La educación en Chile depende de las familias

Las grandes cifras dicen que en Chile la educación es una prioridad. El país se gasta en enseñanza el 7,1% de su riqueza, un punto por encima de la media de la OCDE, y dos por encima de España. Pero son las familias las que desembolsan directamente la inmensa mayoría de ese dinero, pues la proporción que aporta el Estado es la más baja de los países desarrollados: el 58,6%, si se miran todos los niveles educativos, y apenas el 14,6% si se mira solo a la universidad.

Así, en el haber de los hogares deberían quedar principalmente los logros del sistema educativo del país andino en las últimas décadas: sus alumnos de 15 años son los que mejor resultado obtienen de América Latina en el informe PISA de la OCDE, que cada tres años compara los sistemas de más de 60 países en lectura, matemáticas y ciencias. Además, el alumnado universitario se ha multiplicado por cinco en los las últimas dos décadas, hasta llegar al millón de alumnos.

Pero en el debe del Estado recae probablemente la desigualdad de un modelo educativo en el que si tienes dinero, puedes; y si no, prácticamente la única opción es endeudarse o desistir. Una debilidad que apuntó en 2009 un informe de la OCDE sobre la educación chilena como uno de los principales problemas a corregir. Ello responde a la lógica más contundente: si la educación depende básicamente del gasto de las familias, y los hogares son de los más desiguales del mundo (en 2002, Chile ocupaba el noveno puesto en una clasificación hecha por el Banco Mundial), la cuenta es transparente y el resultado, la inequidad.

Un resultado, por otra parte, muy poco beneficioso no ya socialmente, sino también económicamente, según aquel informe de la OCDE: “Una amenaza presente en Chile es la pérdida de capital humano y social si el nivel actual de desigualdades no se reduce”.

“La expansión de la educación privada ha convertido la enseñanza en un gran negocio” 

El chileno es un modelo particular dentro de América Latina, explica el director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericano (OEI), Alejandro Tiana. En el continente, es habitual que las familias que pueden se gasten el dinero en escuelas de educación secundaria privadas, que garantizan la entrada de sus hijos en universidades públicas, gratuitas o muy baratas, que son además las que concentran el prestigio y la calidad.

En cualquier caso, en Chile, la parte de la secundaria es como en Brasil y, sin embargo, no lo es la parte de la educación superior, pues las matrículas anuales en las universidades públicas son las más caras de América Latina. De hecho, se parecen mucho más a los precios que tienen en países como Australia, Canadá, Japón o Corea (en 2005, estaban en la franja de los 3.000 y 4.000 dólares), que en la mayoría los casos cuadriplican la renta per cápita de Chile, excepto en Corea, donde es un poco menos del doble, según datos de 2008 del Fondo Monetario Internacional.

La desigualdad en el acceso a la educación superior no es extraña en el debate educativo chileno desde hace muchísimos años. De hecho, se intenta corregir desde hace tres décadas principalmente con una opción muy parecida a la que existe en Australia: ofrecer créditos a los estudiantes en buenas condiciones para que puedan hacer frente al pago de la matrícula, unos préstamos empezarán a devolver una vez titulados e integrados en un empleo. Esos créditos creados a principios de los ochenta solo para estudiar en las universidades públicas del país, se ampliaron en 2005. Entre 2006 y 2009 el alumnado en la educación superior aumentó un tercio.

“Una amenaza presente en Chile
es la pérdida de capital humano
y social si el nivel actual de desigualdades no se reduce”

Esos créditos son la base de las ayudas del Estado, aunque las becas también existen y han aumentado enormemente en los últimos años. Así, es evidente el aumento del acceso a una educación superior en la que el 70% de los alumnos son hijos de personas que nunca fueron a la Universidad.

Sin embargo, “solo el 13.8% de todos los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior recibe una beca de algún tipo, comparado con el 51% en Estados Unidos. Además, las cantidades no son suficientes para pagar los aranceles [matrículas] en forma completa. Menos de la mitad de los estudiantes de los más bajos quintiles de ingreso [los más pobres] recibe una beca”, señala el informe de 2009 de la OCDE. Además, en la parte de los créditos, su devolución es mucho más complicada que en otros países que utilizan ese modelo, pues ni la posibilidad de empleo ni los sueldos son equivalentes en Chile.

Solo el 13.8% de todos los estudiantes matriculados en instituciones de educación superior recibe una beca comparado con el 51% en EE UU

Este sistema “puede funcionar relativamente bien en países desarrollados, con menos desigualdades” que las que presenta el país andino, dice el exministro de Educación de Argentina Juan Carlos Tedesco. Contra ese modelo se han rebelado los estudiantes chilenos en los últimos años. Primero, a partir de 2006, la queja se centró en la educación secundaria. Los alumnos reclamaban una educación pública de calidad que les ofreciera mejores garantías de acceso a la universidad.

“Lo que queremos es que ricos y pobres o vulnerables tengan igualdad frente a la educación. Los jóvenes están cansados de constatar que rindieron una mala PSU [la prueba de acceso a la Universidad, equivalente a la Selectividad en España] en comparación con el resultado obtenido por un joven de colegio particular. Están cansados de cargar ese sentimiento de ‘por qué a mí el Gobierno no me dio la educación que merecía o la que yo quería’. Es hora que se comprenda que nosotros estamos luchando por un derecho a la educación y no por un privilegio”, decía en una entrevista en 2006 María Huerta, una de las líderes estudiantiles.

“Es generalmente reconocido en Chile que los colegios privados pagados educan a los más privilegiados socio-económicamente, los privados subvencionados atraen a las familias de ingresos medios y los municipalizados, a los sectores más pobres de la sociedad”, dice el informe de 2009 de la OCDE.

El Gobierno, en 2006 dirigido por la socialista Michelle Bachelet, se acercó a los alumnos y les prometió reformas; cientos de miles de personas se habían manifestado para reclamarlas. Pero aquel intento se quedó atascado. “Hubo un apuro en la negociación entre el Gobierno y la oposición y no se dieron los espacios suficientes para sacar una ley con plena legitimidad”, decía en una entrevista el pasado agosto en el periódico digital El Mostrador el decano Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García-Huidobro, que entonces era asesor del Gobierno de Bachelet.

Ahora la movilización estudiantil se centra en la educación superior, que los líderes estudiantiles reclaman que sea gratuita (así lo es, o muy barata, en Argentina, Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros). Además, el debate se mezcla con enorme aumento de instituciones privadas de educación superior en el país cuya calidad nadie controla. “La expansión de la educación privada ha convertido la enseñanza en un gran negocio”, explica Tedesco.