Bolivia tramita contrarreloj la ley de las autonomías

El Legislativo boliviano se prepara para aprobar antes del próximo día 22 la quinta y última ley fundamental del Estado Plurinacional, que corresponde a Autonomías y Descentralización, bajo grandes prisas y fuertes presiones: la amenaza de una huelga de hambre del presidente Evo Morales, además del creciente descontento de las regiones y de los pueblos originarios del oriente.

La comisión mixta de organización territorial del Estado y Autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha programado audiencias públicas, el lunes y martes, para recibir sugerencias, aportaciones y representaciones al texto del proyecto de ley. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, ha sido convocado para explicar a fondo el documento a los parlamentarios.

Del mismo modo, se escuchará a los gobernadores, alcaldes —que anuncian un proyecto alternativo— y a los indígenas de los pueblos orientales. Estos últimos hicieron el domingo una pausa en la marcha que realizan desde hace casi 14 días hacia La Paz para reclamar un mayor número de escaños, respeto a la tierra y un referéndum para aprobar las autonomías indígenas. En Bolivia vive, además de los pueblos quechua y aimara, otra treintena de etnias en las zonas bajas y los valles que reclaman su inclusión.

El proyecto de ley de autonomías representa uno de los mayores desafíos para el Estado boliviano. Va a reglamentar la organización territorial del país y el régimen autonómico en cuatro niveles distintos (autonomía departamental, regional, municipal e indígena), y la elaboración de estatutos junto a la adecuación de aquellos existentes, en el caso de Tarija, Santa Cruz y Beni, que no se han aplicado hasta la fecha pese a que fueron aprobados hace más de un año. El reto se amplía a la transferencia de recursos financieros, a la definición y atribución de competencias y la coordinación entre el Gobierno central y el nuevo aparato burocrático de los cuatro niveles de autonomías.

"La aplicación de la ley será extremadamente compleja y, sin duda, va a crear muchas tensiones en el corto plazo porque lo que está en disputa es una redistribución del poder en Bolivia", afirma la politóloga María Teresa Zegada, que coincide con otros expertos en el escepticismo que despierta hasta ahora el proyecto de ley.

Las competencias en los cuatro niveles autonómicos, además de las atribuciones de planificación y administración de recursos naturales, suscitarán divergencias y tensiones entre las mismas regiones. Similar situación afrontarán las asambleas legislativas autonómicas con la promulgación de sus leyes.

Estas difíciles perspectivas que conlleva la propuesta de ley no serán modificadas, según teme la oposición parlamentaria, debido al ajustado calendario de trabajo del Parlamento para cumplir con el objetivo de aprobar las cinco leyes fundamentales antes del día 22.

Sobre este último proyecto pesa la amenaza de Morales: "Si ustedes [los asambleístas de su partido] no me aprueban las cinco leyes hasta el 22, que es mandato del pueblo y producto del pueblo, voy a hacer huelga de hambre". La advertencia llegó el sábado pasado, durante una reunión en Chapare (Cochabamba) con los sindicatos cocaleros —que él mismo preside— a la que asistieron los asambleístas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que tienen los dos tercios del voto del Congreso para asegurar la aprobación de cualquiera de sus propuestas. De hecho, Morales ha promulgado ya las leyes del Régimen Electoral, del Órgano Electoral, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

El analista político Carlos Cordero cree que, "ante el descontento de las regiones y para prevenir mayor conflictividad, el presidente Morales quiere que se apruebe la ley sin modificaciones. Santa Cruz manifestó su discrepancia sobre el tema presupuestario. Por lo tanto, la advertencia de una huelga de hambre intenta ejercer presión para que la Asamblea Legislativa apruebe esta norma y que no exista mayor debate". Las regiones han criticado la propuesta de esta ley porque mantiene "un modelo autonómico centralista", según dijo en Santa Cruz el ex candidato a gobernador por ese departamento Juan Carlos Urenda. Además, lamentó que en asuntos como el de las regalías (la mayor fuente de ingresos para los productores de petróleo como son Santa Cruz y Tarija) su distribución queda bajo el control del Gobierno central. "Las competencias de ganadería y agricultura no dependen de las gobernaciones. Hay un retroceso en materia de salud y educación", dijo, y concluyó que "no es una autonomía en términos estrictos. Aquí hay un engaño".

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que agrupa a las etnias amazónicas y de los valles del sur boliviano, optó por una marcha, desde el pasado 21 de junio, a La Paz desde Trinidad, en el norte boliviano, para reclamar del Gobierno de Morales la dotación de tierra y territorio, la anulación de concesiones forestales que afectan su espacio y el reconocimiento de los 18 escaños en la Asamblea Plurinacional a los que se habían comprometido las autoridades en campaña electoral.

La columna de algo más de un millar de caminantes se ha detenido a 320 kilómetros de Santa Cruz hasta conocer los resultados de la audiencia pública. Si no se atienden sus demandas, los indígenas reanudarán la marcha hacia La Paz, anunciaron sus dirigentes.