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Evo Morales niega su responsabilidad en la represión violenta de indígenas

El presidente boliviano propone una comisión para investigar la actuación policial

El Gobierno boliviano de Evo Morales ha negado hoy tener responsabilidad alguna en la violenta represión a la marcha indígena, cuyos líderes expresaron total desconfianza a los anuncios del presidente Evo Morales de suspender la construcción de una carretera que atraviesa el corazón del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

"Quiero decirles que nunca el presidente ha instruido estos hechos, un exceso, un abuso hacia los hermanos indígenas. A veces se presentan esta clase de problemas y después nos echan la culpa a todos", dijo Morales en un mensaje a la nación. También propuso crear una comisión especial que investigue la represión. Horas después de las palabras de Morales, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, renunció a su cargo por lo ocurrido en la marcha, informa EFE.

Sin embargo, los indígenas desconfían. "No creemos a Morales", aseguró la líder indígena Justa Cabrera. "No nos satisface nada de lo que ha dicho", afirmó el expresidente del territorio indígena, Adolfo Moye, frases que reflejan la generalizada pérdida de credibilidad que sufre el presidente boliviano. Morales, muy sensible a la crítica y a las protestas callejeras, soporta además la renuncia de la directora nacional de Migración, Maria Renée Quiroga, en protesta por el maltrato a los indígenas.

Las duras imágenes, difundidas por la televisión, de la brutal acción de la policía contra los participantes en la columna indígena -entre ellos, niños- provocaron una condena general y airadas protestas de los bolivianos que mantuvieron las vigilias, las protestas callejeras y el cierre de carreteras en varios departamentos. Las centrales obreras y los transportistas anunciaron huelgas de un día a partir de mañana miércoles.

La violencia policial parece haber sorprendido también a las autoridades, que advierten con severas sanciones contra los uniformados. El ministro del Interior, Sacha Llorenti, bajo cuyas órdenes se encuentra la policía boliviana, derivó la responsabilidad a la fiscal de distrito de La Paz, quien supuestamente emitió el requerimiento para "salvaguardar la integridad" de los marchistas con el fin de evitar un enfrentamiento con los colonizadores que cerraban la carretera para impedir el paso de la columna.

A continuación, la fiscal de La Paz, Betty Yanique, respondió a la prensa local con evasivas después que otros fiscales dijeron que ignoraban la existencia de algún requerimiento.

Llorenti ha anunciado, después, la renuncia de su viceministro Marcos Farfán para facilitar las investigaciones. Farfán estuvo la madrugada del domingo en Yucumo y, según el ministro, fue él quien, "asesorado por mandos policiales", dispuso la intervención a la marcha indígena. Por su parte, el comandante de la policía, el general Jorge Santiestaban, se negó a señalar de dónde procedió la orden de represión acatada por el contingente asignado a Yucumo. Tampoco se ha establecido quién solicitó a la Fuerza Aérea el traslado de tropas policiales a Beni, donde las poblaciones se levantaron y lograron impedir que los cerca de 300 detenidos fueran embarcados en esas naves con destino desconocido.

En las filas policiales existe malestar ante la posibilidad de que se les procese individualmente, tras la experiencia de los militares condenados a prisión por obedecer órdenes del Ejecutivo.