Yemen trata de desmontar el 'sistema' de Saleh

Lo que más molesta a Abdu al Janadi es que la prensa ponga a Yemen en la lista de las revueltas árabes a la par con Libia o Siria. Al Janadi, que más allá de su cargo de viceministro de Información se ha erigido en los últimos meses en portavoz del Gobierno de Saná y acaba de sobrevivir a un atentado, defiende que su país es una democracia desde la unificación en mayo de 1990.

A diferencia de sus vecinos, Yemen cuenta con partidos políticos de oposición, medios de comunicación críticos y las últimas elecciones, en 2006, recibieron la bendición de la UE (el único país árabe junto a Líbano). Sin embargo, los 33 años de poder de Ali Abdalá Saleh han convertido al Congreso General del Pueblo (CGP), el partido gubernamental, en una especie de PRI mexicano, una estructura acoplada al aparato del Estado como un parásito, que impide su modernización y alienta las corruptelas.

Ejemplo de ello, la política informativa que el Gobierno yemení ha seguido desde que se generalizaron las protestas a principios de año. Como cualquier otro régimen autoritario árabe, expulsó a varios reporteros con el pretexto de que no estaban acreditados y cerró el grifo de los visados a periodistas. Aún así, quienes logramos viajar al país sólo recibimos la petición de ser equilibrados.

“Informe de las manifestaciones de la oposición, pero acuda también a las de los partidarios del presidente”, pidió Fares al Sanibani, asesor de prensa de Saleh, durante una visita el pasado abril. Dentro de Saná nadie pone ninguna cortapisa a esta corresponsal, que a menudo cubre en el mismo día las dos marchas contrapuestas. Viajar fuera de la capital siempre ha requerido un permiso debido a la inseguridad endémica.

La versión oficial mantiene que los partidos de la oposición, en especial el islamista Islah (el más organizado), están aprovechando el tirón de la primavera árabe para hacerse con el Gobierno sin pasar por las urnas. “En 2006, Saleh consiguió 4 millones de votos y la oposición 1,5”, recuerda Al Janadi convencido de que el apoyo del presidente no se ha mermado desde entonces.

De hecho, el sistema clientelar en el que Saleh ha basado su gobierno desde que accedió al poder en 1978 ha multiplicado su generosidad en los últimos meses y vuelto a recurrir a tribus y ulemas, cuyo peso debiera haber disminuido con la modernización del país. Saná se ha llenado de civiles armados que se mueven como pez en el agua entre las tropas leales al régimen y cuya presencia casa mal con sus pretensiones democráticas.

Promesas del presidente

Pero lo que más daño ha hecho a la imagen del presidente ha sido la concentración del poder político, económico y militar en manos de sus parientes. La rivalidad que ahora le profesan tanto el general desertor Ali Mohsen como el jeque tribal Hamid al Ahmar tiene más que ver con influencia de su hijo Ahmed y de sus sobrinos Ammar, Yehya y Tarek, que con los manifestantes de la plaza del Cambio. Esos cuatro hombres, que controlan los principales cuerpos armados y de seguridad, son la punta del iceberg del negocio familiar en el que Saleh ha convertido Yemen.

El propio presidente pareció haberlo entendido cuando a principios de febrero anunció que no se presentaría a una nueva reelección, que no pasaría el testigo a su hijo y que dialogaría con los opositores. Pero aunque los partidos se mostraron dispuestos a dejarse cooptar, sus palabras no convencieron a los jóvenes manifestantes ni fueron acompañadas de hechos que las refrendaran.

“Estamos por la iniciativa del Golfo que apoyan EE UU y la UE”, insiste Al Janadi, a pesar de las al menos tres ocasiones perdidas por el presidente para firmarla. Según ese pacto, Saleh dejaría el poder a cambio de inmunidad y 30 días después se convocarían elecciones. “Sólo existe un punto de desacuerdo, el Gobierno cree que no es posible organizar las elecciones antes de 60 días y propone que el presidente se quede como figura simbólica y se retire después gane quien gane”, explica.

Esa fórmula permitiría a Saleh salvar la cara, pero también poner todo el peso del Estado a favor de su partido. “Hay una desconfianza total”, admite Al Janadi, quien por su parte se muestra convencido de que el Islah no convocará elecciones y se agarrará a una triquiñuela constitucional que daría la presidencia al número dos del Parlamento (el presidente está de baja), uno de los suyos.

En cualquier caso, el debate político está muy alejado de las exigencias de la plaza, donde los activistas propugnan un cambio de sistema, pero no disponen de más instrumentos que su idealismo y su paciencia. Por ahora, han dejado que les proteja un general disidente muy cercano a los islamistas, pero saben que Ali Mohsen sólo es la cruz de una moneda con la cara de Saleh.