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La vecina que nadie quiere en Perú

La liberación de una estadounidense condenada por terrorismo abre nuevamente las heridas de la violencia

Los vecinos de la calle Miguel Grau, en el residencial barrio limeño de Miraflores, están oficialmente en pie de guerra. Ayer su abogado presentó una solicitud al Poder Judicial para prohibir que la estadounidense Lori Berenson resida en su distrito. Berenson se alojó en un departamento de dicha calle el 27 de mayo, inmediatamente después de ser liberada la semana pasada de prisión, donde pasó los últimos quince años, condenada por terrorismo . Nadie la quiere allí y ya la semana pasada un grupo de vecinos de Miraflores realizó una vigilia pidiendo que se vaya a otro lado, de preferencia fuera del país.

Varios anotaron el desatino de la estadounidense de irse a vivir justamente a un distrito que sufrió, en 1992, uno de los atentados más cruentos de la época terrorista, el coche bomba en la céntrica calle Tarata, cometido por Sendero Luminoso, que mató a 25 personas y dejó heridas a más de 200. El gobierno baraja la posibilidad de expulsarla, aunque para ello primero deberá conmutarle la pena, una prerrogativa que solo tiene el presidente Alan García, quien ya tiene la solicitud en su despacho pero ha pospuesto su decisión hasta después de retornar de Estados Unidos, a donde partió ayer para entrevistarse con Barack Obama. El ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial y la patronal de empresarios, entre otros, se han mostrado a favor de la expulsión.

Berenson, nacida en Nueva York, fue protagonista de una de las capturas más sonadas en Perú, el año 1995, y sentenciada por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el mismo que en 1996 tomó la residencia del embajador de Japón en Lima y ahora está totalmente desmovilizado. A Berenson se la acusó de estar planificando un ataque contra la sede del parlamento y durante el proceso admitió a voz en cuello su pertenencia al grupo terrorista, pese a lo cual sus padres insistieron en su inocencia y organizaron varias campañas en su favor en Estados Unidos. Fue condenada a condenada a cadena perpetua por un tribunal militar sin rostro, pero posteriormente su juicio fue revisado y la sentencia reducida a 20 años, de los cuales cumplió una parte en la fría y dura prisión de Yanamayo, a más de 4.000 metros de altura en el altiplano, antes de ser trasladada al penal de mujeres de Lima.

La sentencia de Berenson concluye en 2015, pero ella ha podido beneficiarse de un decreto dado en 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que permite a los convictos por terrorismo reducir sus penas y acceder a libertado condicional siempre y cuando hayan cumplido tres cuartas partes de su pena. La jueza Jessica León Yarango -la misma que ahora ha recibido la solicitud de los vecinos miraflorinos- decidió otorgarle el beneficio penitenciario luego de recibir un informe del Instituto Nacional Penitenciario que afirma que Berenson, quien ahora tiene 43 años y es madre de un niño nacido el año pasado, "no representaría un perjuicio para la sociedad" en caso de ser liberada. Bajo el régimen actual, la estadounidense está obligada a reportarse ante el juzgado una vez por semana, solicitar permiso antes de cambiar de domicilio y está prohibida de abandonar el país.

El temor general en la opinión pública peruana es que esta liberación la primera de varias de cabecillas terroristas que están cerca de cumplir sus sentencias, entre ellos Osmán Morote, quien antes de su captura, en 1988, era el número 2 de Sendero Luminoso y ya ha solicitado el beneficio de la semilibertad. Ante el evidente rechazo que causa su presencia entre los vecinos de Miraflores, su esposo y abogado, el también ex convicto por terrorismo Aníbal Apari, señaló la semana pasada que Berenson considerará la posibilidad de cambiar de domicilio. Días después se dio a conocer una carta de ella, en la que pide disculpas al país y también solicita la gracia presidencial que le permita dejar el país. "Hemos planteado una alternativa que concilia dos aspectos importantes, por un lado respeta los fallos judiciales y, por el otro, responde al sentimiento y deseo ciudadano de no tener contacto con esta persona que, siendo extranjera, de alguna manera le ha generado un grave daño al país", señaló el ministro de Justicia, Víctor García Toma.

Aunque en el gobierno señalan que la expulsión de Berenson sería factible, algunos juristas discrepan y señalan que el hecho de tener un hijo nacido en Perú le podría otorgar el derecho a arraigo. "De aplicarse, esta situación podría generar un conflicto constitucional", opinó, en declaraciones al diario El Comercio, el abogado Luis Lamas. En cualquier caso, lo que queda claro del caso Berenson es que las heridas del terrorismo, pese a los años transcurridos, no han cicatrizado del todo en este país.