Un estudio vincula la discapacidad con la pobreza social

En la actual crisis económica, la exclusión de los 650 millones de discapacitados del mundo en las políticas de desarrollo genera gastos extraordinarios. Esa es la conclusión del estudio de la investigadora Beatriz Martínez Ríos que, en la Casa de América de Madrid, recibió el tercer Premio de Discapacidad y Derechos Humanos, otorgado por el Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi).

Según Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, la investigación "abre una reflexión hacia un pensamiento transformador económico, ya que las personas con discapacidad tienen más gastos que los demás, haciendo lo mismo que los demás".

Martínez recoge diferentes informes que han cuantificado esos gastos extraordinarios. En España, por ejemplo, cada familia con un miembro con discapacidad intelectual gasta entre 19.000 y 31.000 euros adicionales al año por situaciones como la pérdida de oportunidades de empleo o los gastos añadidos de salud. Además, esos costes refuerzan el "vínculo fuerte y directo entre la discapacidad y la pobreza y la exclusión social". En el mundo, 500 millones de discapacitados están en los estratos más pobres de la sociedad.

Generadores de ingresos

Según la autora, si se vincula a los discapacitados al mercado laboral, no solo se reduce ese consumo extra, sino que los convierte en generadores de ingresos. Martínez aseguró que "las personas con discapacidad deben verse como productoras de riqueza" y no como "meras beneficiarias de servicios y prestaciones sociales".

La entrega del premio coincide con la petición del Cermi al Senado español para que amplíe los derechos de los cuatro millones de discapacitados en España, un grupo que el Cermi considera "extremadamente vulnerable".

La próxima semana está previsto el debate sobre el proyecto de ley que adaptará la legislación española, en temas como la salud pública y la generación de empleo, a la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos con Discapacidad. El Cermi se opone al grupo socialista en la Cámara Alta española porque "pretende eliminar avances de gran importancia". En particular, pide que se haga valer el requisito de otorgar el 2% de los puestos de trabajo a discapacitados para que las empresas puedan aspirar a licitaciones públicas y que se amplíe la adjudicación de viviendas de promoción social para este grupo de personas.