La ley de Fernández

Es difícil recordar un comienzo de legislatura tan urgente y decisivo como el de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Inaugurado su segundo mandato el pasado 10 de diciembre, ha hecho aprobar, a favor de su mayoría absoluta en ambas Cámaras, 11 leyes, acogidas con diversidad de opiniones.

Casi unanimidad favorable de la menguada oposición para el texto que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. La FAO calcula que un 10% del territorio nacional está ya en manos de empresas foráneas, que buscan asegurarse, así, la producción de alimentos en tierra tan fecunda como la argentina. La nueva ley fija el límite en un 15%. Y asimismo virtual unanimidad de la oposición, pero para denunciar la ley que regula la fabricación, distribución e importación de papel prensa. El Estado posee ya un 27% de la única firma local de esa materia prima, y el resto pertenece a los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, que califican el nuevo control de arma para amedrentar a los medios. Y una tercera ley, contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que busca perseguir delitos cometidos para "aterrorizar a la población", preocupa por lo vago y eminentemente aplicable a lo que al poder se le antoje de su enunciado.

Tras su extraordinaria victoria en las elecciones presidenciales y a las Cámaras, la presidenta tiene mayor capacidad de acción que ningún gobernante democrático anterior en Argentina, y está claro que va a utilizarlo. Toda ley conoce un desarrollo práctico que determina su verdadero alcance, pero a priori cabe decir que una excesiva concentración de poder en un mandatario ha sido frecuentemente malo en cualquier país, aunque sea formalmente democrático, como es el caso de un gran amigo de la señora Fernández, el presidente venezolano Hugo Chávez. La minoría, aunque no tenga los votos, puede en ocasiones tener la razón.