de apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, Wen Jiabao dijo a los alrededor de 3.000 diputados reunidos en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín que el Gobierno debe "desactivar de forma eficaz los diferentes tipos de conflictos, riesgos y peligros; impedir que problemas aislados se conviertan en grandes problemas, y promover la armonía social y la estabilidad". Desde el año pasado, Hu Jintao ha impulsado una campaña para reforzar "la gestión social" y adelantarse a los disturbios.

La obsesión por el control y la estabilidad ha originado que el gasto en seguridad interna superara en 2010 por primera vez al gasto militar, según cifras oficiales. El presupuesto para policía, seguridad del Estado, cárceles y otras partidas calificadas como "seguridad pública" de los Gobiernos central y locales asciende este año a 701.800 millones de yuanes (85.050 millones de euros), un 11,5% más que en 2011. El presupuesto militar oficial es de 670.300 millones de yuanes (81.230 millones de euros), un 11,2% más alto que el año pasado, aunque los expertos extranjeros creen que la cifra real es muy superior.