Calderón denuncia ante el Congreso la responsabilidad de EE UU en el narcotráfico

El presidente de México, Felipe Calderón, ha llevado hasta el Congreso de Estados Unidos la denuncia por las responsabilidades de este país en los problemas que desestabilizan la frontera y dificultan la convivencia: la inmigración ilegal y la violencia. Menos rotundo ha sido en el reconocimiento de las responsabilidades del propio México en una situación que es causa de alarma entre los dos distantes vecinos de Norteamérica.

México y Estados Unidos comparten la culpa de los problemas que enturbian sus relaciones y obstaculizan su progreso. Estados Unidos aporta los consumidores que sostienen el mercado mexicano de las drogas y las armas que empuñan los narcotraficantes. México permite la corrupción institucional en la que ese negocio florece. Estados Unidos abusa de los inmigrantes ilegales que, a su vez, huyen del fracaso de las autoridades mexicanas para ofrecerles un horizonte de prosperidad.

Calderón, en su segundo día de visita oficial a Estados Unidos, ha intervenido ante un pleno de las dos cámaras del Congreso para recordar que, sin la colaboración activa de este país, será imposible acabar con el narcotráfico o poner orden en el caos migratorio.

"Siento un profundo respeto por la Constitución norteamericana y el derecho que consagra a poseer armas de fuego, pero tienen que saber que muchas de esas armas no van a manos de honestos ciudadanos sino a manos de criminales", ha manifestado el presidente mexicano, que también ha pedido una política más eficiente para reducir el consumo de drogas entre la población estadounidense.

Más del 90% de las exportaciones de cocaína procedente de México tienen como destino el mercado norteamericano. La violencia generada por ese peligroso negocio se cobró el año pasado alrededor de 6.500 vidas en México. Las autoridades de ese país se incautaron en los últimos cinco años de unas 45.000 armas de fuego vendidas en Estados Unidos. Aunque recientemente la Administración norteamericana ha puesto en marcha medidas más severas para controlar el tráfico fronterizo, estas son todavía muy insuficientes para acabar con esas dramáticas cifras.

En manos de los congresistas a los que se ha dirigido Calderón está la adopción de normas más contundentes, cuya promulgación choca frecuentemente con la necesidad de mantener la fluidez del enorme volumen de comercio imprescindible a ambos lados de la frontera.

En manos de los congresistas está también la regulación del tráfico de personas, que sirve de oxígeno a la empobrecida población mexicana y del que se aprovechan miles de empresas en los estados sureños norteamericanos. Solo una ambiciosa ley migratoria podría encarar esa situación con posibilidades de éxito. Pero esa reforma, que exigiría, tal y como ahora mismo está propuesta, la legalización de más de diez millones de indocumentados, se estrella a su vez con los intereses políticos de muchos de los que escuchaban a Calderón.

George Bush ya intentó una reforma migratoria sin conseguirlo. Barack Obama la planteó como una de las prioridades para este año y le a ser muy difícil lograrlo. Incluso entre su propio partido, hay varios congresistas que, a cinco meses de las elecciones legislativas, se niegan a abordar el asunto. Entre la oposición republicana, por el momento, el rechazo es casi unánime.

El debate se ha acelerado a raíz de la ley recientemente instaurada en Arizona que convierte en delito la inmigración ilegal y permite a la policía pedir documentos a cualquier sospechoso de haber entrado en el país de forma clandestina. Calderón ha vuelto a condenar esa ley que, según ha dicho, "no solo ignora una realidad que no puede ser borrada por decreto sino que introduce la terrible idea de la discriminación racial".

Esa ley obedece en parte al vacío dejado por el Gobierno federal por la incapacidad para sacar adelante una legislación de carácter nacional, lo cual ha variado algo el cálculo sobre lo que puede ser más rentable electoralmente: si seguir de brazos cruzados o correr el riesgo de actuar.