Un impuesto a las mineras enfrenta al Gobierno chileno con la oposición

En el cobro de un impuesto temporal a las empresas mineras se concentra la primera gran batalla entre el Gobierno de derecha del presidente de Chile, Sebastián Piñera y la oposición de centroizquierda, que recién se está acomodando en este papel tras pasar 20 años en La Moneda.

El royalty minero es un impuesto a la extracción de minerales establecido en 2005 y su modificación es el único artículo del proyecto de ley de financiación de la reconstrucción del país después del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero que ha sido rechazado por la oposición en el Senado. La ley fue propuesta por el Gobierno de Piñera para reparar los daños por cerca de 30.000 millones de dólares que dejó el seísmo.

El debate sobre qué impuesto se cobrará y durante cuánto tiempo se librará la próxima semana

en una comisión mixta del Congreso, de senadores y diputados. La polémica ha adquirido tintes dramáticos, sólo opacados en la agenda pública por las actuaciones de la selección chilena en el Mundial de fútbol de Sudáfrica. Las mineras son las empresas más rentables del país. El Gobierno propone aplicarles un impuesto que oscile entre el 4% y el 9%, durante dos años, y ampliar a estas empresas la invariabilidad tributaria desde 2017 a 2025. Esto permitiría recaudar unos 700 millones de dólares para aportar a la reconstrucción.

Piñera demandó a la oposición que apruebe el proyecto y no dé la espalda a los damnificados que dejó el terremoto. "Cuando un presidente pide por Chile no se humilla. Pido con mucha humildad al Congreso que apruebe el proyecto de financiamiento", afirmó Piñera.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, a quien la oposición critica por haber viajado a Sudáfrica para ver los partidos de la selección chilena de fútbol, sostuvo que rechazar el royalty significará no contar con un monto que, por ejemplo, permitirá construir los 12 hospitales que derrumbó el terremoto, o entregar 50.000 viviendas a los damnificados. La oposición, tras criticar varios aspectos del proyecto de financiación, concentró su rechazo en el impuesto a las mineras y aprobó las propuestas de aumento transitorio de impuestos a las empresas y viviendas más lujosos, y otros permanentes al tabaco. Finalmente, pidió al Gobierno que no presione con las necesidades de las víctimas.

La centroizquierda pide que se elimine el royalty del proyecto de financiamiento porque, de ser aprobado, significa comprometer a este Gobierno y a los tres siguientes con la invariabilidad de impuestos a las mineras, aunque éstas extraen un recurso no renovable y a pesar de que otros países están subiendo este gravamen. El beneficio del monto recaudado es, sostienen, demasiado pequeño como para garantizar a las empresas mineras que no se les subirán los impuestos hasta el año 2025. El tema, afirman, requiere una discusión que se realice con más tiempo y no en pocos días, sostienen que para financiar los 700 millones de dólares que faltarían, se puede ampliar de dos a cuatro años el aumento de impuestos a las grandes empresas.

El ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006) pidió a Piñera que acepte la solicitud de la oposición. "Acepte, señor presidente, con humildad, que hay algunas ideas, buenas ideas, que también vienen de la oposición", afirmó Lagos. Desde el Gobierno replican que la invariabilidad tributaria a las mineras fue establecida por el Gobierno de Lagos (2000-2006) hasta el 2017 por un royalty de 4%. Pero en la oposición responden que debieron conceder la invariabilidad porque la derecha se negaba entonces a aceptar un royalty a las mineras. La paradoja es que Chile tiene recursos en caja como para solventar los 700 millones de dólares, y por la solidez de sus finanzas, también puede solicitar un préstamo externo.