El abogado de Teodorín afirma que su cliente sufre un “proceso político”

Emmanuel Marsigny, abogado de París y defensor de Teodoro Obiang Nguema, hijo del presidente homónimo y ministro de Agricultura y Bosques de Guinea Ecuatorial, cree que el proceso judicial abierto en Francia contra su cliente, más conocido como Teodorín, es “un juicio político y mediático que solo busca desestabilizar al Gobierno” de la excolonia española.

Según explica el letrado a este diario durante una entrevista realizada en su despacho de París, la justicia francesa “no tiene ni ha aportado ninguna prueba” de que el ministro, dueño de una fortuna incalculable invertida en Estados Unidos, Francia y España, “haya saqueado las arcas del Estado guineano”.

“El dinero no procede del Tesoro público sino de sus propias empresas”, afirma Marsigny. “Teodorín ha construido su fortuna como empresario en diversos sectores. Tiene concesiones madereras en el país y construye autopistas. Es accionista de diversas sociedades que tienen una actividad comercial e industrial demostrable. La ley guineana permite a los miembros del Gobierno ser socios en las empresas extranjeras. Nos podrá parecer peor o mejor, pero es así”.

Pese a estas afirmaciones, los jueces franceses que investigan a Teodorín desde 2010, a raíz de una denuncia de la ONG Transparencia International contra tres jefes de Estado africanos, ordenaron hace unos días requisar 18 millones de euros en bienes y objetos artísticos de la lujosa mansión situada en el número 42 avenida Foch en París, que en teoría es propiedad del hijo del presidente guineano.

Según aduce su abogado, “la incautación es ilegal, porque la residencia, que fue comprada por el ministro en 2004, fue revendida por este al Estado guineano en octubre de 2011, y funciona desde entonces como sede diplomática”.

En cuanto al valor del edificio, de 5.000 metros cuadrados y situado cerca del Arco del Triunfo, Marsigny afirma que el propio Estado francés lo tasó “en 40 millones de euros”, aunque prefiere no revelar cuánto invirtió y recibió Teodorín por la compraventa. Según algunos medios franceses, el valor del palacio, situado en una de las calles más caras de París, superaría los 500 millones. Pero el valor de mercado real (unos 20.000 euros el metro cuadrado) sugiere que el inmueble cuesta cerca de 100 millones.

Marsigny se lamenta también de que las autoridades francesas desarrollaron una investigación judicial sin haber tenido en cuenta que su cliente había en su momento "declarado legalmente al fisco ser el legítimo dueño” del palacio, e insiste en que desde octubre de 2011 “la casa y los bienes incautados pertenecen a la República guineana y por tanto la incautación viola la Convención de Viena”.

En septiembre pasado, antes de que Teodorín fuera nombrado delegado permanente adjunto de su país ante la UNESCO y de que revendiera su residencia al Estado guineano, los jueces requisaron del domicilio once coches de lujo propiedad del ministro. Marsigny niega que aquella redada motivara el cambio de propiedad del inmueble para dotarlo de inmunidad diplomática: “Funcionaba hace tiempo como sede diplomática, y solo lo regularizamos”. La casa tiene 101 habitaciones, e incluye discoteca, peluquería y un salón de juego estilo Las Vegas, según los policías que requisaron los bienes.

Marsigny afirma que las espectaculares adquisiciones de Teodorín en Estados Unidos, donde posee una casa en Malibú (California) y distintos bienes y cuentas, valorados en 70 millones de euros, también son “totalmente legales”. Según el abogado, el dinero con el que el ministro compró la finca de Malibú, unos 22 millones de euros, “llegó desde Malabo a Estados Unidos pasando por el Banco de Francia sin que las autoridades intervinieran”.

El letrado piensa que el trasfondo de la investigación contra los dirigentes guineanos tiene un componente neocolonialista: “Es una guerra política. Antes mandábamos a los paracaidistas, y como ahora no podemos usamos el sistema judicial para intentar cambiar el Gobierno. Pero los jueces no han enviado ni una comisión rogatoria a Guinea. Basta ir para ver que es un país que crece al 14% anual y está construyendo. ¿Hemos pensado en lo que pasaría si Guinea entrara en la embajada de Francia en Malabo? ¿O Roma en el palacio Farnese?”.

Cuando se le dice que Guinea es una dictadura en la que un régimen familiar domina todos los recursos del país y encarcela a sus opositores, el letrado replica: “Es un Estado soberano, pertenece a la ONU, celebra elecciones y preside la Unión Africana. También el 90% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población. Lo que pasa es que Europa piensa que los países y los gobernantes africanos no tienen derecho a decidir y a disfrutar de sus riquezas. Cuando viene el jeque de Catar sale en el Hola y en el Paris Match y nadie protesta. ¿Por qué él sí y los africanos no?”.