Los indígenas comienzan una marcha contra la política minera de Correa

Una movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la mayor organización indígena ecuatoriana, arrancó este jueves desde una región amazónica al sudeste del país con rumbo a Quito, a donde prevé llegar el próximo 22 de marzo. Los aborígenes rechazan la política de minería a gran escala emprendida por el Gobierno ecuatoriano, y demandan la aprobación de leyes para regular el manejo del agua y redistribuir las tierras.

La marcha indígena partió desde Zamora Chinchipe, justamente la provincia en la cual se desarrollará el primer proyecto de minería a gran escala impulsado por el gobierno ecuatoriano. Al iniciar la movilización, el prefecto provincial y dirigente indígena, Salvador Quishpe, reiteró la preocupación de los aborígenes porque las actividades mineras contaminen ríos y desplacen comunidades.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano llevó adelante este mismo jueves en Quito una multitudinaria marcha en su respaldo, la cual se dirigió hacia el Palacio de Gobierno y estuvo encabezada por ministras de Estado que, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, resaltaron acciones del oficialismo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer ecuatoriana.

El presidente Rafael Correa ha dicho que la movilización indígena busca desestabilizar a su gobierno, y ha arengado a sus partidarios a “continuar movilizados hasta el 22 de marzo”. "¡A resistir pacíficamente. El 8 de marzo vamos a repletar la Plaza de la Independencia (frente al Palacio de Gobierno, en Quito) para decirles: aquí estamos y esta revolución no la detiene nada ni nadie!", dijo días atrás el mandatario.

Los indígenas cuentan en su protesta con el respaldo de organizaciones de maestros y estudiantes, así como de sectores políticos de oposición. Estos grupos efectuaron este 8 de marzo en Quito y en varias provincias ecuatorianas acciones de rechazo a diversas políticas gubernamentales.

Los indígenas tuvieron un papel importante en las caídas de los mandatarios Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad (2000), pero su estructura organizativa se debilitó tras su participación en el gobierno del también defenestrado Lucio Gutiérrez. La CONAIE respaldó al gobierno de Rafael Correa en sus inicios, sin embargo luego se produjo un distanciamiento que permanece hasta ahora, cuando el movimiento indígena en general busca subsanar sus fraccionamientos internos. De hecho hay varios dirigentes de otras organizaciones aborígenes que son más cercanos al oficialismo.

En el centro del actual descontento de la CONAIE están los planes del presidente Correa de llevar adelante proyectos de minería a gran escala con empresas internacionales. Esta semana el gobierno ecuatoriano firmó el primer contrato en tal sentido con la china Ecuacorriente para explotar cobre en Zamora Chinchipe. Según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, se calculan en unos 5.400 millones de dólares las regalías para el Estado que generaría el proyecto minero a cargo de la empresa china, de los cuales 900 millones serían usados en programas de beneficio para las comunidades cercanas a la mina.

No obstante, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, dijo a EL PAÍS que los indígenas demandan que el gobierno, tal como señala la Constitución ecuatoriana, consulte sobre los proyectos mineros a las comunidades ubicadas en las zonas donde se ejecutarán dichos planes. El ministro Pástor ha señalado que el gobierno sí ha llevado adelante diálogos con las comunidades, pero ha anotado que dichas consultas no son vinculantes según la normativa ecuatoriana. Para los indígenas, sin embargo, el oficialismo debe ir más allá de solo informar sobre sus planes mineros, sino discutir las divergencias existentes y llegar a acuerdos.

En cualquier caso, Humberto Cholango insistió en que la movilización indígena es pacífica y no pretende desestabilizar al gobierno de Correa, y señaló que los aborígenes buscarán no caer en la “provocación” que significan a su juicio las contramarchas impulsadas por partidarios del oficialismo.