El Parlamento Europeo rechaza la directiva de "permiso único", que consagraba la discriminación de inmigrantes

El Parlamento Europeo ha rechazado la directiva de "permiso único" que consagraba la discriminación de los inmigrantes de terceros países en importantes derechos laborales y sociales. Una disputa de última hora entre liberales y conservadores, ha permitido a los grupos de izquierda (socialistas, izquierda unitaria y verdes) impedir la aprobación de la polémica directiva. Esto abre la oportunidad de abrir de nuevo el debate. El bloqueo de la directiva ha sido en buena parte al tesón del eurodiputado socialista Alejandro Cercas, ponente de opinión del texto.

La directiva ha sido devuelta a la Comisión Europea, para que considere si mantiene su propuesta inicial. El vicepresidente de la del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, que dirigió la sesión del plenario, dijo que tras las explicaciones de la comisaria Neelie Kroes, en representación de la Comisión Europea, entendía que en principio el Ejecutivo comunitario mantendría la propuesta. Ahora los eurodiputados disponen de dos meses para alcanzar de nuevo un acuerdo.

El voto dividido de los liberales -que, en principio, habían acordado con los populares dar el visto bueno a la propuesta de directiva (ley-marco)- ha provocado un vuelco en el resultado: 350 votos en contra, 306 a favor y 25 abstenciones.

La propuesta de directiva de permiso único, que pretendía fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, estaba llena de exclusiones y derogaciones. Así, están excluidos los trabajadores temporales, los desplazados, los trasladados por empresas de terceros países, los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato, determinadas supuestos de aprendices.

Existía el riesgo evidente de establecer importantes diferencias en los derechos de los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países. Muchas compañías podrían trasladar sus sedes a países terceros como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE con las mismas condiciones laborales del país de origen de los trabajadores.

Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Esto significa, por ejemplo, que un emigrante turco o marroquí, que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí, sino que deberá permanecer en el Estado donde haya trabajado, de no ser que la legislación de este último se lo permita.

La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias que sólo ha sido ratificado por 44 Estados, de los que sólo hay tres europeos (Albania, Bosnia- Herzegovina y Turquía) y firmado por 15 de ellos europeos (Serbia y Montenegro).

La propuesta de directiva de permiso único es también contraria a la Convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes de 1977, en lo referente a condiciones de trabajo, seguridad social y vivienda.

Esta convención ha sido ratificada y está en vigor en varios países europeos como Francia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía y Ucrania.