Condenado un pastor baptista por organizar matanzas durante el genocidio en Ruanda
Un tribunal finlandés señala a Francois Bazaramba como responsable de la muerte de al menos 5.000 tutsis
El ex sacerdote ruandés Francois Bazaramba ha sido condenado este viernes a cadena perpetua por un tribunal finlandés por su implicación en el genocidio de Ruanda en 1994 -en el que fueron asesinadas más de 800.000 personas en menos de tres meses- según el diario Helsingin Sanomat.
Bazaramba, de 59 años, participó en el genocidio en el municipio ruandés de Nyakizu (al sur del país), donde ejercía como pastor baptista, entre abril y mayo de 1994. El tribunal le acusa de "organizar y perpetrar el asesinato de más de 5.000 tutsis, entre ellos mujeres y niños", de acuerdo con los datos recabados por la web Trial Watch. Además, se le ha considerado organizador de varios ataques perpetrados por miembros de la etnia hutu contra la población tutsi que causaron la muerte de numerosas personas y la destrucción de sus propiedades, según el tribunal.
Antiguo miembro del grupo extremista hutu Movimiento Republicano Democrático (MRD), Bazaramba había huido del país en 2003 para exiliarse en la localidad finlandesa de Porvoo, a 50 kilometros al este de Helsinki. Fue detenido en abril de 2007 de acuerdo con la orden del Tribunal de Distrito de Porvoo, pero las autoridades finlandesas rechazaron la extradición ante la falta de garantías de un juicio justo en Ruanda.
La investigación policial del caso duró más de dos años, durante los cuales agentes finlandeses visitaron Ruanda en varias ocasiones e interrogaron a más de un centenar de testigos. El 1 de junio de 2009, fue finalmente encausado tras una larga investigación por crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio.
Este juicio es el primero que se celebra en Finlandia por genocidio, y según varios medios locales, ha costado al país nórdico más de un millón de euros.
El tribunal ha decretado igualmente que Bazaramba compense a las víctimas y a los supervivientes por la destrucción de propiedad causada durante las masacres. El sentenciado ha rechazado los cargos y mantiene que se considera víctima de una "caza de brujas" procedente del actual Gobierno ruandés.
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