La nueva brecha del exilio cubano

La Ley de Ajuste Cubano roza ya los 45 años de vigencia, siete menos que la revolución. Fue promulgada el 2 de noviembre de 1966 por Estados Unidos, como señala en su preámbulo, "para ajustar el estatus de los refugiados cubanos a la de residentes legales, y para otros fines". Gracias a ella, miles de cubanos han gozado del privilegio de obtener la residencia estadounidense al año y un día de su entrada en el país, algo bien diferente a lo que sucede a los millones de indocumentados de otras nacionalidades que no han podido regularizar su situación. Solo ahora se han detenido las deportaciones a quienes no han cometido delitos.

Pero el congresista de origen cubano David Rivera promueve ahora un "ajuste" de la ley para evitar lo que considera un abuso en su utilización. Dice que le es muy rentable a la "tiranía de los Castro" y que si es una ley para refugiados, que incluso reciben distintos beneficios, no es tolerable usarla para regresar a hacer turismo, operaciones de cirugía estética, fiestas y otras actividades, incluidas las sexuales.

La Ley de Ajuste, de 1966, concede la residencia por un año a los cubanos

David Rivera cree que muchos abusan de la ley para viajar de vuelta a Cuba

Es el enésimo desencuentro entre los cubanos, dentro y fuera de la isla.

"Tenemos que ajustar la Ley de Ajuste Cubano para salvarla", dice Rivera, cuyo proyecto presentado a primeros de agosto empezará a debatirse en la apertura de las sesiones legislativas en septiembre. Según él, perderá la residencia todo aquel cubano que se acoja a la ley y regrese a la isla antes de cinco años, plazo tras el que ya puede hacerse ciudadano de Estados Unidos. Esta iniciativa republicana contra los cubanos contrasta incluso con la mayor apertura demócrata que permite a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba más que nunca. Lo hacen bajo el epígrafe de contactos de pueblo a pueblo por encima de contradicciones generales como el embargo o el mantenimiento de Cuba en la lista de países terroristas junto a Siria, Sudán e Irán.

El nudo gordiano caribeño, en todo caso, sigue siendo que la gran mayoría de cubanos vuelven para ver a sus familiares, y los defensores de los viajes y contactos los consideran sagrados, por encima de toda consideración política, y en nombre de la libertad y la democracia. Acusan a Rivera y los congresistas radicales de no tener lazos familiares en la isla y congraciarse solo con sus votantes del primer exilio histórico, que tampoco los tienen.

En el texto de la ley, aunque su enunciado diga que es para refugiados, solo se exige haber entrado en Estados Unidos y declarar la nacionalidad. Dice así: "Para cualquier nativo o ciudadano cubano y que haya sido inspeccionado y admitido o inscrito bajo palabra".

El proyecto de Rivera es la última vuelta de tuerca de los legisladores cubanoamericanos más radicales en las relaciones con el Gobierno de la isla. El también republicano Mario Díaz Balart tiene en marcha otra propuesta para restringir los viajes abiertos por Barack Obama y devolverlos a la etapa de George W. Bush.

Rivera fracasó en otro proyecto a nivel estatal en Florida y lleva a cuestas un turbio asunto personal en el que niega las acusaciones, pero sin querellarse. Solo contesta que se centra en "los graves problemas económicos del país y no en las calumnias de The Miami Herald", según el cual está siendo investigado por segunda vez por evasión de impuestos.

La iniciativa ha abierto un debate de fondo aún mayor sobre la validez y utilidad de la ley casi medio siglo después. Al igual que sobre el embargo, existen posiciones encontradas y una vez más se ha vuelto a evidenciar el inmenso desajuste cubano. No solo hay opiniones diferentes en el exilio, sino en la propia isla entre los disidentes.

Curiosamente, además, el proyecto ha coincidido con las recientes palabras del presidente cubano, Raúl Castro, en las que calificaba a los emigrantes cubanos como "económicos". Castro dijo que trabaja para suavizar las políticas migratorias. Cuba siempre ha abogado por la eliminación de la Ley de Ajuste, calificada de ley asesina por Fidel, un sarcasmo cuando empuja a la emigración y muchas veces a la muerte a quienes huyen de su isla en busca de libertad y mejor vida.

Joe García, candidato demócrata derrotado por Rivera en las últimas elecciones, ha señalado con sorna la contradicción de que lo que no han conseguido los Castro, derogar la ley, puede lograrlo uno de sus más encarnizados enemigos. Para muchos abogados de inmigración es el principio del fin de algo que ya no tiene sentido. Se reforme o no, ya se ha abierto una de las grandes cajas de Pandora cubanas.

Rivera, sin embargo, se ha defendido diciendo que la Ley de Ajuste no puede desaparecer, pues sus colegas congresistas lograron hace unos años añadir una cláusula por la que estaría vigente mientras no exista democracia plena en Cuba.

La Ley de Ajuste no fue dictada por razones políticas sino como una solución migratoria al año siguiente del éxodo de Camarioca y del comienzo de los llamados vuelos de la libertad, en 1965. Se hizo para regularizar la llegada a Estados Unidos de miles de personas.

"En buen lío se ha metido Rivera y nos puede meter", dice José, que se autodenomina exiliado político y económico, porque cree que todo va unido. "Estos tipos iluminados de la mano dura y, por cierto, equivocada, sin frutos después de medio siglo, acaban pareciéndose cada vez más a su enemigo. No se han enterado de que los países del Este de Europa se cayeron por los contactos, no cerrando puertas. Y encima se puede abrir un debate peligrosísimo sobre inmigración en tiempos bien complicados para todos".