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EDITORIAL

Centroamérica vota

El signo del autoritarismo marca las elecciones presidenciales en Guatemala y Nicaragua

Daniel Ortega, “socialista” según sus propias palabras, venció el domingo por una diferencia abrumadora en las elecciones presidenciales nicaragüenses, y el exgeneral Otto Pérez Molina, que jamás pretendió ser de izquierda, alcanzó igualmente, aunque sin tanto estruendo, la presidencia de Guatemala. Ambos representan un cierto tipo de continuidad, la de Ortega porque se sucede a sí mismo, y la del exmilitar porque quien asuma la presidencia no puede sino plantearse la gran cuestión: cómo refundar el país, que hoy se disputan las mafias del narcotráfico, entre otras delincuencias.

Ortega, que al frente de la guerrilla sandinista derrocó a Somoza en 1979 y ya fue presidente en los años ochenta, tuvo que apañarle un remiendo visiblemente ilegal a la Constitución para presentarse en 2011 a un segundo mandato consecutivo. Y lo llamativo del anterior ha sido el perfecto acuerdo en que ha gobernado con la burguesía de los negocios, pese a que se haya declarado obediente chavista en política exterior. La paradoja es que los subsidios de Hugo Chávez son los que han permitido el mantenimiento de una economía dual: neoliberal en lo básico y asistencial-populista para los desfavorecidos, que le han votado en masa.

Pérez Molina, al que se acusa de haber participado en la represión de la disidencia campesina en los años ochenta, tiene ante sí una de las tareas más pavorosas que quepa imaginar en América Latina: reconquistar el país con una fuerza pública mal pagada, peor dotada de medios, y que cuando no se encuentra directamente al servicio de los enemigos del Estado, que la tratan económicamente mucho mejor que este, se encuentra fuertemente desmotivada. El jurista español Carlos Castresana, que dirigía una oficina establecida por la ONU para luchar contra la impunidad —apenas el 3% de los crímenes llega a investigarse—, dimitió acusando a altas instancias del Estado de connivencia con las mafias. En Guatemala está prácticamente todo por hacer en lo que respecta al Estado de derecho.

Ese chavismo, que invoca Ortega, podría llevar al país a una deriva reeleccionista con carácter indefinido, a imitación del propio Chávez; mientras que Pérez Molina parece como si solo supiera prometer mano dura contra el crimen. Ni en uno ni en otro país hay mecanismos legales que garanticen la supervivencia de lo que en ambos queda de democracia.