Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Los papeles del departamento de Estado

EE UU: Invasión "generalizada" del delito en el estado de derecho de Guatemala

El candidato presidencial Otto Pérez acusa a la primera dama de querer implicarle en el asesinato de una familia indígena durante la guerra civil

La penetración del delito en el estado de derecho y cuerpos de seguridad de Guatemala es "generalizada", según afirma en sus informes a Washington el embajador de EE UU en el país centroamericano, Stephen McFarland, que mantuvo varias reuniones con el general retirado Otto Pérez Molina, de 61 años, candidato presidencial mejor situado en las encuestas previas a las generales del próximo mes de septiembre. El exmilitar denunció ante el diplomático un supuesto plan de Sandra Torres, esposa del presidente, Alvaro Colon, para implicarle falsamente en el asesinato de una familia indígena durante los cruentos enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla, especialmente salvajes a principios de los ochenta, durante las políticas de "tierra arrasada" de Efraín Ríos Montt. El embajador no se pronuncia sobre la supuesta conspiración, pero comunica que hasta ahora no ha podido probarse a Pérez Molina ningún abuso de los derechos humanos relacionado con la guerra civil guatemalteca. En una de las reuniones, el jefe de la legación diplomática efectúa sus condenatorios comentarios sobre debilidad del imperio de la ley e instituciones de Guatemala.

Sandra Torres quiere ser candidata presidencial en una elecciones donde Otto Pérez Molina y su partido, el Partido Patriota (PP), parten como favoritos. La Constitución impide a los familiares del presidente en ejercicio ser candidatos, pero Sandra Torres optó entonces por divorciarse para sortear ese impedimento. Se ha recurrido la decisión como fraude de ley puesto que el divorcio no respondió a desavenencias conyugales. El proceso legal hacia la aceptación o denegación de su candidatura todavía no ha concluido. Pérez Molina implicó también a Gloria Porras, secretaria general de la oficina del Fiscal General, en la ejecución de una maniobra para manipular el sistema judicial y acusar al exjefe militar de graves vulneraciones de los derechos humanos durante la guerra civil. El objetivo sería desacreditarle como candidato presidencial.

Durante su encuentro con el embajador, Stephen McFarland, y su consejero político, Otto Pérez, acompañado por Roxana Baldeti, secretaria del PP, señaló a Sandra Torres como inductora de la operación. "Pérez Molina acusó al Secretario de Paz, Orlando Blanco, miembro del círculo íntimo de la primera dama, de estar preparando a indígenas del Departamento de Quiche, donde Pérez Molina fue jefe de destacamento durante el conflicto guatemalteco, para que levanten falso testimonio en su contra. Concretamente, dijo Molina, Blanco estaba preparando la falsa acusación de que Pérez Molina había asesinado personalmente a toda una familia indígena".

Guatemala padeció, entre 1960 y 1996, y más dramáticamente en 1981-82, unos brutales choques entre los regímenes cívico-castrenses y la guerrilla, de orientación comunista. El conflicto causó cerca de 200.000 muertos, mayoritariamente a manos del Ejército, Patrullas de Autodefensa (PAC), a sus órdenes, y escuadrones de la muerte, según las organizaciones que investigaron las matanzas; el resto de las víctimas fue obra de las guerrillas. La justicia española persigue a varios exgenerales, entre ellos Ríos Montt, por delitos contra la humanidad. Los acuerdos de paz definitivos fueron firmados en 1994, 1995 y 1996. Otto Pérez Molina, alumno de la Escuela de las Américas, controlada por EE UU durante los años de la guerra fría con la URSS, fue director de la inteligencia militar (G-2) y representó a los militares en los acuerdos de paz de 1996.

El embajador norteamericano dice que la campaña presidencial será dura y posiblemente sucia. Pérez Molina, derrotado en las presidenciales de hace cuatro años por Alvaro Colom, será el candidato a batir. "Pero como antiguo jefe de la inteligencia militar no es un ingenuo y sabrá contestar". "Durante la campaña presidencial del 2007, sus adversarios revisaron exhaustivamente su expediente sobre derechos humanos y no pudieron presentar evidencias de delito". En otro encuentro con funcionarios norteamericanos, en el 2008, el general retirado y Roxana Beldetti afirmaron que Guatemala no está institucionalmente preparada para afrontar los problemas de seguridad derivados del narcotráfico, la corrupción y la violencia de la delincuencia. El embajador reconoció, por su parte, que la inseguridad y el narcotráfico se han agravado.

Para Pérez o Baldetti el narcotráfico había podido establecerse en Guatemala durante la administración anterior al gobierno de Óscar Berger (2003-2007), pero las condiciones de seguridad empeoraron radicalmente con Berger. "Y la tendencia continuó con Colom". El embajador indica que aunque el gobierno de Colom ha tomado algunas medidas para resolver los fallos institucionales, "hace falta más voluntad política. La penetración del delito en el estado de derecho en cuerpos de seguridad es generalizada, y la confianza de la ciudadanía escasa, con la excepción del Ejército".

Los informes al Departamento de Estado señalan que los problemas de seguridad favorecen la candidatura de Pérez Molina, pues prevalece su campaña sobre ese tema, prioritario entre los guatemaltecos. Pérez dijo que parte de los problemas del delito en Guatemala se deben a la ineptitud y a la penetración del delito en los organismos de investigación, particularmente en la dirección de División Especializada de Investigación Criminal de la de la Policía Nacional Civil, "la cual, según dijo (Pérez Molina), estaba implicada en el asesinato de febrero de 2007 de tres parlamentarios del PARLACEN y en otros delitos". Los asesinatos de tres diputados guatemaltecos miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fueron cometidos el 19 de febrero de 2007, durante el gobierno de Óscar Berger. Tres días después, fueron detenidos cuatro policías guatemaltecos como autores materiales de los asesinatos; el 25 de febrero de ese año, los cuatro agentes fueron asesinatos en la prisión donde habían sido encarcelados.