Una cicatriz aún visible

La economía chilena ha logrado navegar con las velas desplegadas tras encajar el impacto de un punto porcentual menos de crecimiento por el terremoto del pasado 27 de febrero , el quinto de mayor intensidad en el mundo desde que hay registros. Las proyecciones oficiales indican que este año el producto interior bruto (PIB) crecerá un 5% y en 2011 lo hará un 6%, pero las huellas del seísmo son todavía visibles en muchas ciudades y pueblos de la zona centro y sur del país. Además, la tardanza en la reconstrucción ha generado protestas aisladas en diferentes localidades.

El terremoto, de 8,8 grados en la escala de Richter, y el posterior tsunami que arrolló con sucesivas olas de hasta 20 metros de altura las localidades costeras dejaron un saldo de 500 víctimas entre muertos y desaparecidos, y 200.000 viviendas, 4.000 escuelas, 79 hospitales, 200 puentes y numerosos puertos y aeropuertos dañados o destruidos.

A seis meses de la catástrofe, La Moneda estima el costo de las pérdidas en 30.000 millones de dólares. Una parte de este monto fue cubierto por los seguros; otra, por el sector privado, y cerca de un tercio, por el Gobierno, que elevó provisionalmente los impuestos.

La justicia y la Cámara de Diputados, que realizan sendas investigaciones por la falta de aviso de tsunami a la población, apoyados por un organismo de la Armada encargado de esta tarea y otro del Ejecutivo para hacer frente a las emergencias, aún no han terminado su trabajo. Todo indica que las conclusiones de la investigación de la Cámara pondrán de manifiesto la debilidad institucional del Estado frente a la emergencia.

Para el primer Gobierno democrático de la derecha chilena en medio siglo, que encabeza el presidente Sebastián Piñera, el modo en que concluya la reconstrucción será la prueba de fuego de su mandato, que culminará en 2014. Se propuso una meta ambiciosa cuando, 11 días después del terremoto, anunció que intentaría cumplir su programa electoral y, a la vez, completar las tareas de reconstrucción.

En 45 días se logró que volviera al colegio uno de cada tres niños y en 100 días se levantaron 70.000 viviendas de emergencia y se pudo restablecer el funcionamiento de de la infraestructura, explicó Piñera en un reciente encuentro con los corresponsales extranjeros.

Los chilenos han mostrado una "unidad y capacidad para enfrentar la adversidad con coraje y un sentido de solidaridad que me hace sentir orgulloso", afirmó el presidente. Esto ha permitido "no quedarnos atrapados con el terremoto, sino también cumplir la agenda", agregó.

La celeridad con que la economía recobró su ritmo y la superación de los primeros días críticos de la emergencia contrastan con las crecientes quejas de los damnificados por el terremoto y el maremoto acerca de la lentitud, ineficacia o precariedad de la ayuda. El eco que han encontrado ha sido escaso en la prensa, porque el seísmo y sus consecuencias perdieron relevancia en la agenda pública: primero, con la actuación de la selección chilena en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y después, con la epopeya de la supervivencia de 33 mineros atrapados por un derrumbe en la mina San José desde hace tres semanas.

Las quejas son de diferente índole. En Dichato, considerado el mejor balneario del sur chileno hasta que lo barrió el tsunami, medio centenar de personas interrumpió el tráfico e hizo barricadas esta semana para quejarse de que no han participado en la reconstrucción. Los proyectos oficiales impiden construir frente al mar por el riesgo de una nueva catástrofe. Ahora, dicen, viven un "tsunami social".

En la Villa Cordillera, en Rancagua, 100 personas se manifestaron encendiendo velas en las calles porque no les han pagado la expropiación de sus viviendas. Los habitantes de las aldeas construidas con viviendas de emergencia, que son de madera y carecen de baños, se quejan de que hay un baño por cada 25 familias. Muchas pequeñas empresas no han vuelto a funcionar por falta de capital para reponer lo perdido. El turismo casi ha desaparecido de las zonas más dañadas.

Las principales protestas provienen de los municipios, que han debido recurrir a fondos propios para abordar la emergencia, sin que el Gobierno se los restituya. "Hay mucha buena voluntad" en las autoridades centrales, pero afrontan "un rechazo objetivo en cosas que nos afectan directamente", afirma el presidente de la Asociación de Municipalidades, Claudio Arriagada.

La oposición, por su parte, critica al Gobierno por la ausencia de un plan maestro y global de reconstrucción con un horizonte temporal y etapas en las que el Estado tome las riendas. Comparativamente, la gestión del Gobierno ante la crisis de los mineros sale mucho mejor parada que frente a la reconstrucción.