Los Hermanos Musulmanes rechazan la huelga contra la junta militar egipcia

La Alianza de Revolucionarios Egipcios, una plataforma creada en noviembre que reúne a más de 50 organizaciones entre sindicatos, partidos laicos y asociaciones juveniles, ha convocado una huelga general para el sábado con la finalidad de presionar a la junta militar egipcia a abandonar el poder de forma inmediata. La acción coincide con el primer aniversario de la renuncia de Hosni Mubarak, sometido a juicio acusado de corrupción y por haber ordenado la represión contra los manifestantes durante los 18 días que duró la revolución. A tan solo unas horas de su inicio, las perspectivas de éxito de la huelga eran escasas, sobre todo porque todas las principales instituciones religiosas del país, tanto musulmanas como cristianas, se han manifestado de forma inequívoca en contra de esta protesta. También lo han hecho los Hermanos Musulmanes, cuya marca electoral, el Partido de la Libertad y la Justicia, consiguió en las recientes elecciones legislativas el 45% de los escaños del nuevo Parlamento.

“Tenemos que reconstruir el país, no derribarlo ... Estas llamadas [a la huelga] son extremadamente peligrosas y amenazan a nuestra nación y a nuestro futuro”, declaró Mahmud Husein, secretario general de los Hermanos Musulmanes, quien agregó que la desobediencia civil es "inaceptable". De ideología netamente conservadora, la noción de la desobediencia civil contrasta choca con los postulados de los islamistas, siempre temerosos de la fauda (caos).

Además, su posición responde también a la consideración de que cualquier escalada de tensión entre los manifestantes que acuden con frecuencia a la cairota plaza de Tahrir y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas situará al histórico movimiento islamista egipcio en una delicada situación. En los últimos meses, su estrategia ha pasado por presentarse ante la sociedad como una fuerza favorable a la revolución, y a la vez ser capaces de pactar con la junta militar el calendario y las líneas maestras de la transición. Tras más de ocho décadas marcadas por la represión y el ostracismo, ahora que empiezan a saborear las mieles del poder, actúan con enorme cautela para evitar que el ejército cancele la transición.

Los islamistas están divididos sobre el calendario y el traspaso de poder de los militares a los civiles

La dificultad de mantener ese inestable equilibrio, que tan buenos resultados les dio en las urnas, se hizo evidente durante las últimas horas. Jairat al Shater, el número dos en la jerarquía de los Hermanos, apostó por la dimisión en bloque del Gobierno liderado por Kamal Ganzuri, y su reemplazo por un nuevo Ejecutivo escogido por el Parlamento. “Deberíamos acelerar la formación de un Gabinete amplio para administrar los asuntos del país en esta coyuntura, y no esperar a que un presidente de la república sea electo”, afirmó al Shater.

Sin embargo, otros miembros de la organización islamista quitaron hierro a sus declaraciones, advirtiendo que eran solo una opinión personal, y no una decisión aprobada por la organización. De acuerdo con el calendario establecido por la junta militar, ésta posee la autoridad de nombrar y cesar al Ejecutivo hasta el próximo 30 de junio, cuando entregará todos sus poderes a un presidente electo. En esa fecha, la cúpula castrense pretende que el Parlamento ya haya aprobado la nueva Constitución. Esta idea genera una gran oposición entre los grupos revolucionarios, ya que consideran que el ejército será capaz de blindar sus actuales privilegios en la Carta Magna si ésta se redacta mientras aún está en el poder.

En los últimos cuatro meses, los grupos revolucionarios han echado numerosos pulsos a la junta militar a través de manifestaciones y concentraciones que han derivado, a menudo, en enfrentamientos violentos en las calles. Según los propios datos del Ministerio de Sanidad, un centenar de personas han muerto en estos disturbios, la mayoría acaecidos en la plaza Tahrir y sus aledaños.

Conscientes de su incapacidad de arrancar concesiones sustanciales de la cúpula militar solo a través de la presión de Tahrir, los grupos revolucionarios pretenden con las nuevas movilizaciones involucrar a nuevos grupos sociales. “Estas movilizaciones son un proceso. Empezaremos con la huelga, y luego iremos escalando nuestras acciones hasta convertirnos en un movimiento de desobediencia civil, siempre pacífico”, dijo el jueves en una concurrida conferencia Alaa al-Aswany, escritor del best-seller El edificio Yacubian, y uno de los iconos de la revolución.

En paralelo a la huelga, que podría convertirse en indefinida en función de su seguimiento, se ha organizado también una campaña para boicotear los productos elaborados por empresas controladas por los militares. “¿Crees que el ejército produce aceites, agua, productos electrónicos, y posee hoteles y restaurantes solo por proporcionar un servicio, sin beneficiarse de ello?”, se preguntaba en tono irónico la cuenta de Twitter de la campaña.

El presupuesto del ejército es uno de los secretos mejor guardados del Estado egipcio, y los expertos calculan que sus negocios podrían representar entre el 10% y el 30% del producto interior bruto. Para calentar motores ante la huelga, el viernes se convocaron diez marchas que confluyeron en la sede del Ministerio de Defensa, en el barrio de Abbasiya. Además de la dimisión de la cúpula militar, la otra gran demanda de los revolucionarios es una purga profunda del aparato de seguridad del Estado, al que consideran responsable de la muerte de más de 70 personas la semana pasada en el estadio de fútbol de Port Said.