Funes admite conexiones del 'narco' con el Estado salvadoreño

Lo que nunca hicieron anteriores gobernantes en El Salvador, lo ha hecho el actual presidente Mauricio Funes al reconocer públicamente la existencia en su país de un cartel de narcotraficantes que tiene nexos con la institucionalidad del Estado, así como con las pandillas maras, y sirve de trampolín para catapultar la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, donde el mercado está asegurado.

Funes confirmó a periodistas locales y extranjeros, en un foro periodístico internacional celebrado el lunes, la existencia de una amplia red de narcotráfico en la zona norte y noroeste de El Salvador, llamada cartel de Texis -relativo al municipio norteño de Texistepeque- en la que están implicados empresarios, alcaldes, diputados, policías y jueces. Asimismo, aseguró que también se indaga acerca de la presencia en esta nación del grupo narcotraficante y de sicarios conocido como Los Zetas, de México, que tiene presencia activa en la vecina Guatemala.

El mandatario confirmó, pero al mismo tiempo fue cauteloso, la publicación de un extenso reportaje del periódico digital El Faro, que desvela la existencia y la actuación del cartel, el cual estaría encabezado por dos empresarios, José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y Roberto Antonio Herrera, alias El Burro.

El Faro asegura que las investigaciones policiales sobre este cartel datan del año 2000 y en ellas han participado progresivamente cinco exdirectores de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el actual, Carlos Ascencio, quien, al parecer, tiene instrucciones de ponerle freno. Las investigaciones dan cuenta de que el actual alcalde del municipio de Metapán, Juan Umaña Samayoa, del conservador Partido de Conciliación Nacional (PCN), también es señalado como dirigente del cartel delictivo.

El periódico indica que sus fuentes son de la inteligencia del Estado y que ha realizado un minucioso trabajo de investigación de más de cuatro meses. Los informes de la Organización de la Inteligencia del Estado (OIE) contarían con la cooperación de la policía salvadoreña y de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), fuentes que sostienen que la droga que maneja el cartel de Texis pertenece a grupos ilegales de Colombia, que también están enraizados en Honduras.

En el cartel de Texis estarían involucrados, además, varios jueces, un exdirector de la policía, así como tres comisionados en activo y varios jefes de la delegación y subdelegación de PNC. Un jefe de la misma PNC, que prefirió el anonimato, apuntó a EL PAÍS que todos los mencionados en el reportaje de El Faro están actualmente bajo investigación, incluido su exdirector José Luis Tobar Prieto, quien estuvo en el cargo hasta 2009, cuando se produjo el cambio de Gobierno, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Otras figuras que aparecen señaladas son el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Reynaldo Cardoza; la exgobernadora departamental de Santa Ana y candidata por ARENA a la alcaldía de esa ciudad, Patricia Costa de Rodríguez; el alcalde de Texistepeque, Armando Portillo Portillo; y el exdiputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), José Salvador Cardoza, entre otros políticos activos.

Esos informes y declaraciones revelan que el cartel de Texis lleva siendo investigado por la policía desde hace más de diez años, pero "hubo dificultades" para detener a sus integrantes y la fiscalía no ha podido o no ha querido judicializar los casos, dice el reportaje de El Faro, medio que recientemente recibió en España un Premio Ortega y Gasset de periodismo.

Funes no quiso ahondar en detalles sobre este asunto, en una entrevista que en San Salvador le hizo la periodista mexicana Carmen Aristegi, de CNN, que participa en esta capital en un foro internacional de periodistas. Funes aseguró que durante su Administración el Estado salvadoreño, a través de la policía, ha estado investigando "de forma profusa y minuciosa" y que las investigaciones se pondrían en manos de la fiscalía sin menospreciar quién resulte involucrado.

"Yo no puedo dar cuenta de lo que han hecho administraciones anteriores y por qué en administraciones anteriores no se ha avanzado", dijo Funes, que añadió que la responsabilidad de llevar el caso a la justicia, si se encuentran las suficientes pruebas, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Judicial.

La presidencia de la Corte Suprema Justicia (CSJ) emitió un comunicado el lunes en el que informó de que se indagará para determinar si es pertinente abrir una investigación a los jueces mencionados en el reportaje como cómplices del cartel.