El arresto de un sindicalista enfrenta a la CGT con el Gobierno argentino

La decisión judicial de llamar a declarar al titular de uno de los gremios más tradicionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Ferroviaria (UF), por su posible implicación en el asesinato de un joven militante de izquierda ocurrido el pasado mes de octubre, amenaza con enfriar las relaciones entre el Gobierno y la importante central peronista.

Pocas horas después de la detención de José Pedraza, sus compañeros de la UF cortaron el tráfico en el llamado Ferrocarril Roca, una de las líneas de cercanías más importantes para el conurbano de Buenos Aires, y bloquearon la estación de Constitución, una terminal de la que salen también líneas de metro y otros trenes suburbanos. En las últimas semanas, otros importantes dirigentes sindicales han sido llamados a declarar en relación con diferentes asuntos penales, como la existencia de una red de falsificación de medicamentos dentro de algunas obras sociales y otros casos de corrupción.

La víctima murió de un balazo de un miembro de Unión Ferroviaria

Varios sindicalistas están encarcelados por la 'mafia de los medicamentos'

El pasado 20 de octubre un grupo de trabajadores de una empresa que hacia trabajos "externalizados" para el ferrocarril de Roca intentó cortar el tráfico para exigir las mismas condiciones laborales de que disfrutan los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Una patota sindical (grupo de choque) les salió al pasó y un joven de 27 años, Mariano Ferreyra, militante del pequeño grupo de izquierda Partido Obrero cayó muerto de un balazo. Un testigo protegido (por miedo a la reacción del sindicato) declaró que el grupo de choque había sido organizado por los dirigentes de la Unión Ferroviaria y que el autor de los disparos era un miembro del gremio.

La titular del juzgado que lleva el caso ordenó ayer la detención de Pedraza, máximo dirigente de la UF, para que prestara declaración como presunto implicado en delitos de homicidio y lesiones. La policía llevó también a declarar al secretario administrativo de la Unión Ferroviaria y a uno de los delegados del mismo gremio.

La virulenta respuesta de los dirigentes de la UF, que se congregaron frente a Tribunales y que paralizaron importantes vías de transporte, obligó al Gobierno a tomar medidas para evitar el caos en la zona oeste y suroeste de Buenos Aires y el secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, anunció la inmediata organización de un servicio de emergencia de 200 autobuses.

Según datos de la Agencia de Noticias del Poder Judicial, la jueza tiene un plazo de 10 días para resolver la situación procesal y el eventual procesamiento de José Pedraza y de los otros dirigentes detenidos. La Unión Ferroviaria ha asegurado que no disminuirá la presión hasta conseguir su puesta en libertad.

Los casos judiciales en relación con dirigentes sindicales no son nada extraños en Argentina, donde son frecuentes las denuncias por corrupción y otras malas prácticas.

El caso más importante que se desarrolla en la actualidad es el conocido como la "mafia de los medicamentos", por el que se encuentran encarcelados desde hace mas de 15 meses el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, su pareja, Paula Aballay, ex directora del Policlínico Bancario, y otros dirigentes gremiales. En esta causa, que lleva uno de los jueces más mediáticos y conocidos de Argentina, Norberto Oyarbide, están implicadas, por el momento 42 personas. A principios de febrero, Oyarbide obligó a declarar también a Gerónimo "Momo" Venegas, dirigente del gremio de peones rurales, aliado del ex presidente Eduardo Duhalde y secretario general de las 62 organizaciones peronistas. Venegas obtuvo el apoyo de la CGT en pleno, con Hugo Moyano a la cabeza, y fue puesto en libertad a las pocas horas previo pago de fianza.