Los indultos de Bush favorecieron a ciudadanos blancos

Denise Amstead, dueña de una peluquería en un barrio afroamericano de Little Rock, fue condenada en 1994 por no declarar unos ingresos de 32.000 dólares (24.000 euros). Pagó 3.000 dólares (2.200 euros) de fianza tras declararse culpable y quedó en libertad condicional durante tres años. En la misma ciudad, el matrimonio Leggett, dos ciudadanos blancos, fueron condenados por utilizar identidades y números de la Seguridad Social falsos y defraudar más de 25.000 dólares (18.000 euros) al Gobierno. Margaret Leggett se declaró culpable y recibió una pena de prisión de tres años, aunque quedó en libertad a los tres meses. Su marido pagó una multa de 5.000 dólares (3.700 euros) y pasó 15 meses en prisión.

Los Leggett, como Amstead, solicitaron años después el perdón presidencial para conmutar su pena: reconocieron su culpabilidad, cumplieron las condenas y habían reconstruido sus vidas. En 2006, el ex presidente George Bush indultó a los Leggett. Un año después rechazaría el de Amstead.

Los criminales blancos tienen cuatro veces más posibilidades de recibir el perdón de un presidente que los negros, hispanos o asiáticos, según una investigación de ProPublica, en colaboración con el diario The Washington Post, durante los dos últimos días. El centro de periodismo de investigación ha analizado datos, documentación e informes no desvelados hasta ahora y que demuestran que los afroamericanos tienen menos posibilidades de ser indultados en Estados Unidos.

Los negros suponen el 39% de la población encarcelada, según datos del Departamento de Justicia, pero suponen el 12% de la población de Estados Unidos. La proporción tampoco se mantiene al analizar las cifras de ciudadanos indultados. Entre 2001 y 2008, Bush recibió 1.918 solicitudes y perdonó a 189 personas: 176 blancos, siete afroamericanos, cuatro hispanos, un asiático y un americano nativo.

La investigación de ProPublica se centra en los ocho años de presidencia de Bush, quien decidió confiar en las recomendaciones hechas por los abogados que trabajan en la Oficina del Fiscal de Perdones. Estos revisan el historial delictivo de los solicitantes, su situación financiera, su estado civil --estar casado duplica las posibilidades de ser indultado--, así como su comportamiento en prisión, y el FBI puede entrevistar a familiares y amigos durante la evaluación del caso. Aunque los ciudadanos no deben declarar su raza en el momento de solicitar el indulto presidencial, sí queda reflejada en otros de los documentos analizados por la Oficina del Fiscal.

"No hay dos casos exactamente iguales, pero la documentación refleja ocasiones en las que ciudadanos blancos obtuvieron el perdón con un historial de infracciones similar al de condenados afroamericanos o de otras minorías étnicas a los que fue denegado”, afirman las autoras del reportaje. La disparidad entre indultados de una y otra raza permanece, según la investigación, cuando se comparan factores como el tipo de delito y la sentencia recibida.

El indulto presidencial está reconocido por la Constitución estadounidense y se concede para absolver de un crimen federal. El proceso dura una media de dos años, pero la resolución de algunos casos puede retrasarse más de cinco. Una vez concedido el perdón, de manera inmediata, el ciudadano puede volver a votar, adquirir armas, formar parte de un jurado, obtener licencias de negocios y determinadas titulaciones profesionales.

ProPublica afirma que Bush decidió confiar en las recomendaciones de la Oficina del Fiscal para evitar influencias políticas y obedeció sus recomendaciones en casi todos los casos. La intención era eludir escándalos como el que afectó a Bill Clinton. En enero de 2001, al final de su presidencia, indultó a Marc Rich, un fugitivo por evasión fiscal, después de que su mujer hiciera suculentas donaciones a causas del Partido Demócrata y a la Biblioteca Presidencial Bill Clinton.

Sin embargo, los datos analizados por ProPublica revelan una realidad distinta. Cuando un ciudadano recibe una carta de recomendación de un congresista tiene el triple de posibilidades de ser indultado. Desde el año 2000, 196 congresistas han respaldado peticiones de indulto, apoyando a mas de 200 ciudadanos y contribuyentes a sus propias causas “dirigiendo cartas a la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, para que consideraran especialmente el caso de criminales que los legisladores definían como amigos cercanos”.

Roger Adams, responsable de los indultos dentro del Departamento de Justicia desde 1998 hasta 2008, declaró en una entrevista para ProPublica que “el cargo de la persona que respalda la petición no tiene consecuencias en el proceso”, pero “si el abogado conoce a esa persona, entonces [la solicitud] puede cobrar un peso importante”. El análisis de 500 solicitudes de manera aleatoria, todas ellas durante la presidencia de Bush, demostró que el apoyo de un congresista triplica las posibilidades de ser indultado.

La investigación solo consiguió determinar la raza de 54 solicitantes que contaron con el respaldo de un legislador: 47 blancos, cinco negros y dos hispanos.

Obama sigue el mismo procedimiento adoptado por Bush y ha perdonado a 22 ciudadanos, 20 de ellos blancos. “El presidente se toma su poder constitucional para conceder indultos muy en serio”, declaró un portavoz de la Casa Blanca a ProPublica. “La raza no tiene lugar en la evaluación de los procesos de clemencia y la Casa Blanca no considera ni recibe información sobre la raza de los solicitantes”.

El nombre de las personas a las que se niega el perdón presidencial siempre ha quedado en secreto. Sin embargo, en 2010 el Departamento de Justicia fue obligado a hacer públicas las identidades, lo que ha permitido que ProPublica rastreara durante el último año los nombres de los solicitantes, su raza, su estado civil y los delitos por los que habían sido condenados.