Daniel Ortega utiliza el embarazo de una niña en su campaña de reelección

Hasta ahora los nicaragüenses conocían de la existencia de la lejana aldea caribeña de Walpa Siksa, perdida entre manglares y la selva tropical, por escaramuzas del Ejército contra redes del narcotráfico que operan en la zona. La aldea, habitada por los indígenas miskitos, volvió a las primeras de los diarios por un drama que ha sido explotado electoralmente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el otrora movimiento guerrillero convertido en partido familiar. Se trata de una niña indígena de 12 años embarazada por violación. Pese a que la salud de la niña estuvo en riesgo por síntomas de preeclampsia e hipertensión, las autoridades se negaron reiteradamente a aplicar un aborto terapéutico, una práctica legalizada en el 98% de los países del mundo y penalizada en Nicaragua en 2006. La niña consiguió dar a luz el lunes mediante una césarea y el nacimiento ha sido utilizado por el Gobierno de Daniel Ortega, que aspira a la reelección. “Es un milagro. Un signo de Dios”, afirmó la esposa del presidente nicaragüense, Rosario Murillo. Las cadenas de televisión oficiales han mostrado sin reserva ni disimulo las imágenes de la pequeña madre y su bebé. Este caso ha reavivado el debate en Nicaragua sobre el aborto terapéutico, penalizado durante la campaña electoral que llevó al poder a Daniel Ortega.

Organizaciones feministas han criticado duramente la manipulación que ha hecho el Gobierno del embarazo de la niña. Los medios de comunicación afines al FSLN han sacado punta del caso, dentro de una campaña mediática “a favor de la vida”: las televisoras y sitios de Internet ligados al Gobierno presentaron imágenes y fotografías de la pequeña y su bebé, mientras la primera dama calificaba de “milagro” el nacimiento. “Dios nos sigue bendiciendo con prodigios, milagros en esta Nicaragua llena de fe. El nacimiento de esta criatura es un milagro, un signo de Dios”, dijo Murillo. Médicos citados por diarios locales informaron que el embarazo de la niña era arriesgado, y que la menor presentó síntomas de preeclampsia e hipertensión arterial. Aun así, la niña fue sometida a una cesárea y el lunes dio a luz a un niño que pesó cinco libras y que según los médicos que lo atendieron está estable.

En 2006 el Congreso de Nicaragua abolió el artículo 165 del Código Procesal Penal, que desde 1893 establecía la interrupción asistida de un embarazo, bajo la certificación de tres médicos, cuando la vida de la madre estuviera en riesgo o la mujer haya sufrido daños psicológicos al quedar embarazada producto de una violación. Con la reforma de 2006, el Congreso impuso penas de cuatro a ocho años a quienes practiquen un aborto. Grupos feministas afirman que más de 30 mujeres han muerto desde entonces por problemas en el embarazo, pero la cifra es difícil de comprobar dado que el Estado no ofrece cifras. Además, la penalización del aborto ha llevado a muchas mujeres a asistir a clínicas que, en muchos casos, no cuentan con los servicios sanitarios básicos.

Una encuesta publicada en septiembre por el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) mostraba que tres de cuatro encuestados consideraba que se debía revisar o cambiar la legislación sobre el aborto terapéutico, más en un país donde los casos de violación de menores son comunes. En Nicaragua, según organizaciones feministas, en 2010 se registraron 1,200 violaciones. Recientemente se denunció la violación de 13 niños menores de 16 años por miembros de un cuartel militar en la lejana comunidad caribeña de Monkey Point, pero las autoridades de este país callan sobre estas informaciones.

El Gobierno ha dicho que apoyará económicamente a la niña de 12 años cuyo drama ha sido explotado dentro de la campaña del FSLN, un partido aliado con un sector de la Iglesia. El drama de la menor repercute en un país donde estos casos son comunes hasta en los sectores sociales más favorecidos. La misma Rosario Murillo protagonizó el escándalo desatado en 1998 tras la denuncia de su hija, Zoilamérica Narváez, quien acusó por violación a su padrastro, Daniel Ortega. “Es verdad que es una tragedia”, dijo Murillo sobre la niña de 12 años. “Hemos trabajado de acuerdo con las creencias y costumbres de la cultura mayoritaria de Nicaragua, en defensa de la vida”, agregó la mujer, que dirige la campaña reeleccionista de su esposo y presidente.