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Opinión y análisis

Wikileaks y la libertad de prensa en Estados Unidos

La dificultad para establecer técnicamente qué es la web de Assange representa el principal obstáculo a la hora de condenar legalmente sus actuaciones

Desde su nacimiento en 2006, hemos escuchado toda clase de definiciones de Wikileaks: una página web, una organización terrorista, un servicio de filtraciones, un grupo para fomentar la transparencia de los Gobiernos, el primer medio de comunicación no asociado a un Estado... La dificultad para establecer qué es Wikileaks y qué hace su fundador, Julian Assange, es el principal obstáculo a la hora de condenar legalmente sus actuaciones.

En la última semana se han multiplicado los esfuerzos para bloquear los objetivos de Wikileaks. Entre otros, Amazon retiró el contenido de Wikileaks de sus servidores y el banco Suizo PostFinance ha bloqueado la cuenta bancaria de Assange. En el ámbito político, el senador Lieberman ha extendido las amenazas desde Wikileaks hasta el New York Times, al considerar que se puede procesar a quienes publiquen filtraciones.

"Si el Gobierno actúa junto con las empresas que proporcionan los servidores y obliga a retirar los contenidos, se trata de un ataque directo contra nuestra capacidad de expresarnos en la Red", ha declarado a EL PAÍS Dan Gillmor, escritor y director del Proyecto Citizen Media Law.

La semana pasada, Gillmor fue uno de los primeros en avisar de las consecuencias que la censura a Wikileaks puede tener para la libertad de expresión y prensa en Estados Unidos. "Están librando una poderosa guerra contra la libertad de expresión", escribía Gillmor en Salon.com.

"Wikileaks es una publicación -una publicación nueva, pero una publicación en cualquier caso-, y eso convierte esto en un asunto de libertad de prensa. Nos guste o no, Wikileaks es fundamentalmente un ente periodístico y, como tal, merece nuestra protección", comenta también el periodista y especialista en medios Matthew Ingram.

Clothilde le Coz, directora de Reporteros Sin Fronteras en Estados Unidos también defiende que Wikileaks merece esa protección. "Eres un reportero dependiendo del valor de la información que posees, no por tener una acreditación de prensa", afirmó en una conferencia en Washington el pasado 30 de octubre.

Esas son las dos claves. La capacidad de publicar de Wikileaks y el tipo de información que difunde.

Como plantea el periodista de EL PAÍS Joseba Elola, que entrevistó a Assange el pasado sábado, el mayor temor del fundador de la web es ser extraditado a Estados Unidos. Pero, si fuera juzgado en ese país como periodista o profesional que publica información, ¿qué le diferenciaría de los profesionales del New York Times?

La ley de espionaje de 1917 protegería a Wikileaks si llega a ser considerado un medio de comunicación. Desde que The New York Times publicó los Papeles del Pentágono, la ley condena la filtración de material clasificado, pero no su publicación, al ser de interés público. Por eso EE UU pudo encarcelar al soldado Manning, acusado de las filtraciones sobre las guerras de Irak y Afganistán, pero no a Assange por difundirlas a través de su página.

"La mayor amenaza que ha surgido a raíz de Wikileaks no es la información que ha difundido o podría difundir en un futuro, sino la respuesta reaccionaria que está creciendo en Estados Unidos, que promete repudiar nuestra tradición legal y de libertad de expresión, si no lo castigamos", escribe el director de Wired, Evan Hansen, en un editorial.

El problema no radica en que Wikileaks haya publicado cierta información, sino que ésta fue filtrada. Y ahí es en donde el senador estadounidense Joe Lieberman quiere establecer el límite. La semana pasada presentó una propuesta de ley, SHIELD Act, que convierte en crimen federal la revelación de una fuente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

"La legislación ayudará a responsabilizar a los culpables del crimen que con consiste en poner en peligro a fuentes de información que resultan vitales para nuestra seguridad nacional", afirmó Lieberman en un comunicado. Su propuesta es, en realidad, una enmienda a la ley de espionaje, pero amplía la prohibición a publicar información relacionada con "las actividades de espionaje de Estados Unidos o cualquier otro país", o "fuentes clasificadas o confidente de los servicios secretos" estadounidenses.

"Los medios de comunicación que tengan cierta idea de esto deberían reconocer lo que está en juego. Va más allá de los intereses a corto plazo de cada uno. Para empezar, se trata de su habilidad para realizar su trabajo. Si se puede obstaculizar al periodismo, como quiere hacer ahora el Gobierno, habremos tirado por la borda nuestra libertad de expresión", afirma Gillmor.

Reporteros Sin Fronteras también ha condenado lo que considera "el primer intento de censura a escala internacional de un sitio cuya vocación primera es la transparencia".

Para Emily Bell, ex directora de contenido digital para el británico Guardian, una de las consecuencias es clara: "Los periodistas necesitan saber qué harían si se encontraran esa información sobre su mesa y el Gobierno les presionara para que se queden callados".

A pesar de que un caso legal contra Wikileaks podría afectar a medios y periodistas, los profesionales estadounidenses han pronunciado algunas de las condenas más duras contra la web.

"¿Quieren prevenir que esto vuelva a ocurrir?", pregunta el columnista Charles Krauthammer en The Washington Post. "Muestren al mundo a un hombre que no puede dormir en la misma cama dos noches seguidas porque teme al largo brazo de la justicia americana. No estoy pidiendo que recuperemos a nuestro agente de la KGB que en una calle de Londres asesinó a un disidente búlgaro con una vara de un paraguas envenenada. Pero estaría bien que la gente como Assange tuviera que preocuparse cada vez que sale a la calle en medio de la lluvia".

En la revista Time, Joe Klein pedía que ningún estadounidense destinado en el extranjero pague por Wikileaks: "Assange es el criminal. Él es el que debería estar en la cárcel".

En el Wall Street Journal la senadora demócrata Dianne Feinstein condenaba ayer a Assange como "un agitador con la única intención de perjudicar a nuestro Gobierno, con cuyas leyes no está de acuerdo, independientemente de quién resulte herido". Y niega que sea un periodista ni esté protegido por la Constitución: "Igual que la Primera Enmienda no da licencia para gritar '¡Fuego!' en un teatro abarrotado, tampoco es una licencia para poner en peligro la seguridad nacional".

Los medios norteamericanos, como la opinión pública, todavía no tienen una visión común de si Wikileaks es bueno o malo, si es necesario o no, si se debe censurar o no. Pero todos coinciden en que el impacto de las filtraciones marcará un antes y un después para los medios de comunicación -y no solo los que tuvieron acceso a las filtraciones. Muchos definen la publicación de los documentos como un momento crucial del periodismo. Por primera vez, una organización arraigada en Internet hace de intermediario entre una fuente -que además filtra datos clasificados- y los periodistas. Y por primera vez se ha intentado censurar información periodística en la Red, y se hubiera conseguido de no ser porque un grupo de periodistas ha hecho de intermediario entre los lectores y la web de Assange.