Rechazo internacional a la condena de dos reporteros en Ecuador

Diversas organizaciones de prensa internacionales se han pronunciado en las últimas horas en rechazo a las acciones emprendidas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en contra de periodistas y medios de comunicación del país andino. Dichas reacciones se han producido tras la sentencia de dos millones de dólares contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, y la entrada en vigor de una ley que impone amplias restricciones al trabajo periodístico en tiempo electoral.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, señaló ayer que “el presidente Correa tiene un extenso registro de utilizar las leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, y esta práctica debe llegar a su fin”. Según Carlos Lauría, coordinador para las Américas del CPJ, el caso El Gran Hermano está diseñado para “amordazar voces críticas”, más allá de lo cual dicha entidad expresó su confianza en que la sentencia sea revocada por el tribunal de apelaciones.

Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifestó por medio de su presidente, Milton Coleman, que la gravedad de la sentencia en el caso El Gran Hermano, “radica en que inhibirá a otros periodistas a realizar investigaciones”. Coleman, editor del diario The Washington Post, sostuvo que la sentencia además impedirá que el Gobierno ecuatoriano “rinda cuentas sobre asuntos públicos, creará autocensura y desalentará a los medios de su función periodística, aspectos todos fundamentales para una democracia”.

Y mientras la organización PEN Internacional, que reúne a escritores y periodistas de todo el mundo, publicó un comunicado en el que expresa su “preocupación por el estado de la libertad de expresión en Ecuador”, diversos medios de comunicación han expresado su inquietud frente a la situación de la prensa en el país andino, como es el caso de diario El Tiempo, de Colombia, que en su editorial de ayer señalaba que “excluida Cuba, no existe hoy un Gobierno latinoamericano que haya mostrado mayor hostilidad contra los medios de información ni emprendido una campaña más empecinada contra ellos”.

Las reacciones en Ecuador tampoco se hicieron esperar. Ya son cinco las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional contra la reforma electoral que cambia el método de asignación de escaños para las elecciones de asambleístas e impone limitaciones al periodismo durante las campañas electorales. Magistrados de la Corte señalaron ayer que una resolución sobre dichas demandas de inconstitucionalidad podría llevar alrededor de dos meses.

Por su lado, el presidente Rafael Correa respondió a la noticia de la sentencia contra los dos periodistas acusados por él de daño moral, con un llamamiento a los ecuatorianos a defenderse “con la ley en la mano” de la “prensa corrupta”. El mandatario señaló que estudiará con sus abogados una posible apelación a la sentencia impuesta contra los dos periodistas por haber, según la juez, inflingido una afectación “espiritual” al presidente al señalarse en el libro El Gran Hermano que sí sabía de los contratos millonarios suscritos por las empresas de su hermano con el Estado. Correa podría insistir en que la sentencia sea de cinco millones de dólares para cada periodista. “Hasta el último centavo que se obtenga en este juicio irá para el [proyecto ambiental] Yasuní-ITT”, aseguró.

Los periodistas demandados, por su parte, ya presentaron su apelación a la sentencia, por lo cual el proceso ahora deberá ser tratado por un tribunal de segunda instancia.

Juan Carlos Calderón dijo a EL PAÍS que el mandatario “busca la intimidación y el castigo” y añadió que no pedirán disculpas tal como el presidente ha reclamado. “Nosotros hemos presentado 35 pruebas que sustentan todo lo escrito en el libro El Gran Hermano y sobre esa base no tenemos por qué pedir perdón ni disculpas a nadie”, manifestó.